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Todos somos Emma
Con palabras que le salieron de lo más profundo del alma, al final de la marcha el viernes 31 de cientos de personas efectuada para exigir justicia por el vil ajusticiamiento de su hija —la joven e indefensa madre de tres hijos, Emma Gabriela Molina Canto—, la señora Ligia Canto Lugo expresó la indignación que toda la sociedad siente por tan lamentable hecho y lo que ésta exige: castigo no sólo a los autores materiales del crimen, también a los intelectuales; protección del Estado yucateco a todas las mujeres en riesgo para evitar feminicidios y que no quede uno solo impune en la entidad.
Este asesinato, como bien dijo la dolorida madre, parafraseando a Gabriel García Márquez, fue también la “crónica de una muerte anunciada”, pues ocurrió no sólo por la acción de abyectos criminales, sino por la omisión, indiferencia, apatía y complicidad de autoridades del Estado que no sólo no le dieron a la víctima la protección que requería, sino que, con su conducta, contribuyeron a su fatal destino.
Como en una tragedia griega cuyo desenlace desde el principio está predicho, se produjo lo que inexorablemente tenía que ocurrir. En este México bárbaro de corrupción, de cínica compraventa de gobernantes, jueces y ministerios públicos que ahora se lavan las manos y vierten lágrimas de auténtico cocodrilo ante las consecuencias de su obra, la joven madre fue sacrificada y sus pequeños hijos brutalmente privados del necesario amor materno, ese del que ningún niño debe carecer.
No le demos vueltas. Fueron el dinero y la corrupción de la camarilla en el poder lo que hizo posible la muerte de Emma. Desde que inició su larga batalla por separarse de quien la maltrataba, también se inició su infortunio de toparse con un aparato de Estado que le opuso sus poderosos recursos y sus retorcidos métodos no sólo para negarle la justicia que le asistía y que clamaba, sino para arrollarla, a ella que era la víctima, al quitarle a los hijos, meterla a la cárcel y perseguir también a su madre quien, sin arredrarse, la acompañó heroicamente hasta el final de sus días.
Desde aquel aciago viernes 25 de mayo de 2012 —a las cuatro horas de una calurosa tarde yucateca— en que con alarde de poder, prepotencia y sobre todo complicidades políticas —como integrantes de una misma mafia— una caravana de Suburbans en las que viajaban agentes judiciales —tabasqueños y yucatecos— y el esposo de Emma, Martín Alberto Medina Sonda, le cerró el paso a su vehículo en el que con sus hijos transitaba por una avenida de la colonia México Norte y a punta de pistola los bajaron, arrastraron y se los llevaron: a ella, a una infecta cárcel del otro estado y a los niños, con destino desconocido; se inició la parte peor del horrible calvario de esta joven a la que el Estado mexicano dio la espalda.
El engranaje del poder está entreverado de tal forma, que si sus integrantes son corruptos y carecen de principios, se pagan favores con favores o dinero para sus bolsas o para sus campañas. Si Medina Sonda consiguió sus fines fue por el mucho dinero que tiene a su disposición, propio y de su socio, el ex secretario de Finanzas de Tabasco, dinero saqueado del erario y por la corrupción que impera en las esferas públicas.
Era gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, cuya Procuraduría de Justicia se puso al servicio de la acción de bandidaje que en el párrafo anterior citamos.
Pero no fue el único momento en que el Estado fue usado contra ella. También arremetió el aparato contra toda la familia. Dos años después y para evitar que siguiera luchando por conseguir que dejara de ser perseguida su hija —por su esposo y por estas inmorales autoridades— y que sus pequeños hijos le fueran devueltos, el baluarte principal de la familia, la abnegada madre y abuela, Ligia Canto Lugo, sufrió de nuevo el aplastamiento del aparato estatal. Acusada de delitos tan absurdos como el de clonar tarjetas de crédito en Jalisco en tal cantidad que llenaban un maletín, fue detenida el 4 de agosto de 2014 en nuestro estado por agentes de la PGR y trasladada y recluida en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, con los reos más peligrosos del país.
Véase cómo el estado fue usado para ayudar a destruir a una familia cuando su función debería ser exactamente lo contrario: preservarla, reforzarla, protegerla. Nada hicieron ni el Estado yucateco ni el nacional en este sentido. Ninguno de sus miembros levantó la voz ni movió un dedo para apoyarla; fueron las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que defienden a las mujeres, como Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, localmente encabezado por Adelaida Salas Salazar, y los ciudadanos mismos quienes lo hicieron.
Hoy todos los políticos de ese aparato se rasgan las vestiduras. Demasiado tarde. Quedaron exhibidos frente al pueblo. Todos debemos seguir apoyando a la familia de Emma Gabriela para garantizar que no sea de nuevo agredida.
El grito de “todos somos Emma” debe traducirse en la exigencia de que no sólo se castigue a los grotescos autores materiales del crimen ya atrapados, sino a todos quienes participaron en él, hasta el último de sus hipócritas autores intelectuales, que sólo los ciegos de conveniencia no ven; que se preserve la seguridad de la familia para garantizar que no será de nuevo agredida y que se le otorgue de manera definitiva, lo más pronto posible, a la abuela materna, Ligia Teresita Canto Lugo, la custodia de los niños no sólo porque legalmente es lo que procede, sino porque ha demostrado poseer los atributos para merecerla. Nada más. Pero nada menos.
FILIBERTO PINELO SANSORES (Versión electrónica de Diario de Yucatán.- Martes 4 de marzo de 2017)