viernes , 17 mayo 2024
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El alto precio de vivir en paz

Dulce María Sauri Riancho*

Fuente: Diario de Yucatán

Texcaltitlán es un pequeño municipio del Estado de México, con apenas 16 mil habitantes y 150 km cuadrados de extensión. Cercano a los estados de Guerrero y Michoacán, su población se concentra en la cabecera municipal y dos pueblos, uno de ellos Texcapilla, cuatro rancherías y 24 delegaciones.

El año pasado, de acuerdo con los reportes del Ayuntamiento, nacieron 370 infantes y 100 personas perdieron la vida. Texcaltitlán no tiene la riqueza florícola de Villa Guerrero y sus miles de invernaderos donde se cultivan hermosas rosas de exportación.

Tampoco tiene el renombre de Zacazonapan y su inmortal corrido. Carece de recursos maderables en cantidad suficiente para despertar la ambición de los talamontes.

De acuerdo con reportes consultados, los texcaltitlanenses arrancan su sustento a las piedras y bosques circunvecinos con gran esfuerzo. Su ganadería y la recién establecida siembra de aguacates, dan apenas para vivir. Algunos, es cierto, cultivan chícharo y habas, productos más rentables, en pequeña escala.

¿Qué habrá visto el crimen organizado en una población pobre como Texcaltitlán para hacerla presa de sus extorsiones y cobros de “derecho de piso”?

Los lamentables hechos violentos acontecidos el viernes pasado pintan de cuerpo entero a la región sur del Estado de México bajo el acoso del bandas de delincuentes. Esta parte del territorio mexiquense ha sufrido de violencia desde décadas atrás.

Tejupilco, Luvianos, en algún momento han ocupado titulares por acontecimientos sangrientos. Pero nunca como ahora en que los criminales se han cebado sobre los más débiles y vulnerables.

¿Qué tanto habrán padecido en silencio, vejaciones y despojos sin que las autoridades intervinieran para realizar su función primordial de proteger la vida y los bienes de las personas? ¿Qué lleva a un pueblo a arriesgar su vida para enfrentarse a delincuentes fuertemente armados, cuando ellos apenas cuentan con algunas escopetas de cacería, sus palos e instrumentos de labranza para defenderse? ¿Cuál fue “la gota que colmó el vaso” del agravio y la indefensión?

El hecho es que el viernes pasado dijeron: “ya basta” en Texcapilla. El saldo sangriento fue, hasta el momento, de 10 agresores muertos y 4 vecinos (“civiles”, se les nombra), también fallecidos.

Tres horas después de los reportes llegaron las fuerzas del orden, federales y estatales. El presidente de la república visitó el pasado sábado un lugar cercano, no a Texcaltitlán ni a Texcapilla. Es que el sufrimiento de la gente parece estar lejano de las preocupaciones y compromisos del primer mandatario, quien bajo el pretexto de “cuidar la investidura” se guarda de recibir reclamos y demandas de ese “pueblo bueno” que se siente abandonado.

Son pueblo las familias de Texcaltitlán que no pueden dormir en paz, ni circular libremente, porque los delincuentes les han advertido de su venganza, en cuanto las autoridades se “olviden” y retiren a los militares.

“Orden narco”, nuevo concepto que describe al crimen organizado que, a diferencia de años atrás, no se limita al cultivo y al trasiego de la droga, sino que cobra impuestos o igualas para realizar actividades económicas lícitas en el territorio que domina.

Los ejemplos abundan: limoneros y aguacateros en Michoacán, tortillerías y pollerías en Chilpancingo, mercados de compraventa de ropa en los Altos de Jalisco, etc., en una enumeración de horror que desmiente el discurso simplón de las autoridades que niegan los hechos.

Dice el refrán que a todo se acostumbran las personas, que el amedrentamiento y el miedo son recursos eficaces para someter a un pueblo. Que a falta de autoridades (civiles, policiacas, militares), más vale pagar la extorsión disfrazada de “protección” que hacerles frente.

¡En cuántas mesas familiares se estará planteando esa terrible disyuntiva! ¡En cuántos hogares no llorarán a sus muertos que se atrevieron a negarse! Donde se establece la sumisión silenciosa, el acomodo a estas difíciles circunstancias, se instala la “Pax narca”. Dicen que disminuyen los crímenes —hasta los observatorios internacionales atribuyen a esta situación el leve descenso registrado en los últimos meses— y cunde el silencio resignado.

Las consecuencias son de sobra conocidas: elecciones con candidato/as “palomeados” por ellos; administración de los recursos públicos a través de sus contactos y empresas afines; en resumen, un estado dentro del Estado, al cual solo le resta la formalidad de ser gobierno… hasta que ellos quieran.

¿Se puede revertir la situación? Sí, algunos casos de éxito acreditan que es posible. Un estado norteño, vecino de entidades azotadas severamente por la actividad criminal, lo ha logrado: Coahuila.

Pero también la experiencia coahuilense instala otra preocupación, relacionada con los cambios políticos marcados por los resultados electorales en los estados a lo largo de este sexenio.

De 32 entidades, 23 están gobernadas por Morena y sus aliados (en Coahuila ganó la coalición opositora este año), todas ellas con triunfos obtenidos después de 2018. En estos estados, la seguridad pública tiende a perderse si existía previamente, o a deteriorarse aún más que con sus predecesores.

Sería de mi parte poco responsable establecer causa-efecto, simplemente describo la situación de Zacatecas, Colima, Guerrero, Veracruz, Morelos, etc., o la de nuestros vecinos Campeche y Quintana Roo.

Yucatán, a diferencia de Coahuila, no tiene que recuperar su seguridad, sino conservarla, fortalecerla, ampliarla y mejorarla. Vienen las campañas. En el centro de la preocupación de las y los yucatecos estará este tema.

Luces amarillas de prevención ya se están presentando en algunas partes del sur y oriente de la entidad, hasta ahora controladas por la acción profesional de las fuerzas de seguridad del estado. No quiero ver a Buctzotz como Texcaltitlán y a su comisaría de X-bec con el dolor de Texcapilla.

Podría seguir enumerando municipios yucatecos que merecen continuar resolviendo sus problemas en paz, sin pagar extorsión por trabajar, sin jóvenes mujeres y hombres obligados a funcionar como “halcones” que alertan cuando llegan las fuerzas armadas del gobierno. No es mucha ambición, pero lo es todo para nuestras familias.— Mérida, Yucatán.

Correo: dulcesauri@gmail.com

*) Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán

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