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El caso Ayotzinapa
Denise Dresser (*)
Hace años el Estado mexicano nos cerró la puerta en las narices. Echó la llave y colocó el cerrojo. De golpe, de sopetón, sin miramientos, declaró concluido el caso de Ayotzinapa.
Había una “verdad histórica”, algunos encarcelados, otros señalados pero exonerados, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes obligado a salir del país, unas líneas de investigación inconclusas pero archivadas.
De cuando en cuando se apresaba a un presunto responsable más, o por diversos medios nos enterábamos de llamadas entre criminales en ambos lados de la frontera esa noche fatídica, “la más triste”, bautizada así por Esteban Illades. Pero la narrativa oficial seguía siendo la misma: estudiantes incinerados en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos, sin involucramiento comprobado —por acción u omisión— del Estado, vía sus policías o sus militares.
Había que superarlo, olvidarlo. De pronto, sorpresivamente, una puerta se abrió. Un tribunal colegiado en Tamaulipas dictó una sentencia histórica que obliga a revisar, a investigar de nuevo. A componer lo que se hizo mal o no se hizo. A reconocer que el GIEI y Tlachinollan y Serapaz y el Centro Prodh y los familiares de los desaparecidos y quienes han venido señalando, denunciando y acompañando tenían razón. La investigación ha sido una pantomima.
En un acto extraordinario de independencia judicial los jueces afirman que las pesquisas llevadas a cabo por la Procuraduría peñanietista tuvieron sesgos cuestionables, omisiones inexplicables, irregularidades condenables. Y además, la PGR armó tanto su caso judicial como su andamiaje explicativo sobre confesiones extraídas bajo tortura.
En cuanto a la distorsión y manipulación del tema Ayotzinapa, fue el Estado. Fue el Estado, tratando de protegerse, tratando de exonerarse. Fue la PGR sometida a los designios y las instrucciones del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fueron decenas de peritos y funcionarios y sembradores de pruebas y torturadores que, en lugar de investigar a fondo, se dedicaron a fabricar a modo.
La sentencia del tribunal exhibe violaciones por doquier al debido proceso. Violaciones a los métodos más básicos de investigación y detención y procesamiento y resguardo de pruebas.
Una larga lista de cómo el mismo Estado mexicano —a través de la Policía Federal, la Secretaría de Marina, el Ejército y la Seido— violó la ley. Detenciones arbitrarias, lesiones injustificadas de detenidos “en flagrancia”, declaraciones autoincriminatorias producto de tortura, actores que nunca fueron investigados.
El Estado ha sido enjuiciado por su comportamiento en Iguala y ha sido declarado culpable. Dada su culpabilidad, queda la encomienda de averiguar lo que realmente pasó esa noche y que abarca —como lo señaló de manera reiterada el GIEI— a la Policía Federal, a la Policía Estatal, a las Fuerzas Armadas, a todos los que estuvieron en comunicación a través de C4, informándose, interviniendo. Altos mandos, Tomás Zerón, el quinto autobús, el trasiego de drogas en Iguala, ahora bajo un escrutinio que debió haber guiado la investigación de la PGR pero no fue así, porque el encargo era otro. Nunca fue descubrir la verdad, sino hacer todo lo posible para enterrarla en el basurero de Cocula.
Ante tanto encubrimiento, bienvenido el destape. Ante tanta oscuridad, bienvenida la luz. Ante tantas puertas cerradas para las víctimas de la violencia, bienvenida una rendija por la cual se asoma un cintillo de esperanza.
Una nueva etapa para los familiares de los 43, donde tendrán la oportunidad de acceder a la justicia y a la verdad y a la reparación. Una exigencia vía la sentencia, para instalar una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia; algo extraordinario para la investigación penal y sin precedentes en el país.
Eso es lo que ocurre cuando hay jueces autónomos, jueces imparciales, jueces profesionales: un alto a la impunidad, un freno a las farsas producidas por una PGR que no actúa conforme a la Constitución, sino conforme la carnalidad.
Y eso es lo que tendría que garantizarse con el establecimiento de una Fiscalía General autónoma, sin cuates, y sin consignas en el próximo gobierno. Más profesionalización y menos politización. Más rutas para la rendición de cuentas y menos obstáculos para asegurarla. Más puertas abiertas para defender la sociedad y menos muros infranqueables para proteger al gobierno.— Ciudad de México
denise.dresser@mexicofirme.com
Periodista
Fuente: Diario de Yucatán