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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Quienes se oponen a megaproyectos en regiones biodiversas y habitadas por pueblos y comunidades indígenas suelen denunciar que el desarrollo de ese tipo de proyectos viola una serie de derechos humanos individuales y colectivos. En tanto que suelen ser proyectos diseñados desde “arriba”, esto es, por empresarios y funcionarios externos a las comunidades, los opositores reclaman la violación del derecho a la libre determinación de los pueblos o, en otras palabras, a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo.
Un aspecto clave de la libre determinación es la capacidad de decidir y controlar las tierras, territorios y recursos naturales que las comunidades y pueblos han usado tradicionalmente. Asimismo, en la medida en que el desarrollo de megaproyectos privilegia la generación de ganancias económicas para sus promotores y que se hacen en nombre de la generación de empleos —por lo general precarios— y del crecimiento económico, las dimensiones sociales, culturales y ambientales de dichos proyectos suelen quedar en segundo plano, cuando no completamente relegadas.
Los estudios de impacto ambiental, cuando se hacen, suelen tener una serie de problemas y descuidos metodológicos y técnicos —como nos lo recuerdan los recientes “errores” de la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya— y presentar conflictos de interés, ya que suelen ser elaborados por entidades contratadas por los promotores de los proyectos.
Como lo advirtió el sociólogo y antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen en su calidad de Relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos relacionadas con los megaproyectos son las afectaciones a la salud de las poblaciones. Ya sea por la exposición al mercurio utilizado en la minería, por los plaguicidas que se emplean en la agroindustria o por la contaminación del agua por desechos tóxicos, las poblaciones locales suelen expresar con preocupación y angustia los daños a la salud que provocan este tipo de proyectos. “Traen enfermedades”, “ahora la gente se enferma más”, son expresiones comunes en comunidades afectadas por megaproyectos.
A las preocupaciones por las violaciones a los derechos de libre determinación, a las tierras, territorios y recursos naturales, a un medio ambiente sano y a la salud, actualmente, en el contexto de la pandemia de Covid-19, se suma otro motivo de angustia relacionado con el desarrollo de megaproyectos: la aparición de nuevas enfermedades infecciosas.
En un reciente reportaje publicado en “The New York Times”, Ferris Jabr señala que “entre el 60 y 75 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes en los seres humanos provienen de otros animales”, es decir, son zoonosis. También apunta que, aunque las zoonosis son antiguas, “se han incrementado en las últimas décadas, junto con la frecuencia de los brotes”. Esto se debe a que los seres humanos “hemos reconfigurado nuestros ecosistemas compartidos de forma que la transición sea mucho más probable. La deforestación, la minería, la agricultura intensiva y la expansión urbana destruyen los hábitats naturales, y obligan a las criaturas salvajes a aventurarse en las comunidades humanas” (“Cómo fue que los humanos desatamos un torrente de nuevas enfermedades”, NYT, 25-6-20).
En su reportaje, Jabr cita el caso de Nipah, en Malasia, en donde criadores de cerdos en el otoño de 1998 “comenzaron a desarrollar una enfermedad grave caracterizada por fiebres, confusión y convulsiones. Algunos cayeron en coma. Entre septiembre y mayo, el brote infectó a 265 personas y mató a 105”. Antes del brote del virus de Nipah, Malasia experimentó décadas de crecimiento económico, pero también de devastación ambiental. El aumento de la producción agrícola estuvo acompañada de la pérdida de bosques, los cuales fueron reemplazados por “casas, granjas, huertos y plantaciones de caucho y aceite de palma”.
El virus de Nipah fue transmitido de murciélagos a cerdos y de éstos a humanos. Debido a la deforestación e incendios forestales, los murciélagos dejaron su hábitat y se acercaron a las granjas porcícolas. Jabr describe la cadena de transmisión así: “Mientras los murciélagos se alimentaban entre los árboles de las granjas, trozos de fruta empapados de saliva habrían caído en los chiqueros, lo que proporcionó a los cerdos bocados irresistibles y dosis repetidas del virus. Los granjeros en contacto cercano con cerdos infectados posteriormente contrajeron el virus” (como indica Jabr, esta situación “inspiró las escenas finales de la película de 2011 Contagion”).
En contraparte, Jabr cita el trabajo de los reconocidos investigadores Felicia Keesing y Richard Ostfeld, quienes se han dedicado a estudiar la enfermedad de Lyme, infección transmitida por garrapatas de patas negras. Ostfeld y Keesing “han descubierto que contar con una alta biodiversidad a menudo reduce el riesgo de enfermedades infecciosas”.
No quiero decir que Yucatán sea igual que el caso de Malasia, pero ciertamente el crecimiento económico sustentado en un modelo de desarrollo basado en la urbanización, en monocultivos y el uso intensivo de plaguicidas (algunos de ellos altamente peligrosos y prohibidos en México y otros países), así como el desarrollo de granjas porcícolas y avícolas, acompañado de deforestación y pérdida de biodiversidad, debe encender las alarmas. En el estudio “Evaluación y mapeo de los determinantes de la deforestación en la Península de Yucatán”, publicado por Edward Alan Ellis, José Arturo Romero Montero e Irving Uriel Hernández Gómez en 2015, se documenta que Yucatán se ubica en “el sexto lugar a nivel nacional entre los estados con mayor deforestación” (p. 28), que “el mayor impacto global por su alcance territorial es la deforestación originada por la ganadería y la agricultura” (p. 29) y que, “en los últimos 24 años, Yucatán ha perdido aproximadamente el 30% de su cobertura vegetal” (p. 30).
Por otra parte, en el reporte “¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? La carne que está consumiendo al planeta”, publicado en mayo de este año, la organización Greenpeace documenta que “En la península de Yucatán se encuentran 14.2% de las granjas porcícolas identificadas en la República Mexicana, y el estado de Yucatán provee 9% de la producción nacional. Los números indican que la producción local va en aumento, ya que esta industria crece a 4.5% anual, un porcentaje incluso mayor que el de Sonora y Jalisco (2.6 y 1.7%, respectivamente), principales productores de carne de cerdo en México” (p. 7).
Uno de los muchos problemas de las granjas porcícolas en Yucatán es que desconocemos sus impactos ambientales y condiciones de salubridad. Al respecto, el reporte de Greenpeace señala que “sorprende el bajo número de MIAs [Manifestaciones de Impacto Ambiental] existentes para las granjas porcinas, su nulo reporte de emisiones y transferencia de contaminantes ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Semarnat y la inconsistencia en el debido trámite y gestión de los permisos de aprovechamiento de agua y descarga, lo cual significa que muchas de ellas operan fuera de la ley, circunstancia que el gobierno ha sido omiso en combatir” (p. 9).
El reporte de Greenpeace documenta también la pérdida de biodiversidad ocasionada por la industria porcina y afectaciones a los derechos humanos.
Asimismo, en su reciente trabajo “Expansión capitalista y propiedad social en la Península de Yucatán”, el Colectivo GeoComunes, Gabriela Torres-Mazuera y Claudia Gómez Gody registran que la producción avícola en la península de Yucatán —principalmente concentrada en el estado de Yucatán— “aumentó cuatro veces entre 1990 y 2014, pasando de 48 mil a 152 mil toneladas. De igual forma, las granjas porcícolas se concentran en el mismo estado, con un crecimiento continuo desde 1990 a 2018, pasando de 25 mil a 62 mil toneladas” (…) “Los municipios yucatecos con mayor concentración de naves avícolas son Acanceh, Tetiz y Hunucmá, donde se concentra el 23% de la agroindustria avícola; mientras que Mérida, Muna y Opichén concentran el 29% de las naves porcícolas de la Península” (56). GeoComunes, Torres-Mazuera y Gómez Godoy exponen datos igualmente preocupantes para los casos del desarrollo inmobiliario y turístico y de la agroindustria en la región.
El caso del virus de Nipah en Malasia debe recordarnos que la deforestación, la pérdida de biodiversidad y un crecimiento vertiginoso y poco regulado de la agroindustria y las granjas porcícolas y avícolas deben preocuparnos severamente, pues son la combinación perfecta para la emergencia de nuevas enfermedades infecciosas. Lamentablemente, las autoridades estatales y federales en México continúan apostando por el desarrollo de megaproyectos incluso en condiciones de emergencia sanitaria. La actual crisis por la pandemia de Covid-19 nos debe hacer reaccionar.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM