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Dulce María Sauri Riancho *)
Fuente: Diario de Yucatán
La iniciativa del presidente de la república respecto a las pensiones al 100% tiene una dosis de demagogia.
Me refiero a esta práctica reconocida desde los tiempos de Aristóteles como una “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”. (Real Academia Española).
Es de elemental justicia proteger a las personas que han alcanzado la edad de retiro de las actividades remuneradas. Las y los adultos mayores merecen vivir el último tramo de su existencia sin la zozobra de no contar con lo necesario para subsistir autónomamente.
Esta es la razón fundamental del establecimiento de los grandes fondos de la seguridad social que, además de atender lo inmediato relacionado con la atención de la salud, resguardan recursos económicos en cantidad suficiente para poder disponer de ellos cuando llegue la edad de la jubilación.
En 1943 se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); más tarde, en 1959, el ISSSTE. Son las dos grandes instituciones de la seguridad social que, a la fecha, amparan a menos de la mitad de las personas trabajadoras.
Cuando se fundó el IMSS, México tenía alrededor de 17 millones de habitantes y la esperanza de vida apenas superaba los 40 años. Por eso, pensionarse a los 65 años y vivir una década más era verdaderamente excepcional: las personas cotizaban, aunque la mayoría se moría antes de alcanzar la jubilación.
Afortunadamente, las políticas públicas en materia de salud, vacunación, alimentación, agua potable, etc., lograron incrementar sensiblemente el número de años de vida para mujeres y hombres, hasta casi 75 años (antes del Covid).
Ocho décadas después de la fundación del IMSS, México tiene casi 130 millones de habitantes. Ahora sí hay un grupo creciente de personas en condición de demandar su pensión y recibirla, muchos de ellos, hasta por 20 años más después de jubilarse.
Los cambios de 1997 establecieron las cuentas individuales, en que las y los trabajadores depositaban sus aportaciones, a las que se sumaban las del patrón o empleador y una aportación social a cargo del gobierno federal. Además, la legislación contempló una “pensión mínima garantizada”, es decir, si por alguna circunstancia no se alcanzaba a acumular recursos suficientes para recibir el equivalente a un salario mínimo de entonces, el gobierno estaba obligado a completar la cantidad. Eso era particularmente relevante para las y los trabajadores de menores ingresos.
El esquema conocido coloquialmente como “Afores” (Administradoras de los Fondos de Retiro) ha comenzado a pensionar a quienes se registraron después de 1997 y ya han cumplido 65 años.
En 2021 se realizó una reforma al sistema para incrementar gradualmente la aportación patronal a los fondos de retiro de los trabajadores. Pero el gobierno canceló el compromiso de su aportación social para fondear a los de más bajos ingresos. Como quien dice, se lavó las manos.
Es absolutamente insuficiente para la mayoría de las y los posibles pensionados la cantidad que recibirán mensualmente, muy en especial quienes cotizan más porque tienen los salarios más altos. Otra vez el castigo presidencial a la sufrida clase media. La iniciativa de López Obrador no va a resolver ese problema, solo le dará la vuelta en vísperas de la elección.
La situación de las pensiones no se queda en la demagogia presidencial con olor a elecciones. Deja de lado el problema principal que afronta la mayoría de las y los mexicanos trabajadores, los que no están afiliados al IMSS o al ISSSTE.
De la población que se conoce como “económicamente activa” (PEA), casi 60 millones de personas (34.7 millones hombres; 22.7 millones, mujeres), sólo están afiliados menos de 30 millones (IMSS, 22.3 millones; ISSSTE, 7.2 millones); la otra mitad está fuera. Son los que conocemos como “informales” que, por cierto, también llegan a los 65 años y requieren atención y desde luego, pensión.
A estas cifras hay que agregar a la denominada “población no económicamente activa” (PNEA), donde están principalmente las mujeres, dedicadas al trabajo del hogar y al cuidado de las familias.
Me detengo en ellas. Del total de mujeres mayores de 15 años, más de la mitad no tienen trabajo remunerado, una de las tasas más altas de América Latina. Ellas no tienen derecho alguno ni posibilidad de afiliarse a alguna institución para prever el futuro. Ellas son las que quedan a merced de la “buena voluntad” de los hijos que, muchas veces, no llega.
De ahí la importancia de la introducción en la Constitución de la obligación del Estado de otorgar una pensión a las y los adultos mayores, independientemente de su condición económica. Este es el embrión de una pensión universal, digna para todas y todos. Pero es solo eso: un bueno comienzo.
Es curioso y preocupante, pero apenas en mayo de 2020 se publicó la reforma constitucional que a la letra dice: “Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad”.
No es la oposición ni Loret, sino la mayoría morenista la que fijó esos criterios de edad, a pesar que desde la tribuna de la Cámara de Diputados se les hizo ver la sinrazón de la medida, puesto que el programa de Adultos Mayores que venía del sexenio 2000-2006, se le otorgaba a la población en pobreza a partir de los 60 años.
Falta un gran debate nacional sobre las pensiones. Informado, objetivo y con visión de futuro. En lo inmediato, el presidente López Obrador podría restituir la contribución gubernamental a las cuentas de los trabajadores de menores salarios y, de una vez por todas, quitar las UMA (Unidad de Medida Actualizada) que ha afectado las jubilaciones —otra vez—, principalmente de las clases medias.
No deja de llamarme la atención que ninguno de los equipos de las dos candidatas presidenciales ha planteado el desarrollo de los temas relacionados con la dinámica de la población. La demografía es la gran ausente. Las decisiones de política pública para el futuro requieren de previsiones sobre el crecimiento y la distribución poblacional. El caso de las pensiones lo muestra con claridad.
Falta mucho camino por andar para hacer sostenible una pensión universal para las y los adultos mayores. La cuestión pasa por el análisis de los fondos presupuestales y el ahorro popular para poderla materializar. Es tarea de principios de sexenio, que demanda construcción de acuerdos políticos de gran envergadura.
Pero es un paso indispensable para ejercer el derecho al cuidado de las personas en todo su ciclo de vida, para que el último tramo sea de verdad “dorado”, no obscuro y rodeado de incertidumbre. Lo demás, es demagogia presidencial.— Mérida, Yucatán.
dulcesauri@gmail.com
*) Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán