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Desaparición, sustitución y prostitución
Antonio Salgado Borge (*)
Publicado en Diario de Yucatán
La preocupación por el futuro de nuestras instituciones se ha intensificado desde las elecciones de julio pasado y probablemente será un tema constante a lo largo del próximo año. Las instituciones relevantes para esta discusión son organizaciones que forman parte del Estado y que están constituidas por una serie de procesos, reglas, funciones y responsabilidades que tendrían que servir como contrapesos de personas empoderadas, cuyas voliciones o caprichos, de otra forma, podrían resultar incontenibles.
El principal temor es entonces que organizaciones que tendrían que estar por encima de individuos sean tiradas a la basura o condenadas a la irrelevancia; es decir, que sean mandadas “al diablo”. En este artículo defenderé que hay al menos tres formas de mandar a las instituciones “al diablo”, y que la más común y riesgosa actualmente es quizás la menos visible o escandalosa de todas.
(1) La primera y más directa forma de mandar “al diablo” a las instituciones es por la vía de la desaparición o eliminación. Esto es loq ue suelen hacer los autócratas cuadro disuelven instituciones -como un parlamento- sin reemplazarlas por otras que logren absorber o perfeccionar las funciones que quedan en el aire. El pretexto es que las instituciones son indeseables o innecesarias. En este escenario, la voluntad o sabiduría de una sola persona gobernante son “suficientes” para determinar lo que es mejor para la sociedad para la que gobierna y para autovigilarse. Desde luego, este es un escenario límite que suele materializarse casi exclusivamente cuando quienes han llegado al poder lo han hecho por la vía armada.
Para ver por qué México o Yucatán están lejos de ejemplificar un estado de cosas semejante vale la pena recordar que la mandada “al diablo” por eliminación no ocurrió en la época de la presidencia imperial priista. En todo caso, no hay ninguna evidencia de que este sea el proyecto secreto de AMLO, un presidente que ha gobernado, crecido y prosperado políticamente dentro del armatoste institucional del que nunca, ni en los sus momentos de más frustración, se ha salido. Por ende, no tiene mucho sentido profundizar más en esta versión del “diablo”.
(2) La segunda forma de mandar “al diablo” es por la vía de la sustitución o del reemplazo. Es tentador pensar que esto es lo que ocurre cada vez que las instituciones son reemplazadas por otras que se adaptan mejor a los intereses de las personas que habitan México o a la visión de las personas que dirigen momentáneamente al país. Sin embargo, es importante subrayar que lo anterior no implica necesariamente mandar “al diablo” a las instituciones. Procesos de “sustitución” o rediseño radical han venido ocurriendo al menos desde la transición de 2000 y los partidos en el poder desde entonces han impulsado cambios de esta naturaleza. Desde luego, no todos los cambios han sido positivos. Lo importante aquí es que el rediseño radical o la “sustitución” en sí mismos no tendría que ser motivo de alarma o pánico.
Pero existe otra versión de reemplazo o rediseño radical que sí manda efectivamente a las instituciones “al diablo”. Y es que una institución puede ser sustituida por otra sin la capacidad técnica o sin los“dientes” requeridos para ejercer sus funciones y constituir un contrapeso real al poder de los individuos en el poder. Saber si un reemplazo manda “al diablo” a una institución implica conocer detalles de la institución sustituida y de la institución sustituyente. Por fortuna, son muchas las organizaciones de la sociedad civil y académicas que vigilan constantemente si este es el caso. Por desgracia, la sociedad no ha respaldado con la fuerza necesaria estos esfuerzos, aunque sí se ha logrado generar una fuerza suficiente para que “desaparición” o “reemplazo malintencionado” con lleven desgastes políticos y costos electorales importantes. No sorprende, por ende, que el reemplazo tampoco sea la primera opción de quienes quieren mandar a las instituciones “al diablo”
(3) La tercera forma de mandar “al diablo” a las instituciones por la vía de la prostitución, entendida ésta como degradación o abuso con bajeza de las instituciones. En este escenario, las instituciones son conservadas en el papel, pero en la práctica son sometidas a intereses particulares, mercantilizadas o degradadas de forma tal que terminan incapacitadas para cumplir con su razón de ser. Me parece que, por mucho, esta es la forma más común como las instituciones son mandadas “al diablo” en México y en Yucatán.
La forma más común de prostituir a las instituciones comercializando o acaparando las posiciones en los consejos directivos de la misma. Esto puede ocurrir unidireccionalmente, cuando el partido gobernante tiene la capacidad legislativa para hacerlo. Esto es lo que ocurrió durante la mayor parte de la presidencia imperial priista. Esto es también lo que ha intentado el gobierno de AMLO al proponer su terna de candidatos para la SCJN. Pero esto suele replicarse en todo el país. Así suelen decidirse actualmente quienes encabezarán instituciones en muchos estados de la república donde no existe una real competencia política. Por ejemplo, en Yucatán el gobierno de Rolando Zapata pudo nombrar a diestra y siniestra titulares de institutos supuestamente autónomos sin que la oposición tuviera la capacidad de hacer mucho al respecto —desde luego, es un hecho que la oposición, encabezada por el PAN, tampoco quiso oponerse a Zapata—.
Uno podría pensar que la alternancia política o la competencia legislativa sería en antídoto para este problema. Esto es, cuando menos, lo que prometió el PAN cuando llegó a la presidencia de la república y algo que supuestamente la democracia electoral solucionaría casi en automático. Sin embargo, este no ha sido el caso. Lo que hemos visto en su lugar es que cuando el partido en el gobierno necesita “convencer” a legisladores de “oposición” en el congreso este convencimiento tiene que ver más con intercambios de favores que con una visión de lo que las instituciones en juego tendrían que representar. Esto se vio con claridad inusitada durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Esto es lo que ocurre también en estados con alternancias incipientes, como Yucatán. Y es que diversas señales apuntan a que en los pocos meses que llevamos del sexenio de Mauricio Vila las instituciones están siendo mandadas “al diablo” por la vía de la prostitución. Por ejemplo, recientemente el congreso de Yucatán decidió nombrar presidente de la institución encargada de defender, estudiar y promover los derechos humanos en nuestro estado a una persona que forma parte de la institución y que la encabezaba momentáneamente. El desempeño de la Codhey ha sido vergonzoso. Esta institución no ha sido un contrapeso real contra los abusos tolerados o motivados por el gobierno del estado y no ha encarado problemas como feminicidios, crímenes de odio, abusos contra el pueblo maya o la omisión legislativa sobre el matrimonio igualitario con toda la determinación que estos ameritan. Aún así, 19 de las 25 personas que nos representan en el congreso decidieron que la mejor opción era continuar haciendo más de lo mismo. El único partido que desentonó con esta sincronía fue Movimiento Ciudadano —todo parece indicar que Morena no tuvo problema en renunciar a su agenda nacional o a su papel opositor en este caso—.
El problema fundamental es que casos de esta naturaleza son la regla y no la excepción. Por ejemplo, el vice fiscal anticorrupción, Alejandro Goff Ailloud, fue ratificado con 24 votos a favor y uno en contra—Morena— durante el sexenio de Rolando Zapata. Las voces de organizaciones sociales fueron desoídas y Goff, quien antes fue titular de la inoperante y dócil Codhey, terminó en un cargo que requiere, como mínimo, independencia absoluta. No sorprende, por ende, que la vicefiscalía que encabeza sea virtualmente irrelevante. Algo similar ocurrió cuando Mario Can Marín, empresario que jamás criticó la corrupción ni participó en esfuerzos por combatirla, fue designado,por mayoría unánime, titular de la Auditoría Superior del Estado. Esto también ocurrió cuando, con 19 votos a favor, el Congreso nombró ayer a Carlos Pavón Durán en el INAIP.
Es importante aclarar que resulta irrelevante si los individuos seleccionados son decentes en su vida privada o si son personas amables o bienintencionadas. Lo importante aquí es que estas personas no suelen ser nominadas o impulsadas por organizaciones de la sociedad expertas o críticas, sino que aceptan ser proyectadas a través de intercambios y arreglos entre partidos o grupos gobernantes que buscan controlar las instituciones que tendrían que ser sus contrapesos. En esta lógica, el control de los individuos seleccionados vía su acción o inacción está garantizado. Lo que es peor, en nuestro estado el control del gobierno del estado en turno se extiende al poder legislativo y al judicial. Esto es, en Yucatán las instituciones son cotidianamente mandadas “al diablo” por la “vía de la prostitución”.
Contar con instituciones fuertes e independientes es fundamental para cualquier democracia. En este sentido, la preocupación y la organización ante las amenazas que pueden llevar a que las instituciones terminen condenadas a la irrelevancia o en un tambo de basura es indispensable. Sin embargo, para salvar a nuestras instituciones es necesario poder identificar las amenazas reales o las más urgentes. Y es que para mandar “al diablo” a las instituciones no requiere desaparecerlas ni sustituirlas, basta con prostituirlas.— Edimburgo, Reino Unido.
asalgadoborge@gmail.com
Antonio Salgado Borge
@asalgadoborge
Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)
Publicado en Diario de Yucatán