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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
“Quiero ir a dar el banderazo del inicio de obras del Tren Maya”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del pasado jueves 14 de mayo. El Tren Maya es uno de los megaproyectos prioritarios del gobierno de López Obrador y, a pesar de la pandemia de Covid-19, las actividades de dicho proyecto continúan.
A las críticas de organizaciones y activistas de derechos humanos, así como de especialistas, relativas a las afectaciones del Tren Maya al medio ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas de la región, se han sumado en los últimos meses llamados a redirigir los recursos destinados al Tren Maya y a la refinería Dos Bocas para apoyar otras actividades económicas, como las turísticas.
También han surgido preocupaciones porque la continuación de actividades del Tren Maya representa una amenaza al derecho a la salud de los trabajadores involucrados, así como a los derechos a la participación y al acceso a la información de las comunidades de la región. El gobierno federal ha justificado la continuación de estas actividades como una forma de generar empleos de cara a la crisis económica provocada por la pandemia.
Hasta este momento, el gobierno ya ha adjudicado contratos para tres tramos del Tren Maya. El pasado 23 de abril se otorgó el contrato para el Tramo 1 del proyecto, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, al consorcio portugués Mota Engil. El 30 de abril se otorgó el contrato para el Tramo 2, de Escárcega a Calkiní, a Carso Infraestructura y Construcción, de Carlos Slim, y a la española FCA —de la que Slim es accionista—. Finalmente, el pasado viernes 15 de mayo, el gobierno federal adjudicó el contrato del Tramo 3, de Calkiní a Izamal, al consorcio integrado por la constructora mexicana Gami Ingeniería y la española Azvi. Esta última adjudicación ha provocado algunas críticas en medios de comunicación, no solo porque Gami, de Manuel Muñozcano, participó en la construcción del segundo piso del Periférico de Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador, sino, sobre todo, porque la constructora realizó la nueva sede del Senado de la República con un sobrecosto de 137% (2 mil 333 millones de pesos más de lo esperado) y porque la Auditoría Superior de la Federación detectó que en la construcción “se incurrió en múltiples irregularidades, como pagos anticipados, pagos en exceso, deficiencias en la aplicación del ajuste de costos, y trabajos de mala calidad” (“Animal Político”, 15-5-20).
Mientras que en las noticias de las licitaciones y adjudicaciones de estos tres tramos del Tren Maya hemos visto los intereses de algunos de los empresarios más ricos de México (y el mundo) —como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea y Olegario Vázquez Aldir— en invertir en el proyecto, por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil y habitantes de las comunidades afectadas por el Tren Maya también han continuado con las acciones de defensa de derechos humanos en un entorno complicado para esta labor.
En el caso de Palenque, donde comenzarían las obras del Tren Maya, el pasado 7 de mayo habitantes Ch’ol de ese municipio y de Salto de Agua y Ocosingo presentaron una demanda de amparo en contra de la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud Federal y Fonatur por la continuación del Tren Maya a pesar de la pandemia. En esta demanda reclaman la violación de sus derechos a la salud, así como a participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social.
En respuesta a dicha demanda, el 8 de mayo, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas otorgó una suspensión provisional, en la que ordenó que las autoridades “se abstenga[n] de realizar actos tendentes a la ejecución del proyecto denominado ‘Tren Maya’, únicamente en lo que ataña a la comunidad a la que pertenecen los aquí quejosos”, esto es, en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo.
Como explican los habitantes Ch’ol y el Equipo Indignación en un comunicado, la juez reconoce que la continuación de los trabajos del Tren Maya “potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19” y que “de continuar con el proyecto denominado ‘Tren Maya’, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores Maya Ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad”. Esta es la segunda suspensión provisional que enfrenta el Tren Maya.
El 14 de enero de este año, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche concedió una suspensión provisional en respuesta a una solicitud de amparo que presentaron habitantes de la comunidad de Xpujil, en Calakmul, Campeche, y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. La región de Calakmul, en donde se ubica una Reserva de la Biosfera que es considerada la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América —después del Amazonas— es una de las zonas de mayor preocupación con respecto al proyecto Tren Maya.
Al igual que con la suspensión provisional de Calakmul, en el caso de Palenque el Fonatur ha respondido que “No ha sido notificado oficialmente de ningún amparo por la autoridad judicial por lo que en caso de existir dicha suspensión provisional, esta no tiene efecto alguno”. Como explican los habitantes Ch’ol e Indignación en el comunicado, no le corresponde a Fonatur, sino al Juzgado Segundo de Distrito de Chiapas decidir sobre la ejecución de la suspensión.
Por otra parte, el 6 de mayo, organizaciones civiles, colectivos indígenas y residentes de los tres estados de la Península de Yucatán interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y solicitaron medidas cautelares por las actividades que actualmente se llevan al cabo en la región para ejecutar el Tren Maya. Entre estas actividades se encuentran “licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras, que no se clasifican como esenciales según el mismo gobierno federal”. En respuesta a esta solicitud, el pasado 14 de mayo la CNDH emitió medidas cautelares a favor de los pueblos originarios de la Península de Yucatán para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al Tren Maya. Es notable que, a pesar de las difíciles condiciones provocadas para la pandemia para la defensa de derechos humanos, organizaciones y colectivos de derechos humanos trabajen colectivamente para hacer realidad la protección de los derechos de las comunidades y a un medio ambiente sano.
Tal es el caso de la Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán (Red), Indignación, la Red de Productores de Servicios Ambientales Ya’ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab (Repseram) y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, que solicitaron las medidas cautelares. En este contexto, debemos subrayar la obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la salud, en este caso, de los trabajadores involucrados en el Tren Maya.
Al respecto, cabe advertir que “La zona que recorrerá el Tren Maya está marcada por un alto índice de contagios y mortandad debido a la pandemia del covid-19”, ya que “Tabasco, Campeche y Yucatán están marcados en el semáforo de alerta de la Secretaría de Economía por el Covid-19 como el nivel de ‘alerta máxima’ y en ascenso” (“Excélsior”, 15-5-20).
Finalmente, como ya se ha señalado, el Estado está obligado también a requerir estudios de impacto ambiental y social a entidades independientes y técnicamente capacitadas, los cuales deben contar con la participación de las comunidades afectadas. Todo esto resulta prácticamente imposible en las actuales condiciones de contingencia sanitaria. Por lo tanto, para proteger y garantizar los derechos de las comunidades de la Península a la salud, a la información y a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan, el Estado debe cumplir con las órdenes del poder judicial y las medidas cautelares de la CNDH.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM