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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
“Los conservadores corruptos no quisieran que se hiciera nada”, declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en Campeche, en el marco de su gira de diálogo con los pueblos indígenas del país.
AMLO se refería a los críticos del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de su administración y uno de los mayores proyectos de inversión en el sureste de México. No es la primera vez que el presidente de México descalifica así a quienes han externado preocupaciones en torno al Tren Maya . El año pasado denostó a los ambientalistas que signaron una carta sobre el asunto como “abajofirmantes” a los que les hace falta “baño de pueblo”.
Las expresiones de AMLO sobre las organizaciones y activistas de derechos humanos y ambientales que han levantado la voz sobre el Tren Maya son un problema por varias razones. Con estas declaraciones, AMLO mete en un mismo saco a los grupos que él ha calificado en ocasiones anteriores como la “mafia del poder”, aquellas elites políticas y económicas que se han beneficiado de las reformas neoliberales de los últimos treinta años, y a organizaciones, activistas y especialistas en derechos humanos y ambientales. Así, en Campeche AMLO expresó que “con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, los conservadores se enojaron mucho porque se les canceló su transa”. Desde luego, las elites políticas y económicas que han condenado la cancelación del aeropuerto de Texcoco y las organizaciones, activistas y especialistas que advierten posibles riesgos ambientales y sociales provocados por el Tren Maya no son los mismos, y AMLO hace muy mal en confundirlos. Se trata de sectores muy diferentes en términos sociales e ideológicos. Incluso, muchas personas que han expresado sus preocupaciones en torno al Tren Maya votaron por AMLO y comparten algunos aspectos de de su proyecto de nación, como poner primero a los pobres. Con expresiones como “conservadores corruptos” y abajofirmantes a los que les hace falta “baño de pueblo” AMLO pierde a sectores de la sociedad civil y de la academia que votaron por él o simpatizan con su proyecto de nación. Tal vez, en su cálculo político, AMLO piense que sus programas sociales dirigidos a jóvenes, adultos mayores y otros sectores de la población serán suficientes para el triunfo de Morena en 2021 y futuras victorias electorales. Las personas en organizaciones de la sociedad civil y en la academia son, finalmente, una minoría en el país. Sin embargo, la política no solo es cuestión de números. Las organizaciones de la sociedad civil y la academia suelen tener un papel importante en la definición de la agenda y la discusión pública, en la realización de litigios que pueden suspender -temporal y/o definitivamente- proyectos, así como en la denuncia del Estado mexicano ante organismos internacionales, lo que se puede traducir en presión externa para el Estado.
Ante este escenario, AMLO ha procurado definir la agenda y discusión pública por medio de sus conferencias de prensa mañaneras. Por otra parte, es difícil prever si los litigios podrán afectar proyectos como el Tren Maya. En Quintana Roo, AMLO declaró que “no sería deseable que ‘por mezquindades’ empiecen a llover los amparos, como los 140 recursos promovidos por una oposición pequeña pero ‘latosa’, de lo más chueco’” (“La Jornada”, 10-11-19). Asimismo, a AMLO parece no preocuparle gran cosa las instancias internacionales.
Pero AMLO no puede dormirse en sus laureles creyendo que descalificar a organizaciones, activistas y especialistas de derechos humanos y ambientales como corruptos conservadores, mezquinos y opositores latosos no tendrá ningún impacto. Tal vez estos no logren cambiar el rumbo de un proyecto como el Tren Maya, pero las descalificaciones de AMLO tienen un efecto negativo y más profundo en la democracia y la sociedad mexicana, pues sus comentarios en torno a organizaciones, activistas, organizaciones, así como a periodistas críticos, se traduce en una aspiración de inmunidad a la crítica, en soberbia e intolerancia. Es decir, AMLO no ha mostrado humildad ni disposición a reconocer que algunos aspectos del proyecto del Tren Maya pueden presentar problemas. Cualquier crítica es evadida al ser calificada como “conservadora”, “corrupta” o “mezquina”. De esta forma resulta imposible el diálogo, cuestión que es fundamental en cualquier democracia. Por otra parte, en su visita a Yucatán en días pasados, AMLO declaró que si la población de la Península de Yucatán expresa en una consulta su oposición a la construcción del Tren Maya, esta obra no se realizará (“La Jornada”, 10-11-19). En Temozón, una de las sedes del encuentro entre el Presidente y personas mayas de Yucatán, Rosalía Pool Pat, quien se presentó como “representante” de la autoridad comunitaria, pidió a AMLO que el pueblo maya sea consultado sobre el Tren Maya. En principio, resulta positivo que AMLO sostenga que si las comunidades mayas consultadas dicen que no quieren el Tren Maya su decisión sea respetada y acatada. El problema es que no resulta nada clara la manera en que AMLO entiende las consultas. En la reunión de Quintana Roo, el presidente preguntó en ese momento sobre el Tren Maya: “A ver, así, nada más para medirle el agua a los camotes —expresó AMLO—. A ver, a ver, piénsenlo como son ustedes: mujeres, hombres libres, no borregos. A ver, levanten la mano los que piensan que no conviene el proyecto del Tren Maya… Bueno, a ver, que levanten la mano los que consideren que sí debe hacerse’. Al constatar la mayoría, el Presidente manifestó: ‘Eso es todo. Yo no les voy a fallar’. Amor con amor se paga” (“La Jornada”, 10-11-19). Quiero pensar que esa no fue la consulta que el Estado mexicano está obligado a hacer sobre el Tren Maya. Y que tampoco será como las presuntas consultas sobre el Aeropuerto y los 10 proyectos prioritarios, o un mero foro informativo. No puede dejar de señalarse que las consultas a pueblos indígenas a las que está obligado el Estado mexicano deben ser procesos de diálogo de carácter previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe. En México, las consultas no cumplen con estos principios. Recientemente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicó una serie de observaciones y recomendaciones sobre el proceso de consulta de la Secretaría de Energía a la comunidad indígena maya de San José Tipceh, en el municipio de Muna, en relación con el proyecto solar Ticul A y Ticul B. La ONU-DH participó en calidad de observador internacional en el proceso de consulta iniciado en 2017. En el documento, el organismo señala una serie de problemas en el cumplimiento de los estándares internacionales del derecho a la consulta. Por ejemplo, sobre el carácter previo de la consulta, la ONU-DH menciona “la firma de contratos de arrendamiento entre la empresa y personas ejidatarias de la comunidad antes de que se celebrara la consulta y se obtuviera el consentimiento” y “sobre pagos relacionados con estos contratos durante la consulta”. Señala que recibió información que indica que “la comunidad no tuvo una participación significativa en la elaboración de los estudios y manifestaciones de impacto social y ambiental”.
Sobre el carácter libre de la consulta, la ONU-DH “recibió información que indicaba que los contratos y pagos antes señalados generaron diversos intereses y conflictos al interior de la comunidad, así como una fuerte presión para la finalización de la consulta y el otorgamiento del consentimiento”. El documento registra otros problemas para el cumplimiento de los estándares de consulta informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Las autoridades responsables de la consulta sobre el Tren Maya deben conocer el documento y evitar que estos problemas se sigan reproduciendo. Estos señalamientos no provienen de una “oposición pequeña pero latosa”, sino de las Naciones Unidas.
Finalmente, la posición de AMLO con respecto a organizaciones, activistas y especialistas en derechos humanos y ambientales no es exclusiva de él. Algunas otras personas consideran que quienes externan preocupaciones en torno a grandes proyectos de inversión son opositores al desarrollo, movidos por oscuros intereses. Debe comprenderse que los seres humanos, como bien expuso Max Weber en su clásica obra “Economía y sociedad”, no solo actúan instrumentalmente orientados para conseguir un fin (sea económico o político), sino también de acuerdo a valores, afectos y costumbres. Entre estos valores se encuentran las consultas apegadas a estándares internacionales, no por el mero capricho de consultar por consultar, sino de democratizar la sociedad al lograr mayor participación, una participación libre, informada y adecuada a los diversos contextos culturales de un país tan diverso como México. Con un baño de humildad, AMLO debe cambiar su discurso en torno a las organizaciones y activistas de derechos humanos y ambientales, abrirse a la crítica y al diálogo y, sobre todo, cumplir con las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha contraído en materias de derechos humanos y ambientales. Una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe no se puede reemplazar con una pregunta en un evento invitando a los presentes a levantar la mano.
AMLO no puede anticipar que no se afectará al medio ambiente hasta que no se realicen las evaluaciones de impacto ambiental y social. El cumplimiento de estas obligaciones, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, representaría una verdadera transformación de México.
Investigador del Cephcis-UNAM