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A continuación, reproducimos íntegramente la postura del equipo Indignación sobre los presuntos abusos cometidos por policías municipales y elementos de la Gendarmería en una secundaria de Chichimilá:
Medios locales reportaron que habrían ocurrido abusos por parte de policías municipales y gendarmería durante un “operativo mochila” en una escuela secundaria en Chichimilá, Yucatán. Según fue difundido, miembros policiales habrían revisado, desnudado, humillado e incluso intimidado a alumnos con tal de revisar si alguno de ellos portada sustancias ilícitas. Externamos nuestra profunda preocupación y exigimos a las autoridades investigar, sancionar y aclarar los hechos, en virtud de las distinta consideraciones en materia de derechos humanos que generaría este caso.
En primer lugar, consideramos que ningún operativo con el objetivo de investigar y sancionar delitos relacionados con drogas pueda ser justificación para violar los derechos a la presunción de inocencia y a la integridad personal. La Constitución Federal reconoce el derecho de toda persona a no ser molestado en su persona y en sus posesiones sin un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Que el operativo haya sido realizado por petición, permiso o aquiescencia de los padres no justifica que se viole el derecho de inocencia, realizando una fuerte injerencia no sólo en las posesiones personales de alumnos, sino en sus propios cuerpos.
Se ha reportado que estudiantes fueron obligados a desnudarse, hacer sentadillas y otras acciones invasivas y humillantes. Se informa, además, que miembros de la policía habrían amenazado a los que se negaron a quitarse la ropa bajo la amenaza de “ponerlos con los que tienen drogas”.
Tanto la Constitución Federal como la Convención sobre derechos del niño y otros tratados internacionales, prohíben el trato inhumano y degradante. Estos actos son mucho más graves cuando son infligidos a los menores de edad, debido a la especial protección que deben recibir por parte de la sociedad y las autoridades. De comprobarse los hechos, implicarían un caso de suma gravedad y que pondría en evidencia la indolencia y la naturalización con la que autoridades municipales y estatales ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes a la hora de ejercer sus funciones.
Recientemente hemos advertido la impunidad que prevalece frente a casos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes ejercidos por elementos policiacos en Yucatán. El caso en la escuela de Chichimilá sería una muestra más que confirmaría el carácter sistemático de estas prácticas, las cuales no distinguen ni sexo, ni edad, ni ningún otra condición, estando expuestas a sufrirlas cualquier persona que se vea obligada a tratar con las autoridades en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, hemos ya hemos manifestado nuestra preocupación por algunos puntos que comprenden el Escudo Yucatán y hemos realizado observaciones al respecto. Una de ellas se refiere precisamente a la necesidad de combatir la impunidad en todos los casos y, particularmente, en delitos cometidos por autoridades. Llama la atención que uno de los puntos del Escudo Yucatán sea aumentar penas por delitos sexuales y similares que afecten, sobre todo, a menores de edad. Estas reformas están siendo actualmente discutidas en el Congreso de Yucatán.
Sin embargo, reiteramos que aumentar las penas para este tipo de delitos no tendrá efecto alguno mientras prevalezca la impunidad con las penas actuales y, sobre todo, en casos como el que ahora se ha hecho público que implica a las autoridades que infligieron tratos crueles y humillantes a menores de edad, lo cual agrava el delito y sus consecuencias.
De nada servirá aumentar las penas si se vuelven delitos de papel y no verdaderas obligaciones de investigar y sancionar por parte de las autoridades. No servirá de nada este tipo de reformas si persiste la impunidad. Cada caso que ocurre en la entidad y que no es castigado, representa una grieta más en la institucionalidad y en la seguridad de la entidad. Envía el mensaje de que es posible cometer estos delitos sin recibir consecuencias.
También consideramos preocupante que el combate al crimen organizado en Yucatán reproduzca la lógica del Gobierno Federal, priorizando la persecución al consumo de drogas y su criminalización. No se puede garantizar paz y seguridad si primero no se garantiza un Estado de Derecho, el cual, por definición, debe tener como punto de partida y como límite a su actuación la legalidad en materia de derechos humanos.
Solicitamos a la Fiscalía del Estado de Yucatán, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que investiguen los hechos ocurridos en la escuela de Chichimilá y, en su caso, garanticen se impongan las sanciones correspondientes a los que resulten responsables.
Asimismo, solicitamos al Gobierno del Estado que replantee las prioridades en el Escudo Yucatán con un enfoque basado en los derechos humanos, y dirigido al combate a la impunidad, sobre todo cuando los delitos son cometidos por miembros del estado.
Al Congreso del Estado, solicitamos discutir y plantear las reformas que verdaderamente garanticen el combate a la impunidad, como es garantizar la independencia orgánica de la Fiscalía del Estado de Yucatán del Poder Ejecutivo.
Boletín de prensa.
