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México es un estado laico por principio constitucional, lo que quiere decir que en nuestro país existe libertad de creencia; que ninguna religión está por encima de otra y que debe haber una clara separación de poderes entre la iglesia y el Estado.
Sin embargo, la alta jerarquía católica, ha demostrado ser uno de los grupos que se manejan al margen de la ley, al entrometerse en los asuntos que le competen sólo al Estado: impulso de leyes a modo, en las que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, de los grupos LGBTTTI y de quienes no se ajusten a lo que ellos consideran que debe ser.
El discurso de odio sobre las mujeres y otros colectivos que proviene de sus oficiantes se ha vuelto cotidiano en toda la república, abonando al clima de violencia y fractura social que de por sí ya vivimos.
Su presencia en los espacios de la promulgación y votación de las reformas a los marcos jurídicos para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, son manifestaciones claras del contubernio con funcionarios públicos, quienes sin oponer ningún tipo de resistencia legal, se rinden ante las presiones y participan de negociaciones con la jerarquía católica sin pudor alguno. Por este motivo, exigimos que la Secretaría de Gobernación ponga un alto a la intromisión de la Iglesia en los asuntos del Estado, ya que de esa manera se vulnera el principio de laicidad, se propicia un ambiente de discriminación y se violenta el Estado de Derecho.
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