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- La violencia lenta de la contaminación no es la única violencia relacionada con las granjas porcícolas. También podemos apreciar lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamó “violencia simbólica”…
Rodrigo Llanes Salazar
Fuente: Diario de Yucatán
La semana pasada, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer el “Dictamen Diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán” y confirmó lo que muchos pueblos y especialistas ya sabían desde hace años: que las granjas porcícolas contaminan el agua de los cenotes.
De acuerdo con el “Dictamen” de la Semarnat, en 13 municipios de Yucatán hay niveles inaceptables de contaminación en el agua provocados por las granjas porcícolas, de las cuales se registran 507 en la entidad.
En estos 13 municipios se ha rebasado el límite permitido de concentración de fósforo y nitrato. La contaminación generada por las granjas porcícolas es particularmente crítica en los municipios de Muna, Conkal, Cacalchén y Muxupip. Cabe destacar que estos tres últimos municipios se ubican en la zona conocida como “Anillo de Cenotes”, la cual, de acuerdo con diversos estudios, es altamente vulnerable a la contaminación del agua.
La contaminación es una forma de violencia. Rob Nixon, investigador de la Universidad de Princeton, ha empleado el concepto de “violencia lenta” para referirse a aquella violencia “que ocurre gradualmente y fuera de la vista, una violencia de destrucción tardía que se encuentra dispersa en el tiempo y en el espacio” (“Slow Violence and the Environmentalism of the Poor”). La contaminación del agua subterránea en Yucatán es una forma de violencia lenta.
El Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones Unidas incluso ha considerado que la contaminación es una forma de tortura. En sus palabras: “la violencia, así como la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, puede asumir muchas formas diferentes. La exposición incesante a sustancias tóxicas y contaminación puede ser violenta, cruenta, degradante, cruel e inhumana. Los padres de niños expuestos incesantemente a la contaminación o a sustancias químicas tóxicas soportan un enorme nivel de estrés psicológico y ansiedad, pues se preocupan por las consecuencias futuras. Los niños que viven en lugares de contaminación generalizada, o cerca de estos, pueden ser objeto de acoso y discriminación graves” (Informe de 2016, A/HRC/33/41).
La violencia lenta de la contaminación no es la única violencia relacionada con las granjas porcícolas. También podemos apreciar lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamó “violencia simbólica”, una forma de violencia “que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento”. La violencia simbólica “naturaliza” o “normaliza” relaciones de desigualdad, de explotación y sufrimiento para intentar volverlos “aceptables”, parte del “sentido común”, de lo que es “normal” y “natural”.
Así, las constantes afirmaciones por parte del sector privado, del Estado y de algunos medios de comunicación de que es más importante preservar un negocio —la producción masiva e industrial de carne de cerdo para exportar— que el elemento más vital de nuestro planeta, el agua, es una manifestación de violencia simbólica. ¿Por qué? Porque intenta volver normal que es más importante los empleos de unas personas y, sobre todo, la riqueza de unas pocas personas, que el agua, elemento vital no solo para toda la humanidad, sino para todas las especies que habitamos el planeta.
En cualquier caso, plantear el conflicto como “empleos generados por las granjas vs. cuidado del agua” constituye un falso dilema: se pueden —y deben— generar otros empleos, sustentables y adecuados a la región; agua, en cambio, no hay otra.
De esta expresión de violencia simbólica se deriva otra: la estigmatización y criminalización de quienes se oponen a las granjas porcícolas y defienden el agua y el derecho a vivir una vida tranquila, sin pestilencia. A estas personas y grupos se les llama “agitadores” y “delincuentes”, pero a quienes contaminan y a quienes lo permiten no.
Cabe señalar que el Dictamen de la Semarnat responde precisamente a que organizaciones y colectivos que por años han luchado por la defensa de sus derechos —los “agitadores” y “delincuentes” según algunos discursos— exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
En palabras de María Luisa Albores, titular de la Semarnat, el estudio respondió a una carta enviada en marzo de 2022 a la Presidencia desde los pueblos afectados. Hasta ahora, solo el gobierno federal ha respondido.
La violencia simbólica, esa que se ejerce a través de los caminos simbólicos de la comunicación y del conocimiento, suele insistir que el problema no es tan grave, ya que las granjas operan con mecanismos de mitigación y que, además, el agua en Yucatán es abundante. No obstante, como han estudiado Rosario Pérez-Espejo y Gretel Cervantes-Hernández, en Yucatán, “salvo casos excepcionales, los biodigestores (de las granjas) no están bien manejados”.
El argumento anterior es confirmado por el Dictamen de la Semarnat. En el estudio se evaluaron las descargas de aguas residuales en 10 granjas. Aunque todas contaban con biodigestores, lagunas de estabilización y desinfección de sus aguas residuales por cloro u ozono y sistemas de saneamiento, no lograron cumplir con los requerimientos dictados por la norma oficial mexicana.
Por otra parte, el discurso sobre la abundancia del agua en Yucatán es solo parcialmente cierto, como bien ha observado Francisco Bautista, investigador de la UNAM, ya que no solo se debe considerar el volumen de agua, sino también la calidad de la misma, la cual es inadecuada para consumo humano en muchos de los municipios del estado. El discurso sobre la abundancia de agua en Yucatán sirve más bien para legitimar las concesiones de extracción de agua en la entidad, las cuales, de acuerdo con datos de la Conagua, se han duplicado entre los años 2008 y 2020.
Por las razones anteriores, Yucatán se encuentra en el ante penúltimo lugar en manejo sustentable del medio ambiente según el Instituto Mexicano para la Competitividad. El propio gobierno de Yucatán reconoce en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 que el “inadecuado manejo de residuos” y la “deficiente conservación de recursos naturales”, entre otros hechos, “ocasiona un ejercicio insuficiente del derecho humano al medio ambiente sano en el Estado de Yucatán”.
Las violencias lenta y simbólica se refuerzan entre sí y se traducen en otras formas de violencia, como la violencia política ejercida por el Estado. Esto sucedió, irónicamente, el pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, que este año tuvo como lema “La importancia del agua”.
A propósito de este día, la ONU nos recuerda que “1,4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficientes”.
Pero, en Yucatán, el Día Mundial del Agua, el gobierno de Yucatán reprimió a cuatro personas que participaron en la “Megamarcha en solidaridad con Sitilpech”, pueblo en el que opera una granja porcícola y en el que el colectivo La Esperanza de Sitilpech se ha pronunciado firmemente en contra de dicha industria por sus impactos negativos.
De acuerdo con testimonios de diversas personas que participaron en la marcha, la manifestación se llevó a cabo de manera pacífica. Sin embargo, cuatro personas fueron detenidas esa noche por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública vestidos de civiles. La detención arbitraria e ilegal de dos de ellas —Sofía y Sebastián— fue grabada por varias personas. En los videos se puede apreciar con claridad cómo 6 personas vestidas como civiles detuvieron sin orden de aprehensión y con violencia a Sofía y Sebastián y cómo se los llevaron en una camioneta blanca (con placa YS – 0305 – C) y un coche Nissan gris (con la placa ZCL – 030- C). También se reportó que, en otra parte del centro, fueron detenidas Andrew Misael, defensor de derechos LGBT+, y Dafne Isabel, activista trans.
Estos actos de violencia política fueron posibles por la constante violencia simbólica, esto es, por la estigmatización y criminalización de personas y organizaciones defensoras del medio ambiente. Y estos actos no deben verse de manera aislada, sino en un contexto más amplio en el que, como han observado organizaciones internacionales como Global Witness, América Latina es la región más peligrosa para el activismo medioambiental. En 2021, México se posicionó como el país más mortífero contra activistas ambientales: ese año, 54 personas defensoras del ambiente fueron asesinadas (informe “Una década de resistencia”). Por eso, como indica la ONU, “los defensores de derechos humanos medioambientales deben ser escuchados y protegidos”.
En lugar de escuchar y proteger a lxs defensores de derechos ambientales, el Gobierno de Yucatán optó por reprimirlos, lo que envía un claro mensaje: sus prioridades son las granjas, la exportación de carne de cerdo y la riqueza generada por esta actividad; cualquier persona que interfiera con ellas será criminalizada.
Pero muchas personas y organizaciones han actuado rápido para hacer visible la violencia lenta que ocurre bajo nuestros pies; con sus reclamos, han desnaturalizado y desnormalizado la violencia simbólica, han afirmado que la riqueza generada por las granjas no vale más que la riqueza de la vida del agua y el aire limpios.
El reciente Dictamen de la Semarnat es bienvenido, pero, como ha señalado Equipo Indignación, todavía hay que hacer justicia y tomar medidas de reparación de daños y garantías de no repetición (Indignación, “Mucho peor de lo que pensamos. Tenemos razón”).— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM