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Mérida, 19 de mayo de 2026.- El conflicto entre artesanos mayas y las autoridades en Chichén Itzá tomó un nuevo giro cuando el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté acusó al gobierno estatal de «traición»: mientras sus representantes participaban en una mesa de diálogo de cinco horas con el INAH, la Procuraduría Agraria, Gobernación, el INPI y el propio gobierno de Yucatán, efectivos de la policía estatal y la Guardia Nacional cercaban la entrada del parador turístico por instrucciones del Ejecutivo estatal.
Ante ello, se prevé una reacción “tensa” que podría derivar en cierres de calles, toma de instalaciones y otras medidas de presión que el grupo indígena anunciaría en los próximos días.
La notificación llegó mientras se firmaba la minuta de la reunión de este lunes 18.
Los 13 funcionarios presentes, según el comunicado del Colectivo Comunidades por la Autonomía, «reaccionaron con caras de fingida sorpresa» y no dieron respuesta al respecto. Para los artesanos, la simultaneidad de ambas acciones no fue coincidencia: fue una señal deliberada de que el diálogo formal no tiene respaldo real del gobierno Estatal.
«Lo único claro hoy es que el gobierno de Yucatán traiciona de nueva cuenta al pueblo Maya y que el renacimiento Maya no es más que un discurso de campaña», señaló el colectivo en su comunicado del 18 de mayo.
Ante lo ocurrido, el Concejo Indígena, las autoridades ejidales y otros miembros de Pisté abandonaron la mesa y regresaron a su comunidad para convocar una asamblea y definir acciones.
El trasfondo del enfrentamiento no es nuevo. Desde 2008 existe un antecedente formal de concertación entre artesanos y autoridades. El quiebre más visible ocurrió en enero de 2023, cuando más de 600 artesanos bloquearon los accesos a la zona arqueológica durante siete días, impidiendo el ingreso a más de 40,000 turistas, en protesta por intentos de desalojo y por el trato del entonces director del INAH en el sitio.
El detonante actual es el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), inaugurado en marzo de 2026 como nueva entrada principal al complejo arqueológico. Para las autoridades, representa una modernización necesaria. Para los artesanos —alrededor de dos mil activos, con unos 600 con titularidad formal reconocida desde hace 15 años— significa perder visibilidad y flujo de compradores: es la reubicación que siempre han rechazado.
Las promesas incumplidas del gobierno estatal y federal
En abril pasado, el Gobernador visitó el CATVI junto al director del INAH, Diego Prieto Hernández, y aseguró que la reubicación sería «gradual, sin imposición». El 4 de mayo, el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, reiteró que no habría desalojo forzoso y que las mesas de diálogo continuaban. Esas promesas se desmoronan ante el operativo del 18 de mayo.
Las comunidades señalan que en múltiples reuniones —incluyendo dos con el gobernador— tanto el gobierno estatal como todas las instituciones federales presentes aseguraron que no se expulsaría a los artesanos de Chichén Itzá.
Una apuesta de presión con la temporada alta como palanca
El conflicto entra ahora en su fase más tensa. La resistencia permanente de artesanos y guías de turistas ya supera los seis meses continuos. La temporada alta de verano se aproxima, lo que históricamente ha dado a los artesanos su mayor margen de negociación: la capacidad de bloquear el acceso a uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.
El Colectivo Comunidades por la Autonomía advirtió que sus bases se reorganizan en asamblea y lo esperado es una reacción abierta, masiva, con plantones o toma de instalaciones.