Desafío para México, no es crear nuevas leyes, sino consolidar el sistema jurídico

Por: SemMéxico

• Destacan expertas logros de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para las mujeres a 20 años de su creación
• La ley actual es más amplia que la propuesta por la Presidencia: Lagarde
• Riesgosa la nueva iniciativa presentada desde Palacio Nacional

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Ciudad de México, 18 de mayo, 2026.- Marcela Lagarde y de los Ríos, Alda Facio Montejo y Andrea Medina Rosas coincidieron al destacar la importancia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que debería ser consolidada por la presidenta mexicana, y afirmaron que se requiere de una estructura jurídica consolidada, porque cualquier modificación significar un retroceso.

Al participar en el Foro en defensa y exigencia del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, a propósito de la iniciativa de Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio que propuso la presidencia de México, y que se transmitió desde la plataforma del Colegio de San Luis, la jurista feminista Alda Facio afirmó que el principal desafío para México no radica únicamente en la creación de nuevas normas, ni siquiera en una ley general de feminicidio, sino en la consolidación de un sistema jurídico coherente, armonizado y aplicado con perspectiva de género.

Reconoció que los criterios diferenciados, como lo señala la CEDAW, contribuye a la impunidad y limita el acceso efectivo de las víctimas a la justicia, sin embargo, recalcó la armonización legislativa no debe entenderse como un ejercicio meramente técnico, sino como una condición indispensable para garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

Facio Montejo consideró que la falta de armonización, forma parte de la debilidad estructural que persiste en el diseño e implementación de políticas públicas en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres “debido en gran medida a la confusión que hay con respecto al significado del concepto de género y la aplicación de la transversalización de la perspectiva de género.

Alda Facio – una de las fundadoras del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal- sostuvo que sí es necesario armonizar las leyes y políticas en México, sin embargo, enfatizó “por sí sola no transforma la realidad de la violencia contra las mujeres”.

Sostuvo que México cuenta con una ley robusta, no parte de un vacío normativo, que la CEDAW reconoce desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en donde reconoce que la violencia contra las m,ujeres no es un fenómeno aislado o individual, sino que está vinculado a condiciones sociales y culturales de desigualdad entre hombres y mujeres.

“Esto implica que no depende solo de decisiones individuales de los agresores, sino que esta violencia está relacionada con patrones sociales más amplios, desigualdad, misoginia, roles de género, etcétera. Un problema estructural arraigado en las instituciones, normas sociales y relaciones de poder. Se reproduce de manera constante en distintos ámbitos y afecta a un grupo de manera sistemática, las mujeres”.

Calificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como “muy buena”, un logro legislativo que ha tenido reconocimiento a nivel mundial e insistió a propósito de la nueva ley de feminicidio que no es falta de leyes, sino falta de aplicación uniforme y efectiva y persistencia de asimetrías normativas e institucionales entre entidades federativas, porque, apuntó más adelante, “el problema principal en México no es la falta de leyes, sino la falta de implementación efectiva. Las obligaciones del Estado no se cumplen solo el legislando”.

La ley actual es más amplia que la propuesta por la Presidencia

Por su parte, Marcela Lagarde y de los Ríos, quien impulsó la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, afirmó que la ley actual es más amplia que la propuesta desde la presidencia, además de que ya tiene un camino andado de 20 años con resultados difíciles y complejos, pero construyendo alternativas sociales y culturales para enfrentar la violencia contra las mujeres.

En los últimos meses, agregó, se ha planteado que se redujo el índice de feminicidios, pero también ha aumentado la violencia sexual o la violencia asociada a procesos más violentos, más integrales de la sociedad.

La antropóloga feminista recordó cómo esta ley definió categorías epistemológicas que forman parte de un engranaje especial científico, que encontró un conjunto de delitos contra las mujeres, en su inmensa mayoría crímenes de odio contra las mujeres, una definición que consideró “mínima” del feminicidio.

Persiste la impunidad, la simulación, se escatiman recursos, no hay certeza en las sentencias ni en las investigaciones, ni en el acceso a la justicia de parte de las mujeres… aspectos que ser plantearon hace 20 años.

“Nosotras, quienes redactamos la ley general y ahí adentro el feminicidio y la violencia feminicida, lo hicimos pensando en el Estado, como un promotor fundamental para lograr identificar la violencia como violencia de género, pero también como factor para identificar la violencia por la heterosexualidad”, dijo tras agregar que el feminicidio es un marcador epistemológico.

Sí das el paso a asumir la violencia desde la perspectiva de género, darás el paso a decir que es un producto tendiente a reproducir la exclusión de las mujeres, exclusión de sitios claves por los cuales estábamos fuera de muchas instituciones y de muchos procedimientos y procesos.

Luego citó que hoy gobierna una presidenta en México, que es afín a grupos mayoritarios de la sociedad, deberíamos aprovecharlo para fortalecer la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y con ello también fortalecer el feminicidio en el los capítulos de categorías eh de la ley.

Lagarde insistió que la ley se tiene que preserva, fortalecer y hacer reformas de acuerdo con un análisis científico crítico de la violencia y del papel del Estado en la construcción de la hegemonía masculina y patriarcal, cuyo producto es la terrible violencia contra las mujeres de todas las edades, una evolución social sofisticada, que cuesta mucho que se entienda.

Advirtió que antes de hacer una ley sobre la que ya existe, habría que hacer una evaluación de las leyes que han planteado y recordó el carácter federal de la Ley General de Acceso, además de señalar que hay 32 leyes que fueron redactadas por congresos de todo el país, “más allá de sus discrepancias ideológicas, más allá de su ignorancia, más allá del boicoteo al que fue sometida para su aprobación, procesos de consulta a las organizaciones civiles y muchas expertas en violencia de género con esta perspectiva científica para crear sistema que desaparecería si se toca la ley” y recalcó que lo que falta es su aplicación.

“Las redactoras estamos convencidas con pruebas de que es posible eliminar la discriminación contra las mujeres y también que es posible erradicar la violencia contra las mujeres”, puntualizó.

Buen momento para revisar los alcances

Andrea Medina Rosas, abogada feminista mexicana, sostuvo que los 20 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un muy buen momento para revisar los alcances y no construir nuevas leyes que no necesariamente erradican los obstáculos actuales y que tienen que ver con la política pública y el acceso a la justicia.

Recordó que desde 2024, hicimos señalamientos de nuestra preocupación de los cambios que se hicieron en la Constitución y en la propia Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ahora es necesaria una reflexión más a detalle.

Medina Rosas hizo un recuento de cómo tuvieron que pasar décadas trabajando no solo en el ámbito internacional y nacional construyendo el camino a partir de los años setenta cuando se dieron cuenta de cómo el derecho penal legitimaba la violencia contra las mujeres por lo que exigimos personal especializado.

En la década de los ochenta y principio de los noventa comprendimos que el Estado debía intervenir ante la violencia que sucedía en las relaciones familiares, pero desde una perspectiva de género y “ya desde entonces sabíamos que cada caso tenía sus condiciones sociales que deberían ser analizadas, lo que ahora se llama interseccionalidad”, además de otras batallas que tuvieron que dar, como la eliminación de la mediación.

Coincidió con Alda Facio y Marcela Lagarde, en la necesidad de entrar en la especificidad de ciertas condiciones sociales, “como ahora se ha puesto casi como mantra “la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes”, con lo que se abre la puerta a la exclusión porque faltarían las ancianas o las mujeres con discapacidad, estamos rompiendo la comprensión de que el término de violencia contra las mujeres incluye a todas las mujeres en todas sus condiciones sociales.

En ese sentido, recalcó que desde los ochenta y noventa del siglo pasado se explicaba que género no es sinónimo de las mujeres, hoy tenemos que explicar que género no es sinónimo de orientación o preferencia sexual, no se puede reducir a la identidad de género, como se incluye en la iniciativa de la Presidencia.

Recalcó que dicha iniciativa sobre feminicidio comprende las acciones de prevenir, sancionar, investigar, reparar los daños, pero no tiene el verbo de erradicar, “ahí se desfasa de Belem Do Pará y de la CEDAW, además, no comprende que el feminicidio tiene como causa y consecuencia la discriminación en ese orden social.

Por ello, Andrea Medina Rosas consideró riesgosa la iniciativa que se presentó en una mañanera en la presidencia y en una iniciativa que presentó una diputada del PRI, que ni siquiera respeta a cabalidad la definición de perspectiva de género, duplicando elementos que ya están definidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

La abogada feminista destacó las innovaciones y aportes, que no que no sólo reconocen los derechos de las mujeres, sino que favorecieron a toda la sociedad, de la ley que se pretende modificar y que se aprobó en febrero de 2007.

Por último, expuso que pensar que se va a dar mayor garantía a las mujeres regresando el concepto a toda persona, rompe la comprensión de esa relación entre la violencia que tiene como causa y consecuencia la discriminación, y esa parte estructural sin posibilidad de construir acciones afirmativas.

El Foro organizado por la Mesa de Mujeres de Ciudad de Juárez, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres y el Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida, continuará una segunda sesión el próximo miércoles 20 y viernes 22 de mayo a través de diversas plataformas digitales del Colegio de San Luis.

SEM/sj