martes , 7 mayo 2024
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Vinculan a proceso a 5 martillos de Escarcega, son acusados de privación ilegal de la libertad, robo y daños

Los “martillos” indiciados D.M.M., M.A.V., M.M.M., C.G.G., y  D.E.P., fueron vinculados a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo y daños en propiedad ajena con  medida cautelar de prisión preventiva oficiosa  por lo que dure el proceso y tres meses para la investigación complementaria, en tanto los diezmados taxistas disidentes de Escárcega acudieron al Congreso del Estado a solicitar apoyo para destituir al director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón, a quien acusan de recibir  “moches” por los trámites legales.

En la continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación de ayer, al concluir la ampliación del término constitucional que solicitó la defensa desde el pasado 2 de noviembre, las  denuncias por los tres delitos contra los cinco taxistas martillos   fueron presentadas por el director del IET, Candelario Salomón Cruz, Jorge Escobedo y  Alberto Tun Baeza, quienes aseguraron que  por 15 minutos no dejaron salir de sus oficinas a Salomón Cruz, quien sintió zozobra, miedo y angustia.

Ratificaron  que tomaron teléfonos celulares, cámaras fotografías, y computadoras portátiles, y rompieron la caratula del reloj fósil del chofer  del director del IET, que metieron a un automóvil Chevrolet gris, antes de que llegaran los representantes de los medios de comunicación.

La defensa de los imputados  afirmó que en ningún momento ingresaron a las oficinas del IET, pues la manifestación fue pacífica para exigir las concesiones a que tienen derecho, y que lo expresado por el Ministerio Público  era incongruente.

La juez de control, Miriam Guadalupe Collí Rodríguez acreditó la  participación en dichos delitos, por lo que los vinculó a proceso  y el Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa  por lo que dure el proceso, lo que le fue concedido.

La juez de control otorgó tres meses para la investigación complementaria,  que concluirá hasta el próximo siete de febrero del 2018, tiempo en que los abogados del Ministerio Público  recabaran más datos de prueba.

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