Urgencia de una nueva ley general de los derechos de las audiencias

María de los Ángeles Huerta

Fuente: El Sol de México

I. La farsa de la autorregulación: el fracaso de los lineamientos actuales

La actual discusión pública en torno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsada por la CRT, es sin duda un primer paso, aunque, en la práctica, soluciona muy poco el problema de fondo en materia de derechos de las audiencias.

Seguir apostando por el modelo de la “autorregulación tutelada” —con el que se les pide piadosamente a los propios concesionarios comerciales que diseñen sus códigos de ética y contraten a sus propios defensores internos— es, en los hechos, delegar al infractor la garantía de un derecho humano. Es pedirle al lobo que cuide el rebaño.

Lo más grave es el cinismo descarado de los consorcios. Si ante unos lineamientos institucionales que resultan sumamente amables, dóciles y laxos con ellos, los medios corporativos reaccionan de inmediato, “ladrando” y acusando falsamente al gobierno de una “censura previa”, este es el momento exacto para que la sociedad civil organizada suba el tono para lograr una verdadera transformación en materia comunicacional. No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante su chantaje mediático. Si ellos se quejan de una regulación mínima y complaciente, la respuesta del pueblo debe ser contundente: debemos hacerle ver, de manera respetuosa pero firme, a nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que ha llegado la hora de dar el paso definitivo y expedir una verdadera regulación con dientes.

Los lineamientos actuales se quedan cortos; el Defensor de las Audiencias vigente es una figura puramente decorativa y carece de facultades vinculantes. La distinción entre información y opinión no resuelve la difusión de mentiras, como mucho menos lo harán unos códigos de ética elaborados por los propios corporativos. Por ello, es el momento de expedir formalmente una nueva Ley General para la Garantía y Protección de los Derechos de las Audiencias en la Radiodifusión.

II. El espejo del Cono Sur y la urgencia del candado legal

Esta iniciativa no nace de una ocurrencia técnica; es una medida de supervivencia democrática y seguridad nacional. La prueba de su urgencia es matemática y visible en las encuestas nacionales de vivienda de este año. Casas encuestadoras de gran prestigio demuestran que el bloque opositor de la derecha (PRI-PAN-MC), sumado a la inmensa masa de ciudadanos independientes indecisos, compone la otra mitad de la Nación que hoy se encuentra en una postura de crítica o distanciamiento frente al gobierno de la 4T. Esta dispersión artificial del voto no proviene de una falta de resultados de las políticas públicas del gobierno, sino de la infodemia sistemática y la manipulación diaria de la realidad factual operada por el cártel mediático comercial.

Las oligarquías prianistas pretenden que en México ocurra exactamente el mismo desastre geopolítico que ya flageló al Cono Sur. En Sudamérica, la derecha electoral se ha reapoderado de casi todos los países mediante el lawfare mediático y los golpes blandos televisivos, con las únicas y dignas excepciones de Brasil y México. La sociedad mexicana organizada ha decidido hacer su tarea. Una verdadera regulación sobre la radio y la televisión abierta es inminente si queremos garantizar la continuidad del proyecto soberano y frenar el cerco imperialista de cara a los procesos de 2027 y 2030; el Estado debe recuperar el control social sobre las concesiones de la Patria.

III. Complacencia burocrática: es la hora de un cambio radical

El principal obstáculo interno para avanzar en esta agenda ha sido la alarmante complacencia de los actuales responsables de la política de comunicación social en México.

Con una indolencia burocrática inaceptable, algunos de estos funcionarios públicos argumentan con ligereza que la radio y la televisión abierta ya son “irrelevantes” frente al avance de las redes sociales, pero les siguen entregando a esos “medios sin importancia” más de 3 mil millones de pesos en publicidad oficial cada año. Este diagnóstico, que niega la fuerza que todavía tienen los medios abiertos, es profundamente clasista e ignora la realidad sociodemográfica documentada por el INEGI: millones de familias mexicanas en comunidades rurales y zonas marginadas, con brechas de conectividad cualitativa, no tienen un acceso fluido, y mucho menos gratuito, a internet de banda ancha y dependen única y exclusivamente de las pantallas comerciales de la noche para informarse.

Esos responsables de la comunicación social no han hecho nada durante ocho largos años, en los que han permanecido atrincherados en sus respectivas responsabilidades en materia de comunicación, tanto en la estructura del Gobierno Federal como en el partido. Su inacción ha pavimentado el camino para que las televisoras mientan con total laxitud y utilicen el dinero del propio pueblo para financiar la guerra sucia contra el movimiento. Ha llegado el momento de implementar cambios radicales y estructurales en el ámbito de la comunicación, removiendo el inmovilismo institucional para dar paso a cuadros comprometidos con la sociedad.

Nuestra propuesta de Ley General no promueve la censura previa; establece la responsabilidad ulterior irrenunciable basada en dos baluartes: la Veracidad Factual (para castigar la simulación informativa con multas de hasta 5% de los ingresos anuales globales del medio) y el Pluralismo Informativo (obligando a abrir debates proporcionales y a ceder 20% del espectro a radios comunitarias y propuestas provenientes de comunicadores de redes sociales).

Quien use un bien público de la Nación para intentar subvertir la voluntad soberana del pueblo mediante la mentira programada enfrentará la revocación inmediata de su concesión. La soberanía de la palabra debe volver a sus legítimos dueños: las voces del pueblo.