Sara Lovera
Fuente: El Sol de México
Mérida, 11 de agosto, 2026.- En la tarea incansable de hacer justicia a las mujeres, es la impunidad la que reina, y eso no se resuelve con nuevas leyes o haciendo reformas infinitas.
Los miles de casos de impunidad en feminicidio, desaparición forzada y violencia vicaria esconden intereses políticos o económicos. Intervienen poderosos de la política o los negocios; son ellos quienes mandan y sostienen las acciones de las y los operadores de justicia.
Esta es la realidad. Hay asuntos concretos y documentados, como el de Ma. del Sol Cruz Jarquín —asesinada en 2018, en Juchitán—; el de la desaparición de Claudia Uruchurtu, desaparecida desde 2021 por ser defensora, también en Oaxaca; o, como dijo Gabriela Pablos ante la CIDH, en el 90 por ciento de las denuncias de violencia vicaria, a la impunidad se suma una estrategia de los poderosos para que las víctimas sean convertidas en delincuentes.
Me encantaría que abrir antiguos asuntos, no resueltos por la justicia, fuera legítimo y moral. Que, como por arte de magia, el caso de los 43 de Iguala dejara de definirnos como el país de la barbarie y las mentiras oficiales. Ojalá no sólo tenga cálculo político.
Pienso en esta nueva cara de la fiscal, Ernestina Godoy, que ya reabrió el caso de la Estafa Maestra y recientemente descubrió solo opositores en el crimen; no investiga al actual gobierno de Oaxaca ni al anterior. Nadie quiere ver el fondo económico del asunto de Ma. del Sol, y no es posible que un tribunal desacate acuerdos de la Corte en el caso de Claudia Uruchurtu.
Todo son complicidades. Hay suficiente documentación y testimonios sobre las violaciones sexuales de las que se acusa a Félix Salgado Macedonio, admirado por las morenistas por ser el hombre fuerte en Guerrero. Anda haciendo campaña; no está claro para qué candidatura, pero las y los aspirantes le rinden pleitesía, en un escenario que muestra que en este país se han perdido la ética y los valores.
En un régimen donde todas llegamos, se hace como que no se ven las fechorías de los “compañeros” de partido. No se supo nada cuando Alejandro Murat ayudó a dejar en el limbo la justicia para Ma. del Sol. Es increíble que la fiscal nos ofrezca una nueva ley contra el feminicidio, dejando abiertas otras puertas para mantener intacta la impunidad.
Ahora, con la sesión especial para analizar la violencia vicaria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se suma la convicción de que el Estado mexicano, con muchas leyes, discursos y herramientas, está sujeto a los intereses inconfesables del patriarcado.
En esa comisión están los casos de abuso y violación militar. Se sabe bien, por Campo Algodonero, el significado de la impunidad, que no se puede combatir cuando la autoridad es cómplice. Hay decretadas una multitud de recomendaciones y condenas al Estado mexicano sobre la injusticia de género en México.
En torno a la nueva ley contra el feminicidio, sin diálogo, ya cerró el micrositio para opiniones. La organización Todas advierte que no puede prevenirse el feminicidio aisladamente del continuo de violencias que lo preceden. Afirma que una política concentrada en el desenlace llega demasiado tarde. México no parte de un vacío jurídico ni institucional: durante décadas y con una participación decisiva del movimiento feminista, construyó una arquitectura para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
Legislar no puede sustituir a hacer justicia. La nueva ley solo sería un avance si subsana vacíos, fortalece capacidades existentes, mejora la coordinación, garantiza recursos y amplía la protección efectiva de las mujeres. Esta iniciativa, en cambio, debilita en lugar de fortalecer. ¿Quién puede creer en nuevas reglas, luego de las lecciones de la fiscal, los expedientes reabiertos a modo, el consentimiento a las y los gobernadores morenistas y la convivencia alegre con personajes como Salgado Macedonio? Veremos.
(*) Periodista, editora de Género en la OEM y directora de Semlac.
..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.