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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Publicada en Diario de Yucatán
Sr. Vila Dosal. Hace unos tres meses, cuando usted resultó gobernador electo de Yucatán, le dirigí una carta publicada en este mismo medio en la que abordé un tema fundamental en Yucatán, el de los derechos del pueblo maya.
Me permito recordarle que, en esa misiva, señalé que el tema es un asunto que no solo compete al sesenta y cinco por ciento de la población del estado que se define como indígena, sino que también involucra aspectos cruciales de todo Yucatán, como el crecimiento económico, la sustentabilidad, la seguridad y la paz.
También expuse algunos temas apremiantes en relación con la protección de los derechos del pueblo maya de Yucatán: el crecimiento desmedido de Mérida —que no corresponde a una necesidad de construir más viviendas en el estado sino que responde a intereses económicos y políticos— y el consecuente despojo de tierras ejidales e invasión de espacios comunitarios; la urgencia de instalar una mesa de diálogo con la comunidad de Santa Gertrudis Copó sobre sus derechos al hábitat; reconocer la autoconsulta realizada en Homún en torno al desarrollo de la granja porcícola y tomar medidas con respecto a la creciente conflictividad y violencia en Muna debido al proyecto del parque fotovoltaico Ticul.
Hoy me dirijo de nuevo a usted, ya en su calidad de gobernador constitucional de nuestro estado, porque en menos de tres meses varios de los problemas antes mencionados, lamentablemente, se han agravado.
En una entrevista que le realizó Diario de Yucatán, usted señaló cuatro temas o desafíos para su gobierno de los que me gustaría retomar dos en las siguientes líneas: la seguridad y la salud.
Es cierto que, en contraste con otras entidades del país, Yucatán es un estado seguro y tranquilo. Pero también es verdad que la tranquilidad y seguridad no están justamente distribuidas. Tiene razón el maestro Antonio Salgado cuando, en entrevista con este medio, apunta que en materia de seguridad no podemos dormirnos en nuestros laureles: no debemos subestimar el decremento de la percepción de seguridad de los habitantes del estado y tener una policía confiable no basta para combatir la inseguridad.
En otra ocasión volveré sobre algunos de los problemas de seguridad en relación con la protección de los derechos humanos, ámbito en el que la erradicación de la tortura sigue siendo una cuestión pendiente. Lo que aquí deseo subrayar es el aumento de conflictos y violencia asociados al desarrollo de algunos proyectos en el estado.
La violencia en San José Tipceh, la comunidad que sería más afectada por el desarrollo del parque fotovoltaico Ticul, ha ido escalando en los últimos meses hasta llegar a varias amenazas de muerte, agresiones físicas e incluso casi sucede un linchamiento en la comunidad hace un par de meses. Este es un foco rojo que hay que atender, siempre con una plena protección de los derechos humanos individuales y colectivos.
Por otro lado, el conflicto en Homún en torno al desarrollo de la granja porcícola ha derivado en la última semana en un proceso de criminalización de los defensores de derechos humanos. No abundaré sobre todas las irregularidades que se han cometido para la aprobación de la granja porcícola: el incumplimiento del Estado de consultar previamente a la comunidad, las deficiencias de la Manifestación de Impacto Ambiental señaladas por varios especialistas, amén de los riesgos, también advertidos por especialistas, de contaminación del agua del estado.
Lo que deseo enfatizar es que habitantes de Homún y personas que se han solidarizado con su causa, ejerciendo sus derechos de reunión pacífica y de libertad de asociación (reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros instrumentos), realizaron una manifestación pacífica hace poco más de una semana, en la que clausuraron simbólicamente la granja porcícola. El Estado respondió enviando antimotines y la delegación estatal de la Profepa clausuró los cenotes en los que trabajan personas de la comunidad. Cuando las personas que se manifestaban exigieron que el personal de la Profepa retirara los sellos de clausura, éstos respondieron que estaban siendo “privados de su libertad”.
Es ante dichos hechos que la Profepa ha anunciado que prepara “una denuncia penal federal contra las personas de Homún por cinco delitos federales: motín, resistencia a particulares, privación de la libertad, robo de documentación confidencial y daño a la propiedad pública” (DdeY, 25-9-18).
Aquí resulta fundamental exponer lo que ha argumentado Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, en su más reciente informe anual, dedicado al tema de “las agresiones y la criminalización a que se ven sometidos los defensores de los derechos humanos de los indígenas” (A/HRC/39/17).
De acuerdo con la Relatora, “La intensificación de la competencia por los recursos naturales protagonizada por las empresas privadas, a veces con la complicidad del Gobierno, ha dado lugar a que las comunidades indígenas que intentan proteger sus tierras tradicionales pasen a ser los principales objetivos de una persecución”.
En el patrón de abusos que identifica la Relatora, nos encontramos con una serie de acciones cometidas por agentes del Estado o de empresas, en las que los defensores de los derechos de los pueblos indígenas son “acusados de ser obstáculos al desarrollo y actuar contra los intereses nacionales” y que “Por lo general, se imputan cargos contra los pueblos indígenas que se oponen a proyectos en gran escala”. Entre estos cargos se encuentran “el allanamiento, la usurpación, la conspiración, el secuestro, la coacción, la perturbación del orden público y la incitación a la comisión de delitos”.
La criminalización de los defensores de derechos en Homún por parte de la Profepa debe ser detenida. Si bien esto corresponde principalmente a dicha delegación federal, y no directamente al gobierno estatal, será fundamental la coordinación con el próximo coordinador general de la administración federal en Yucatán.
También es responsabilidad de usted proteger a todas las personas que habitan en el estado contra cualquier abuso, incluidos los del gobierno federal. El gobierno del Estado también puede hacer suyas las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial en su más reciente informe sobre el tema. No queremos que la criminalización de los defensores del medio ambiente en Yucatán pase a los libros de texto como lo ha hecho el caso de las indígenas Teresa, Jacinta y Alberta, también acusadas de haber secuestrado agentes federales. No queremos la criminalización de defensores.
Otro de los temas que usted menciona en la entrevista con el Diario, y que fue el asunto principal de su campaña como candidato, es el de la salud.
Cuando fue candidato propuso la creación de la “Chequera de la salud” así como un plan de emergencia para reforzar la red hospitalaria regional.
Además de los elementos anteriores, hay otros más que considerar. Uno es la corrupción e impunidad. El reciente reportaje publicado por el portal Animal Político, “Gobierno de Yucatán dio 150 mdp a empresas fantasmas para hacer estudios sobre enfermedades graves”, documenta cómo Servicios de Salud de Yucatán contrató a empresas de construcción para hacer estudios sobre el impacto de la violencia sexual, la gravedad de la anorexia, entre otros. ¿Cuántos millones de pesos destinados a la salud se han perdido por la corrupción y la impunidad? Estas acciones son inadmisibles. Las autoridades correspondientes deberán investigarlas y sancionarlas, pero el próximo gobierno estatal debe reprobarlas de manera contundente y no permitirlas.
Finalmente, no podemos hablar de la salud en Yucatán sin abordar problemas que representan ya graves amenazas y riesgos para la población, como la contaminación del agua por el uso de plaguicidas y actividades agroindustriales o la deforestación provocada también por grandes proyectos industriales y la especulación inmobiliaria.
En Yucatán, como en otras partes de México, se usan plaguicidas prohibidos en Europa y especialistas estiman que la presencia de plaguicidas en el acuífero del estado supera hasta 800 veces los límites permitidos por la normatividad europea. Cánceres, malformaciones congénitas, muerte fetal y problemas cognitivos de desarrollo en niños son problemas asociados a la acumulación de plaguicidas en el ser humano.
Del mismo modo, se estima que en los últimos 25 años se ha perdido casi una cuarta parte de la vegetación del estado, lo cual se traduce en un mayor riesgo de contaminación del agua (agua.org.mx).
Sr. gobernador: Yucatán no será seguro para toda la población mientras se continúen desarrollando proyectos que violen derechos humanos individuales y colectivos. Del mismo modo, la contaminación del agua y la deforestación deben ser dos temas fundamentales en su política en materia de salud en el estado.
Para estas medidas, y en general para cualquiera que busque un Yucatán más digno y justo para toda la población, la participación ciudadana y un enfoque de derechos humanos serán indispensables.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM