jueves , 23 septiembre 2021
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¿Un éxito o un fracaso?

Las consultas

Por Dulce María Sauri Riancho (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Éxito y fracaso: estas dos palabras describen los resultados del primer ejercicio de consulta popular realizado en México.

Desde la introducción de esta figura de participación ciudadana en la reforma político-electoral de 2014, ningún intento por activarla había procedido.

Finalmente, con una pregunta obtusa, complicada de entender en sus términos y confusa en sus consecuencias, el domingo pasado se instalaron las mesas receptoras para que casi 94 millones de personas pudiese acudir a manifestar su voluntad sobre investigar o no a los “actores políticos del pasado”.

Poco menos de 7 millones respondieron a la invitación, alrededor del 7% del padrón electoral, que contrasta con 48 millones que acudieron el pasado 6 de junio a emitir su voto. ¿Por qué se dio esa escasa respuesta popular? ¿Qué falló?

Muy lejos estuvo la cifra de participación del 40% indispensable para hacer de aplicación obligatoria los resultados de la consulta; por tanto, desde esa perspectiva, la misma noche se agotó este primer ejercicio ciudadano.

A pesar de estas cuentas negativas del domingo pasado, también se puede afirmar que la consulta fue un éxito: el INE organizó la instalación de las mesas receptoras, capacitó a las y los ciudadanos que las integraron quienes, puntuales, acudieron a cumplir con su deber ciudadano. El Consejo General del INE, pendiente en toda la jornada, dio a conocer los resultados del conteo rápido a hora oportuna, con un triunfo arrollador del “Sí”.

Lo más fácil

¿Por qué emprendió el presidente López Obrador y su partido Morena este complicado camino para enjuiciar al pasado? Más allá de la actitud “ponciopilatesca” de lavarse las manos, tal parece que hay una negativa de su parte para enfrentarse a las consecuencias de las propuestas de combate frontal a la corrupción que lo llevaron al triunfo electoral en 2018. Es mucho más fácil enfrentarse a los molinos de viento del pasado que responder a la realidad cotidiana de un pueblo azotado por la pandemia del Covid, que ha visto deteriorar rápidamente sus escasos avances en salud, educación y, sobre todo, sus expectativas de un futuro mejor.

Si a juicio presidencial los acontecimientos entre 1988 y 2018 son “causales” de este presente injusto, ¿era la consulta popular el único camino para enjuiciar a los actores y procurar reparación a las víctimas? Definitivamente No.

Existe un antecedente poderoso que, de tener una actitud más humilde y abierta, hubiera encontrado el Ejecutivo para aplicar y, quizá, obtener resultados tangibles, más allá de la demagogia facilona que ha rodeado la condena del pasado.

Me refiero concretamente a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado —FEMOSPP—, que “fue creada con el propósito de cumplir con la recomendación 26/ 2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras relacionadas para investigar lo sucedido en los 532 casos de personas detenidas desaparecidas, y para dar una respuesta a la sociedad en torno a la acción del Estado respecto a los movimientos estudiantiles y a los movimientos armados que surgieron a finales de la década de 1960”.

Iniciaba el gobierno de Vicente Fox cuando se tomó la determinación de conformar esta fiscalía especial, al frente de la cual fue nombrado el Dr. Ignacio Carrillo Prieto. Más allá del importante esfuerzo para esclarecer crímenes del pasado, como la matanza de Tlatelolco, las desapariciones forzadas de la “guerra sucia” y los sucesos del 10 de junio de 1971, esta fiscalía fue conformada sin necesidad alguna de “consulta”, haciendo uso el presidente Fox de las atribuciones administrativas que tenía el Ejecutivo federal.

El informe final fue entregado en diciembre de 2005, producto del cual el ex presidente Luis Echeverría fue sometido a proceso.

Cuando las y los diputados realizamos las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, al comenzar este gobierno, uno de los puntos novedosos fue la introducción de la facultad presidencial para crear comisiones que, sin mediar la participación del Congreso, pudieran realizar funciones de investigación. Pensé que era el prólogo para conformar una especie de “comisión de la Verdad”, que atendiese el compromiso presidencial de indagar sobre el pasado.

Nada de eso sucedió, sino que el camino elegido fue hablar, hablar, hablar, sin poner realmente los medios para materializar sus planteamientos. Hasta que llegó la consulta del domingo pasado con los resultados que conocemos.

El tiempo se agota…y la eficacia de la demagogia también. Incluso, la posibilidad de recrear en 2021 la experiencia de 2002, con sus limitados efectos, parecería una respuesta visceral al fracaso del 1º de agosto. En tres meses debiera iniciarse el proceso de revocación para remover, si es el caso, al presidente de la república antes de la conclusión de su mandato.

Las fechas establecidas en la Constitución marcan que durante noviembre y hasta el 15 de diciembre, ciudadanas y ciudadanos inconformes con la gestión presidencial pueden solicitar la activación del mecanismo de revocación ante el INE, organismo que, antes del 4 de enero de 2022, podrá convocar a la consulta de revocación a celebrarse 60 días después, es decir, el 5 de marzo. Ya habrá oportunidad para hacer comentarios sobre este ejercicio inédito, sus riesgos y posibles consecuencias para la estabilidad del sistema político mexicano en su conjunto.

Rescatemos a la consulta popular de la demagogia y el oportunismo político para reivindicarla como un verdadero derecho de la ciudadanía para participar directamente en la toma de decisiones.

El mecanismo funciona, ya se demostró el domingo pasado. Ahora requerimos dotarla de contenidos que verdaderamente sirvan para construir el futuro, con acuerdos fraguados por la expresión de la mayoría.— Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

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