viernes , 19 abril 2024
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Suman mas cargos contra Borgistas

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQRoo) interpuso dos denuncias más por el desvío o mal uso de recursos públicos durante la administración de Roberto Borge Angulo, de parte de funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) o Secretaría de Hacienda.

Se trata de dos carpetas de investigación que en conjunto consignan como desviados más de dos mil 522 millones de pesos tan sólo en 2015, y en las que se involucra a más de seis funcionarios.

Con estas dos denuncias el número de expedientes iniciados por la ASEQRoo ante la Fiscalía General del estado subió a 29, cinco de ellas en contra de ex funcionarios borgistas de la Sefiplan.

Hasta el momento, las irregularidades financieras cometidas y detectadas en las cuentas públicas de los ejercicios 2015 y 2016, suman poco más de 13 mil 400 millones de pesos.

Entre las denuncias presentadas en contra de ex servidores públicos de esta Secretaría, unas se refieren al ejercicio 2015: la primera por mil 522 millones de pesos, en los que se señalan a 17 ex funcionarios como responsables; otro paquete de mil millones de pesos en los que se señalan a cinco ex funcionarios; así como un desvío de 706 millones de pesos que señalan como responsables a siete ex funcionarios.

En el ejercicio 2016, también en la Sefiplan, se detectó un desvío de 574 millones de pesos que señalan a 17 ex funcionarios.

Manuel Palacios Herrera, auditor superior, recordó que con estas dos nuevas denuncias ahora son cinco las querellas ante la Fiscalía Anticorrupción del estado contra 17 ex funcionarios de esa dependencia, y un monto de más de 6 mil 700 millones de pesos afectados por presuntas irregularidades.

Palacios Herrera señaló que en general hay 29 demandas interpuestas en contra de poco más de 84 ex funcionarios de la Administración de Roberto Borge Angulo, con un desvío de aproximadamente 13 mil 683 millones de pesos que buscan recuperarse.

Mientras tanto, el contralor del Estado, Rafael del Pozo Dergal, dio a conocer que desde las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo se utilizaron dudosamente ocho mil millones de pesos, tres mil de ellos provenientes del Gobierno Federal y cinco mil de los recursos propios estatales.

En caso de que estos recursos no puedan ser solventados en las observaciones realizadas en los procedimientos de fiscalización, deberán ser reintegrados  al Gobierno de origen a través de procedimientos resarcitorios, de sanción administrativa o hasta de tipo penal.

Rafael del Pozo dijo que desde 2008 y hasta 2016 se arrastran observaciones en las cuentas públicas que no han sido solventadas, y que se refieren al gasto de esos años en dependencias como la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), la Cojudeq, Oficialía Mayor y la Unidad del Vocero, entre otras.

Aunque más del 70 por ciento de esos recursos mal utilizados, y la posible responsabilidad corresponde a la Secretaría de Finanzas, por ser el principal órgano ejecutor de los recursos.

La mayoría de ellas, dijo, se encuentra en proceso de presentación y desahogo de las observaciones, a través de documentos principalmente.

Reconoció que las reglas de fiscalización vigentes hasta 2017 son complejas y retardaban la posibilidad de intervención de parte de las entidades fiscalizadoras, por lo que llegaban tarde en cuanto a conocer posibles anomalías.

En muchos casos, el plazo legal para el deslinde de responsabilidades ya venció y es casi imposible sancionar a los responsables de los primeros años observados.

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