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Elsy Villanueva Segura, juez primero de control de Mérida, fue denunciada ante el Tribunal Superior de Justicia por cometer irregularidades y parcialidad en la causa penal 54/2016, millonario fraude en el que se decretó sobreseimiento y liberó al acusado Rodrigo A.D.G., por la supuesta prescripción del delito.
La víctima presentó la queja y denuncia en contra de la juez Elsy Villanueva Segura, el pasado día 9, ante el TSJE y solicitó que se actúe conforme a derecho porque se violaron sus derechos humanos y consideró que la juzgadora actuó con parcialidad para fallar a favor del acusado, Rodrigo A. D. G., y solicitó sea retirada del cargo en tanto se investiga el caso.
El motivo de la queja y denuncia es el sobreseimiento de la causa penal 54/2016 que la juez Elsy Villanueva Segura decretó, a petición de la defensa del acusado, por el supuesto sobreseimiento del delito de fraude, ya que argumentó que ya había transcurrido más de un año que es el plazo que otorga la ley para denunciar hechos de querella necesaria; argumentó que la Fiscalía General del Estado no acreditó en la carpeta de investigación de este asunto que el acusado, Rodrigo A. D. G., sea el representante legal del corporativo en cuestión, que es la persona moral contra la que se presentó la denuncia de fraude por cerca de cuatro millones de pesos a la ahora afectada Marysa T. F.
La denuncia de Marysa T. F. en contra de Rodrigo A. D. G., por el delito de fraude se interpuso en 2015
El fallo fue emitido en la audiencia intermedia de este asunto, realizada el 30 de noviembre pasado, a petición de la defensa del acusado, con los mismos argumentos que le fueron revocados a la juez Elsy Villanueva Segura por la sala penal del TSJE el 12 de agosto de este mismo año, al resolver del sobreseimiento con fecha 23 de mayo pasado por la propia juez Elsy Villanueva. En esa ocasión, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia revocó, por mayoría, la resolución de la juez primero de control, por lo que vinculó a proceso a Rodrigo A. D. G., acusado de fraude, por cerca de cuatro millones de pesos por Marysa T. F.
Los magistrados Ligia Cortés Ortega y Luis Esperón Villanueva consideraron que la Fiscalía General del Estado aportó los datos de prueba suficientes para presumir la participación de Rodrigo –en su calidad de representante legal del Corporativo– en la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el artículo 324 fracción XII y el 325 fracción IV del Código Penal vigente.
El tercer integrante de la Sala Penal del TSJE y ponente original de este caso, Ricardo Ávila Heredia, emitió su voto particular en el que confirmó la resolución emitida por el Juzgado Primero de Control de Mérida, en que dio por sobreseído este asunto porque consideró que el delito había prescrito.
Por ser mayoría, prevaleció el sentido emitido por los magistrados Cortés y Esperón, de modo que la resolución final de este asunto fue la revocación al sobreseimiento emitido por la juez de control Elsy Villanueva Segura, y se dictó la vinculación a proceso al acusado Rodrigo D. G. por el delito de fraude.
En la audiencia intermedia, realizada el 30 de noviembre pasado, la Fiscalía y la defensa de la víctima señalaron que a pesar de que no hay un documento notarial que acredite a Rodrigo D. G. como representante legal del Corporativo en cuestión, al declarar ante el Ministerio Público, éste se ostentó como tal y admitió haber firmado el contrato de compraventa de cerca de cuatro millones de pesos con la ahora víctima. Incluso durante la integración de la carpeta de investigación hay dos testigos, ofrecidos por el acusado, quienes aceptan que se realizó esa diligencia notarial, pero alegaron que la compradora no pagó; sin embargo, en el documento de la compraventa se acredita que Marysa T. F. sí cubrió la totalidad del importe.
En octubre de 2013, la ahora afectada se interesó en adquirir un departamento en la playa, por lo que se entrevistó con Rodrigo D. G, quien se ostentó como representante legal del corporativo propietario del lugar y le propuso en venta uno de los 14 departamentos que se construirían en el predio 322 de la calle 15 polígono II de Chicxulub Puerto.
El departamento de la ahora afectada sería el No. 302, por el que pagó la cantidad de tres millones 916 mil 178 pesos, tras firmarse el documento de compraventa entre ambas partes, el 16 de octubre de 2013, ante el notario público Manuel García Ferrón.
En esa ocasión, Rodrigo D. G, se comprometió a entregar el departamento el 30 de agosto de 2014, lo cual no sucedió y, desde entonces, el hombre comenzó a dar evasivas sobre la firma de las escrituras de ese inmueble y se negaba a devolver el dinero. El 13 de noviembre de 2015, Marysa T. F. interpuso la denuncia P3/969/2015 en la Fiscalía Investigadora, ubicada en el fraccionamiento Cordemex de esta ciudad, ya que la afectada también descubrió que el acusado vendió el terreno en cuestión a Roberto L. T. el 3 de septiembre de 2015.
El abogado Efraín Encalada Burgos señaló que la ahora denunciante presentó dos testigos para acreditar que Rodrigo D. G. se negó sistemáticamente a devolver el dinero o entregar el departamento; el inculpado compareció en dos ocasiones ante la Fiscalía Investigadora, en la que primero se reservó el derecho a declarar y, en la segunda, admitió los hechos que se le imputaban.
Añadió que el caso fue turnado al Juzgado Primero de Control de Mérida, en el que la juez Elsy Villanueva no concedió la vinculación a proceso y argumentó que el delito de fraude ya había prescrito.
“Esto es totalmente falso porque la demanda se interpuso en tiempo y forma”, insistió el abogado Efraín Encalada Burgos.
