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Dulce María Sauri Riancho(*)
Hay cuatro meses entre la elección del 2 de junio y el relevo en la presidencia de la república el 1o. de octubre próximo. A diferencia de hace seis años, cuando casi de inmediato Peña Nieto cedió espacios y decisiones políticas anticipadamente a su sucesor, parece que López Obrador no retrocederá un ápice en su ejercicio personal y autoritario del poder, reforzado ahora por una mayoría abrumadora en la próxima Legislatura, que le da posibilidad por sí misma de reformar la Constitución o de plano, de expedir una nueva.
Sheinbaum requiere tiempo para establecer puentes; López Obrador quiere terminar de dinamitar a las instituciones, comenzando por el Poder Judicial, antes de concluir su mandato.
El vocero de la presidenta, Juan Ramón de la Fuente, reitera: “ni ruptura, ni sumisión”. El presidente responde: “mis reformas van, no importa la reacción de los mercados”.
No tengo duda alguna: la pólvora está lista; la mecha, encendida. Solo se trata de esperar al 1o. de septiembre. Ese día el presidente de la república rendirá su último informe ante la nueva Legislatura, la sexagésima sexta, la número 66. ¿Qué habrá de pedirles a sus leales e incondicionales diputados y senadores? ¿Reiterar la aprobación de su “paquete” de reformas y nuevas leyes, anunciadas el 5 de febrero?
Nunca como ahora importan los 30 días que trae el noveno mes del año. Hace 42 años se vivieron acontecimientos que pueden dar luz sobre los riesgos a que se enfrentará el nuevo gobierno. Les platico, amig@s lector@s, la historia de esos días.
En julio de 1982, ya con la crisis de las finanzas públicas encima, se habían realizado las elecciones en las que había triunfado rotundamente el candidato del PRI a la presidencia de la República, Miguel de la Madrid. Había que esperar tres meses para tomar posesión el 1o. de diciembre.
Pero al igual que ahora, el 1o. de septiembre se integró la Legislatura LII de la Cámara de Senadores y de Diputados. En esta última, de 400 legisladores, 299 pertenecían al PRI; y en la Cámara de Senadores los 64 de entonces eran integrantes del Partido Revolucionario Institucional; es decir, el PRI tenía plena hegemonía partidista en ambas cámaras. Permítame señalar que yo era una de l@s 400 diputad@s que iniciaban su gestión.
El 1o. de septiembre de 1982, en un clima electrizado por la tensión, hacia la parte conclusiva de su sexto Informe, el presidente López Portillo anunció una decisión que cambió el curso de la historia económica del país: Dijo que para responder a la crisis económica de entonces había expedido dos decretos: “uno que nacionaliza los bancos privados del país, (aplausos prolongados), y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviniente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. (Aplausos prolongados.) (1)
Apenas cinco semanas después, el 8 de octubre, la aplastante mayoría legislativa consumó la reforma a los artículos 28 y 73 constitucionales. El 17 de noviembre de 1982 la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Miguel de la Madrid, en sus memorias, consigna que apenas la noche anterior fue informado de la determinación presidencial de expropiar los bancos. Él, ya como presidente, tuvo que enfrentarse a las secuelas de esta decisión. La expropiación de la banca privada en 1982 fue un acto de voluntad del presidente de la república sin contrapesos institucionales.
En tiempos de presidencialismo omnímodo bastaba con su voluntad para transformar modelos de representación política o de relaciones económicas, como fue el caso de la reforma para establecer la exclusividad del Estado en el sistema bancario.
Desde 1997 se inició un periodo de acotamiento del presidencialismo autoritario que hoy parece perdido en las brumas del pasado. Durante dos décadas, las minorías opositoras al ejecutivo federal en turno previnieron de excesos y abusos de poder presidencial. Este supuesto básico, sobre el cual se construyó la transición democrática, desapareció definitivamente en las urnas el 2 de junio. La restauración autoritaria que estamos viviendo tiene la legitimidad de los votos que eliminaron los contrapesos políticos y, de un golpe, pueden quitar los obstáculos institucionales que todavía se interponen para consumar —ahora sí— el cambio de régimen.
Aclaro que no creo que el presidente López Obrador anuncie una nueva expropiación de la banca privada, o la determinación de apropiarse de los ahorros depositados en las Afores. Pero, ¿quién sabe?
Quizá el único contrapeso eficaz pueda ser la presidenta electa, su determinación de cumplir su lema “continuidad con cambios”, que se vería prácticamente saboteado por un desplante transexenal de su antecesor. Claudia Sheinbaum juega con enorme desventaja en relación con el modo acostumbrado de traspaso del poder presidencial, comenzando por la lealtad de los nuevos legisladores.
A diferencia de 1982, cuando al iniciar el nuevo gobierno la mayoría legislativa se acercó a la conducción del nuevo presidente, ahora no sabemos qué sucederá si López Obrador utilizara su ascendiente para seguir mandando, o habrá la “mudanza” de lealtades que en el antiguo régimen autoritario le permitía al nuevo mandatario gobernar. La aparente audacia de Ignacio Mier, futuro senador, de plantearle agenda al próximo gobierno, muestra de qué lado se inclina la balanza.
Claudia Sheinbaum va a extrañar una mayoría opositora en las cámaras: le hubiese facilitado la tarea. Espero, por el bien de la república y por el buen resultado de gobierno de la primera mujer presidenta, que esta compleja ecuación política sea resuelta de la mejor manera.
Los contrapesos son la mejor prevención frente a los abusos de poder por parte de los órganos del Estado mexicano. El cheque en blanco que otorgó una mayoría ciudadana al nuevo gobierno no deja más que la esperanza de la autocontención de la nueva presidenta. Pero mientras, septiembre se puede vestir de negro para la democracia y la división de poderes en México. Serán 30 días de alto riesgo. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.
dulcesauri@gmail.com
1) Sexto Informe de Gobierno. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. 1 de septiembre de 1982.
(*) Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán