Dos mujeres, entre ellas una menor de edad, iban a ser arrestadas por los uniformados presuntamente por estar vendiendo en la vía pública; incluso una mujer policía uniformada le colocó unas esposas a la menor, la cual lloraba, asustada.
Fue entonces que un grupo de ciudadanos intercedieron por las indígenas, exigiendo a los policías que las liberaran.
Los ciudadanos reclamaron a los policías que “sí son capaces de despojar y agredir a mujeres indefensas, pero no de detener a ladrones y asaltantes en las colonias de Campeche”.
Los hechos evidencian una clara discriminación en contra de los pueblos originarios, especialmente contra las niñas y las mujeres en situación de vulnerabilidad marginadas y que no solo viven la violencia estructural de no tener acceso a los satisfactores necesarias que las obligan a desplazarse de su lugar de origen, de no tener a la acceso a la educación, un trabajo bien remunerado que les garantice el buen vivir y el ejercicio pleno de sus derechos.
Es grave y preocupante que el Estado haga uso de las fuerzas públicas en contra de poblaciones en condiciones de marginación y vulnerabilidad, como son reconocidas en todos los protocolos de acceso a la justicia las niñas, las mujeres y las poblaciones indígenas, así como las personas en condición de pobreza.