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La UADY revictimizó a las trabajadoras de la Facultad de Antropología que fueron acosadas y hostigadas

•UADY Sin Acoso y el Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI) A.C. destacan que al agresor le rescindieron su contrato, pero por parte de la Institución Educativa no hubo una reparación integral del daño

Mérida, Yucatán, a 20 de julio de 2022.– La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) revictimizó a las trabajadoras administrativas, manuales y suplentes que fueron víctimas de acoso sexual y hostigamiento laboral porque no  respetó  el  “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género” y optó por un procedimiento para conflictos de trabajo y no para agresiones, dieron a conocer la colectiva UADY, el Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI) A.C., y Guadalupe Vázquez Erosa, de Servicios Escolares de la Facultad de Ciencias Antropológicas.

En rueda de prensa, Silvia Esquivel, acompañante legal por parte del Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI) A.C., lamentó que el seguimiento fue «revictimizante y violatorio de derechos humanos», pues el proceso conciliatorio debe ser voluntario a pesar de que las trabajadoras dijeron que no desde el primer minuto; aun así, la Universidad lo llevó al cabo y las víctimas enfrentaron a su agresor, quien las llamó mentirosas, las denigró y la observadora de género no hizo nada.

Pese de que al agresor le rescindieron el contrato, no es una medida de reparación integral, pues faltaron medios de restitución, medios de rehabilitación, garantías de no repetición. «En el comunicado nunca se dijo si recibirá cursos de re-educación para que ya no signifique ningún peligro para la comunidad y no vuelva acosar en otros lugares. Tampoco se menciona si lo volverán a contratar o habrá medidas preventivas a la comunidad universitaria acerca de ese tipo de situaciones o una disculpa pública a las trabajadoras por lo que sucedió», enlistó.

Además, se violó la confidencialidad al haber notificado al victimario, lo que puso en peligro la seguridad las trabajadoras, quienes nunca recibieron una asesoría legal de la Universidad. «Nunca se les explicó cómo sería el proceso, se les convocaba a reuniones y no se les decía el motivo si tenían que llevar pruebas o testigos. Sólo por pasar está incertidumbre es una violación al acceso de la justicia».

Rosa Cruz Pech, directora de la UADY Sin acoso; Silvia Esquivel, acompañante legal por parte del Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) A.C., y Guadalupe Vázquez Erosa, de servicios escolares de la Facultad de Antropología (CRÉDITOS: Visión Peninsular)

La directora de UADY Sin Acoso, Rosa Cruz Pech, señaló que a pesar de los antecedentes de violencia sexual y, en su momento, la denuncia se hizo ante las autoridades correspondientes, este individuo fue colocado en un «puesto de poder, de confianza».

«El resultado de la agresión de hace cinco años es que agredió a las trabajadoras administrativas, manuales y suplentes de la Facultad de Ciencias Antropológicas», precisó.  

Desde hace cinco años, recordó, ya existía un antecedente de que esa persona ejerció violencia sexual a las trabajadoras. «En su momento, a pesar de no contar con un protocolo y las herramientas, si fueron revictimizadas».

Por otra parte, las autoridades escolares actuaron como si defendieran al agresor, los casos no se manejaron con transparencias y hubo reuniones no estipuladas en las que la parte acusada se presentó con sus dos abogados, las víctimas no llevaron testigos y se ejerció violencia de género hacia la abogada de las empleadas. Las únicas empáticas fueron las psicólogas, reconoció la activista.

Guadalupe Vázquez Erosa, de servicios escolares de la Facultad de Antropología, exhortó a las autoridades de la Uady a escuchar a las trabajadoras y no descalificar las denuncias por acoso sexual y hostigamiento en los centros de trabajo.

«Exhorto a las autoridades correspondientes a seguir trabajando en las mejoras de un protocolo para la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género y atender las deficiencias de éste, ya que el actual expone, vulnera y revictimisa a quienes denuncian. Aunque la decisión fue favorable, no hubiésemos podido llegar a esos términos sin la CEJUDI, UADY sin Acoso y AUTAMUADY, las cuales les reiteró mi agradecimiento», señaló.

Las denuncias fueron un total de siete, dos de ellas ante el Protocolo de la Uady, así como una denuncia colectiva de 28 mujeres que se realizó ante la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de la Yucatán (AUTAMUADY).

Silvia Esquivel señaló que la medida sentó un precedente, pero no hubo una reparación integral para las empleadas, quienes fueron revictimizadas porque la UADY no siguió su propio protocolo para la prevención, erradicación y sanción a la violencia de género
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