Cada día nos percatamos que más mujeres denuncian violencia ejercida contra ellas en cualquiera de los ámbitos de sus vidas, sin embargo en más del 90% se queda en eso: la denuncia.
El estado está obligado a proporcionar un defensor y a veces lo hace; los abogados de la defensoría pública no sienten ningún vínculo de empatía ni sororidad para con la víctima; cumplen únicamente con las formas y horarios establecidos, muchas veces ni se presentan a las audiencias dejando a la mujer en indefensión.
A todos estos vicios, hay que añadir amiguismos, padrinazgos y la absoluta carencia de perspectiva de género, DE LOS Y LAS JUECES dónde habría de anteponerse la jurisprudencia que dice “que si una norma jurídica tiene varias interpretaciones se aplique la que mejor proteja a la persona” (jurisprudencia 1a/J.37/2017(10a).
Ahora agreguemos aún más, no existen suficientes juzgados para la atención de víctimas de violencia para mujeres, existen juzgados donde a la víctima se le revictimiza y es permitido por el juzgador, entonces dónde está el apoyo del aparato gubernamental a este sector vulnerable???