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Aunque la XV Legislatura solo ha podido revertir un 50 por ciento del denominado “paquete de impunidad”, el presidente del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que existen posibilidades reales de que integrantes del gabinete del ex gobernador Roberto Borge Angulo, incluyéndolo a él, vayan a prisión.
“Sí, hay posibilidades reales. No únicamente está el tema en el Congreso, hay investigaciones federales sobre los ex funcionarios, comenzando con el gobernador Roberto Borge y de ahí para abajo”, sostuvo Martínez Arcila.
El legislador indicó que hay investigaciones minuciosas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de funcionarios del gobierno de Roberto Borge.
El diputado de Acción Nacional, aclaró que no se requiere “tumbar” al 100 por ciento el “paquete de impunidad”, porque con lo que ha investigado a través de las cuentas públicas y las comparecencias de los ex servidores públicos, es posible exigir a las autoridades la consignación de expedientes ante un juez.
Lo que necesitamos, acotó, es complementar todos los elementos para poder solicitar esa consignación; además, ya tenemos que los delitos de servidores públicos son perseguidos de oficio y no solo como querella, solo se necesitan todos los elementos para que la Fiscalía consigne los expedientes ante un juez.
Cuestionado respecto a qué funcionarios públicos se encuentran en la lista de pre-candidatos a pisar la cárcel por delitos relacionados con malversación de recursos públicos en el estado de Quintana Roo, el legislador, dijo: “Los titulares de algunas de las 16 dependencias y el ex gobernador y de ahí para abajo”.
Entre los servidores que mencionó figuran el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, quien durante la comparecencia, no pudo explicar qué hizo con los más de mil millones de pesos que le dio la concesionaria Aguakán. Y quien juró que resolvería el tema de las becas pero los pagos por 14 millones de pesos siguen pendientes, además de los 500 millones de pesos a proveedores.
En la lista también estaría el ex director de Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) quien declaró que dejó 500 millones de pesos pero no pudo explicar qué hizo con ese dinero cuando era el responsable de resguardarlo.
La ex titular del IPAE que vendió predios a 62 pesos el metro cuadrado en la carretera federal, y cometió otros actos que habrían dañado el patrimonio del estado y al director de la compañía de transportación aérea VIP Saesa.
En conferencia de prensa donde presentó a Idalia Lizette Carrillo Beltrán como directora de Comunicación Social y Crónica Legislativa y a Neslhie Rebeca Silva Macip como encargada de la oficina de enlace en la zona norte, Martínez Arcila aclaró que el Congreso del estado no es Fiscalía ni Poder Judicial, sin embargo, se comprometió a revisarán de manera exhaustiva el manejo de recursos de la administración anterior para que, en caso de tener fundamentado la malversación de fondos, se pueda proceder.
Por ISELA SERRANO
Fuente: Luces del Siglo
