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El Alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus se opone a construcción de la nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa Norte, por lo que serán los Síndicos y Regidores de la Comuna los que tengan la última palabra para aprobar el cambio de uso de suelo.
“La consulta ciudadana es innecesaria ante la negativa del Ayuntamiento de obstaculizar la construcción de la Unidad Médica además de que generaría un peligro perder los 30 millones de pesos destinados al proyecto”, indicó el delegado del IMSS, Álvaro Emilio Arceo Ortiz.
Recalcó que lo único que hace falta es que los Regidores y Síndicos del Ayuntamiento sesionen para aprobar el cambio de uso de suelo para dar paso a la construcción de las instalaciones médicas para terminarlas en un lapso no mayor a seis meses.
Sobre la excusa que dieron los funcionarios municipales al resaltar que esa area es destinada para las festividades de la feria y la clínica obstaculizaría las actividades, el delegado señaló, “el munícipe carmelita evidenció sus prioridades personales a las necesidades de los servicios básicos que son indispensables para la ciudadanía, ya que para él es más importante un lugar para la feria que dura un mes que contra con los servicios médicos todo el año”.
No descarto que se trate de acciones revanchistas del alcalde por no aceptar el terreno de la colonia Héroes de Nacozari, el cual ofrecía como parte del pago de la deuda de 308 millones de pesos, pero dejó muy en claro que el IMSS no acepta pagos en especie, “el predio fue rechazado por el Área de Planeación del IMSS por no contar con las condiciones adecuadas para el buen funcionamiento de la clínica y sería una carga muy pesada para la Comuna urbanizar la zona con la pavimentación de calles, alumbrado público y agua potable”, acotó.
Arceo Ortiz aseveró que las acciones que realiza la actual administración pública en el municipio de Carmen ocasionarían la pérdida de los 30 millones de pesos que la federación destinó para la construcción de la unidad médica, ya que si no se lleva a cabo la delegación federal los asignaría a otro proyecto, perdiendo así la posibilidad de contra una nueva clínica y perjudicando a 28 mil derechohabientes que recibirían atención médica en los seis consultorios de medicina general y los tres en enfermería especializada, proyectados contemplado dentro de la obra.
