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•La lideresa Luisa Inés Martín Puc llamó al Congreso del Estado para acatar la sentencia de la Corte y derogar dicha ley que lesionó los derechos labores de burócratas y trabajadores judiciales
Mérida, Yucatán, a 3 de octubre de 2024.– La secretaría general del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Luisa Inés Martín Puc, exhortó a la presente legislatura del Congreso del Estado que sesione para declarar la invalidez de varios artículos de la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).
“Es de suma importancia que el actual Congreso Estatal publique la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los trabajadores puedan tener conocimiento de los beneficios de la mencionada acción de inconstitucionalidad, pues quienes se publicaron posterior a la publicación de la nueva ley del ISSTEY están siendo afectados pagándoles conforme al salario regulador, mismo que se ha declarado inconstitucional”, señaló.
“La Nueva Ley del Isstey ha sido objeto de gran controversia desde su aprobación”, recordó la lideresa sindical. Los cambios introducidos en la administración saliente perjudicaron gravemente los derechos de seguridad social, pensiones y jubilaciones de los más de 46 mil trabajadores estatales.
El Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado de Yucatán realizó las gestiones pertinentes ante diversas autoridades, inclusive peticiones a través de transparencia de la SCJN como
las acciones de inconstitucionalidad 118/2022 y su acumulada 121/2022, mediante las cuales se declara la invalidez de varios artículos de la misma, aprobada por la legislatura anterior de mayoría panista, por lo que la nueva Legislatura debe estar muy pendiente para publicarla en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
Durante años, los empleados estatales han sufrido la erosión de sus derechos laborales, exacerbada por la falta de transparencia en la gestión del ISSTEY, lo que generó una creciente preocupación entre los derechohabientes, mencionó.
Luisa Martín mencionó que la negativa de la anterior administración a respetar los derechos de los trabajadores y la falta de acción para rectificar las irregularidades han sido persistentes.
“Hoy día, podemos decir que cumplimos con nuestra principal obligación como sindicato, la defensa de los Derechos laborales, derechos humanos y de seguridad social de los trabajadores del Poder Judicial Estatal, así como los más de 40,000 derechohabientes del ISSTEY”, dijo.
El fallo de la Suprema Corte representa una victoria significativa para los trabajadores estatales y el Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado, quienes han luchado incansablemente contra las disposiciones de la Ley del ISSTEY, que imponía condiciones desfavorables a los empleados públicos.
