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Animal Político
Omisiones de las fiscalías contra las que denuncian
Martha estuvo tres horas refugiada en la escuela, aterrada y sin saber qué hacer. Al director de la primaria donde estudia su hija le dijo que no podía volver a su casa porque su esposo la iba a matar. A las 5 de la mañana de ese día, 5 de junio de 2018, el hombre le dio una golpiza. Fue por un cuchillo. Iba a asesinarla. Una de las dos hijas de ambos empezó a suplicar que no le haga daño a su madre, eso lo detuvo.
La mujer trató de seguir la rutina y preparó a la niña de 7 años para llevarla a la escuela. Con ese pretexto logró salir de la casa. Cruzó la puerta de la vivienda pensando huir, junto con su otra hija, de 4 años, pero no supo a dónde ir. A donde volteara solo había monte y un callejón con una hilera de casas humildes. La última era la suya. Lo único que se le ocurrió fue encaminarse a la primaria y refugiarse ahí.
Después de tres horas de buscar una opción para ayudar a la mujer, el director de la escuela llamó a la asociación civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena (Cadin). Le dijeron que ahí la ayudarían. Liria May, coordinadora del Centro, tomó el caso. Durante días acompañó a Martha a la Fiscalía General del Estado y a diversas instancias buscando ayuda.
Las autoridades las trajeron dando vueltas. No les dieron ninguna solución, ni siquiera emitieron una orden de protección. Cansada de ir y venir, sin dinero ni trabajo ni vivienda propia, Martha, de 38 años, tuvo que regresar con el marido.
La estadística oficial del Inegi, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2016) registra que Yucatán es uno de los 10 estados donde las mujeres sufren más agresiones. La prevalencia es de 65.2%. La más alta es la Ciudad de México, con 78.4 por ciento.
San Antonio Sihó
Pero Liria May dice que ese porcentaje será la prevalencia promedio en todo Yucatán. En las comunidades que ella atiende: San Antonio Sihó, en Halachó, y Maxcanú en la zona maya del poniente del Estado, ocho de cada diez mujeres sufren violencia.
Casi ninguna obtiene justicia o protección por parte del Estado. A Cadin llegan unas 30 mujeres al mes, de ellas solo tres o cuatro deciden levantar una denuncia. Muchas prefieren ir con el juez de paz y conciliar. Otras solo buscan apoyo psicológico o algo que las reconforte: una sobada tradicional maya o dígito-puntura, servicios que también da el Centro.
De las que denunciaron, “solo en dos casos hemos logrado el acceso a la justicia y ahora esas mujeres están separadas de sus ex parejas, trabajan y son independientes”. En el primer caso, una abogada que entonces estaba de planta en el CADIN llevó todo el proceso y ganó. En el segundo, la mujer halló trabajo y logró escapar del esposo.
El bajo índice de éxito cuando las mujeres denuncian violencia tiene un origen de discriminación por género, pero también es una cuestión racista, dice Fátima Gamboa, abogada de la asociación civil Equis Justicia para las Mujeres.
No les importa
“A las autoridades no les importa lo que les pase a las mujeres indígenas. Les ponen un montón de pretextos y les hacen muchos engaños para no atenderlas. No le dan importancia al problema de la violencia. Creen que ellas tienen la culpa de eso”.
Los ministerios públicos que trabajan en municipios que no son la capital de Yucatán no tienen monitoreo, seguimiento ni evaluación sobre su labor.
“No hay herramientas institucionales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas como sí las hay en las ciudades. No tienen defensoría pública gratuita, no hay flujo de información, ni mecanismos para que puedan quejarse si las atienden mal, y muchas ni siquiera hablan español”, explica la abogada.
El mismo día que el director de la escuela pidió apoyo para Martha, Liria May la acompañó al Ministerio Público de Maxcanú. Se levantó la denuncia, y nada más. El médico forense no estaba, así que la víctima no tuvo revisión. Tampoco se emitió una orden de protección para evitar más agresiones.
“El fiscal nos dijo que la persona encargada de emitir esas órdenes no estaba y que volviéramos después”, cuenta Liria.
Martha no quiso irse a un refugio. Se fue a la casa de su papá. El esposo llegó en la noche hasta allí. Entró a la fuerza y volvió a golpearla. La mujer alcanzó a llamar al CADIN. Del Centro se comunicaron con la delegación de Halachó. Llegaron varios policías a la casa y se llevaron detenido al agresor.
En casos así, explica Gamboa, el Ministerio Público tiene 48 horas para vincular al acusado a proceso. Pero casi nunca terminan de hacer la investigación y no tienen todos los elementos para llevarlo al juez de Control, así que lo terminan soltando.
“Porque lo permiten”
May sabía eso, por eso llevó a Martha, al día siguiente, otra vez a la Fiscalía para tramitar la orden de protección. Le dijo al Ministerio Público que el esposo golpeó otra vez a Martha. “Y qué más quiere que hagamos —le respondió el agente—, la violencia es parte de la cultura de estas mujeres. Las golpean porque lo permiten. Cuántos años lleva aguantando violencia sin hacer nada”.
“Eso nos dijo el licenciado”, dice Liria.
Fue cuando Martha le espetó: “Sí, pero ya no quiero seguir aguantando”.
No les dieron la orden de protección, ni ese ni los dos días seguidos en los que volvieron por el documento. “Nunca encontramos al supuesto responsable de emitirla”. Solo se levantó una nueva denuncia.
Fátima Gamboa, la abogada de Equis Justicia, dice que es mentira que haya una figura responsable de emitir las órdenes de protección. “En el Ministerio Público los agentes investigadores o los fiscales que estén ahí tienen la competencia para dictarla. Solo que muchos no saben que pueden hacerlo ni cómo”.
Otra cosa que suelen decirles a las mujeres indígenas —dice Leticia Murúa, directora de Apis Sureste, Fundación para la Equidad, otra organización que apoya a víctimas de violencia— es que para obtener una orden de protección primero deben levantar una denuncia y también les piden que la solicite un abogado. “Ninguna de las dos son condicionantes”. La mujer puede solicitar una orden de protección de emergencia y la autoridad tiene que emitirla.
El idioma también es un obstáculo para la justicia. Cuando las mujeres llegan al Ministerio Público, dice Gamboa, les preguntan si hablan español o maya. “Muchas responden que entienden español, entonces les dicen: ‘Ah, bueno, vamos a hacerlo todo en español’”.
Sin traductor
Las están obligando con eso a hacer un procedimiento legal en un idioma que no es el suyo y que no dominan. Y si piden un traductor, tienen que esperar horas o volver al otro día porque deben llegar desde la central de Mérida.
Liria acusa que a las promotoras de justicia comunitaria o a las acompañantes de las asociaciones, los fiscales les prohíben hablar en maya con las mujeres. “Nos dicen que no estamos en la lista de traductores de la Fiscalía y que entonces debemos hablar en español con ellas”. Eso también complica todo el procedimiento.
Lo que las mujeres indígenas encuentran en los ministerios públicos —resume Murúa— es una insensibilidad general. “Hasta les preguntan si están seguras de levantar la denuncia, les dicen que si ya lo pensaron bien, porque luego se arrepienten y los perdonan”.
Martha y Liria también fueron a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) de Halachó para tramitar la pensión alimenticia. La mujer estaba decidida a separarse del esposo. Pero ahí tampoco encontraron a la encargada de llevar el procedimiento.
“Nos dijeron que solo está un día a la semana, pero no hay día fijo ni hora para encontrarla”, explica May.
Volver con el agresor
El esposo de Martha salió libre. Tras dos semanas, ella decidió volver a la casa con él. No tenía a dónde ir, en la de su papá vivían otras familias y no cabían ya. No tenía trabajo. “Decidió volver porque no tenía dinero para darles de comer a sus dos hijas. No podía llevar a la mayor a la escuela, no tenían donde vivir y ella apenas sí habla español”, explica Liria.— Animal Político
