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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Publicado en Diario de Yucatán
La mayoría de los devastadores incendios recientes en el Amazonas han sido provocados por seres humanos, particularmente por granjeros que preparaban las tierras para la producción de soya y carne. Y han sido tolerados, cuando no incitados, por el gobierno de Brasil presidido por Jair Bolsonaro.
De acuerdo con diversos informes, entre 2004 y 2012 Brasil había logrado llevar el problema de la deforestación del Amazonas a sus niveles más bajos. Lo hizo creando áreas de conservación de selva, monitoreando las actividades de productores y sancionando a aquellos que destruyeran áreas protegidas. Sin embargo, la deforestación repuntó de nuevo en 2014 con el aumento de la producción de res y soya. Y la situación ha empeorado con la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil. No solo porque el mandatario brasileño, al igual que Donald Trump en Estados Unidos, es un escéptico del cambio climático y está rodeado de ministros que niegan o minimizan la crisis ambiental que vive el planeta. Sino porque Bolsonaro ha puesto los intereses agroindustriales por encima de las comunidades indígenas y del medio ambiente. El primer día de su gobierno, Bolsonaro aprobó un decreto según el cual la certificación de la protección de los territorios indígenas es ahora responsabilidad del Ministerio de Agricultura y no de la Fundación Nacional del Indio, como era antes. El Ministerio de Agricultura, sobra decirlo, se ha caracterizado por defender los intereses de la agronindustria (“The New York Times”, 3-1-19).
A pesar de que en Yucatán más del 65 por ciento de la población se identifica como indígena, en la entidad no existen territorios indígenas reconocidos oficialmente. Existen algunas figuras que, en teoría, protegen las tierras comunitarias y los recursos naturales, como los ejidos —particularmente las tierras de uso común— y las áreas naturales protegidas. Sin embargo, en los hechos, el predominio de los intereses inmobiliarios, agroindustriales y turísticos violan los derechos de las comunidades indígenas al disfrute de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.
Como recuerda la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera en su artículo “Privatización ilegal e ilegítima de los comunes en la Península de Yucatán”, las tierras ejidales de uso común siguen siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables (“La Jornada”, 17-8-19). No se pueden vender (al menos no directamente, primero tendrían que parcelarse por decisión de la asamblea ejidal). Las tierras de uso común son las de “mayor riqueza en términos de biodiversidad, ya que en ellas se encuentran los bosques y selvas”. En Yucatán existe un alto porcentaje de tierras de uso común ejidal: el 69.9%, a comparación de la media nacional que es de 49%.
Sin embargo, como escribe Torres-Mazuera, “hoy en día, las tierras de uso común ejidal están fuertemente amenazadas por proyectos de desarrollo económico de pequeña y gran envergadura (…) entre 2007 y el 2017 alrededor del 10% de estas tierras [en la península de Yucatán] fueron parceladas y privatizadas”.
Por otra parte, aunque en Yucatán existen por lo menos diez áreas naturales protegidas que equivalen al 3.24% de la superficie total del Estado, éstas no siempre son respetadas, ya sea porque no existe la normatividad correspondiente sobre las actividades que pueden realizarse en ellas, o, simplemente, porque dicha normatividad no se cumple. Así, en una de las áreas naturales protegidas más vulnerables del Estado, la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, las autoridades autorizaron la construcción de una megagranja porcícola de alrededor de 50 mil cerdos por año. Como resultado de lo anterior, Yucatán sufre graves problemas de deforestación y de contaminación del agua. Minneth Medina, directora general de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc —organismo integrado por cinco municipios de la región Puuc que busca conservar el medio ambiente de la zona— ha declarado que en Yucatán se pierden 20 mil hectáreas de selva cada año, principalmente por actividades agropecuarias.
Si los ejidos e incluso el alto porcentaje de tierras de uso común no sirven como protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente, es porque las autoridades han actuado a favor de algunos intereses privados. El caso de Chablekal es ilustrativo. Oficialmente una comisaría del municipio de Mérida, Chablekal es un pueblo que se ubica a unos 20 kilómetros de la capital de Yucatán y se encuentra en una de las zonas de mayor especulación inmobiliaria. En el padrón del ejido de Chablekal encontramos alrededor de cincuenta empresarios y exfuncionarios que viven en Mérida y, en cambio, de él han sido expulsados pobladores locales. Como han documentado Torres-Mazuera y Jorge Fernández Mendiburu, hacia el año 2014, más de 3,300 hectáreas del ejido —aproximadamente las tres cuartas partes del ejido— habían sido parceladas y vendidas. Ahora, como expresan algunos pobladores de Chablekal, ya casi no quedan tierras que vender.
Unión del pueblo
Como respuesta al despojo, el 28 de agosto de 2014 se conformó la Unión de pobladoras y pobladores del pueblo de Chablekal por el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. Se trata de una organización muy importante, no solo porque están denunciando el despojo de las tierras del pueblo, sino porque también ha significado una innovación en la lucha social en Yucatán, un cambio de concepción: no solo los ejidatarios tienen derecho a decidir sobre las tierras ejidales, también los pobladores tienen ese derecho. Su bandera de lucha es que “la tierra es de todos y todas”.
La demanda de las pobladoras y pobladores no solo es justa y legítima —¿por qué empresarios y ex funcionarios que no viven en el pueblo pueden decidir sobre las tierras y los pobladores locales no pueden hacerlo?—, sino que también es legal, tiene fundamento jurídico: el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así, la Unión de pobladoras y pobladores también ha aportado al reivindicar el derecho humano a las tierras, el territorio y los recursos naturales, reconocido por las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Acompañada por la organización de derechos humanos Equipo Indignación, la Unión ha conseguido un importante logro: en noviembre de 2016, el Tribunal Unitario Agrario con sede en Mérida concedió una medida precautoria para que 284 hectáreas de montes en el polígono Misné Balam, en Chablekal, no puedan ser vendidas, que se “mantengan en el estado que actualmente guardan”.
De acuerdo con la medida precautoria, “el ejido de Chablekal (… debe respetar) la superficie de tierras que tengan en posesión los integrantes de la Unión de pobladoras y pobladores, que son la parte actora del presente juicio agrario”.
La medida precautoria para conservar Misné Balam no sido del todo respetada. La Unión de pobladoras y pobladores ha tenido que enfrentarse a la visión de algunos ejidatarios de que las tierras son para trabajarse o para venderse, no para conservarse. Pero las y los pobladores sostienen que esas tierras, de las que son posesionarios, deben preservarse. No son tierras ociosas, sino que son un verdadero tesoro de plantas medicinales y maderas —chaká, waxin, ja’bin, chukum y muchas otras— que constituyen un invaluable patrimonio biocultural. El día de ayer la Unión celebró sus cinco años de lucha. Lo hicieron frente a una nueva amenaza: el anterior comisario ejidal entregó, de manera ilegal, casi la mitad de las tierras de Misné Balam en usufructo a los empresarios Carlos Abraham y Mauricio Montalvo.
Ilegalmente, el excomisario ejidal, fuera de sus funciones, inscribió el contrato de usufructo en el Registro Agrario Nacional. De acuerdo con el contrato, el ejido otorga a Abraham y Montalvo el usufructo de 390 hectáreas de tierras de uso común. Según los pobladores, 127 de esas hectáreas forman parte del polígono Misné Balam.
¿Cómo fue posible este contrato de usufructo si las tierras de Misné Balam están protegidas por una medida judicial? Para las y los pobladores de la Unión, el contrato evidencia que las autoridades están coludidas: la Procuraduría Agraria tuvo que haber avalado la asamblea y el Registro Agrario Nacional permitido la inscripción del contrato. ¿Qué va a hacer ahora el Tribunal agrario?, se preguntan.
En un contexto mundial de devastación ambiental, medidas de protección como las concedidas al polígono Misné Balam, en Chablekal, deben ser plenamente respetadas. Aún más, las autoridades deben de promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han ocupado por encima de los intereses inmobiliarios, agroindustriales y turísticos que han provocado deforestación, contaminación del agua y otros problemas. En un comunicado publicado ayer, la Unión de pobladoras y pobladores cuestionan: “queremos preguntar a la magistrada del Tribunal Agrario, Lic. Lilia Isabel Ochoa Muñoz, ¿qué piensa hacer ante estos hechos que están violando su autoridad?, ¿Qué castigo va a haber? Vemos que el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, el ejido de Chablekal violaron dicha medida”.
Los incendios del Amazonas nos sirven como alerta del desastre al que podemos llegar cuando las autoridades violan los derechos de los pueblos indígenas y las protecciones al medio ambiente para favorecer intereses privados.— Mérida, Yucatán rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM