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Mérida, 25 de marzo, 2025.- A casi un mes de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Municipal de Conkal decomisaran una camioneta Chevrolet Tahoe a una madre de familia en presencia de sus hijos menores, las autoridades no han podido informar el paradero del vehículo, generando una situación que los abogados de la afectada califican como «sustracción ilegal» y «desaparición administrativa».
La camioneta, de color arena y con placas de circulación VLL746D del estado de Sinaloa, propiedad de Tania Patricia Martínez Soto, quedó asegurada el pasado 26 de febrero bajo circunstancias que la afectada denunció como intimidatorias y violatorias de sus derechos.
A pesar de que la Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente información sobre el vehículo, las corporaciones policiales involucradas han sido omisas en proporcionar datos precisos sobre su ubicación actual.
El 7 de marzo, la Fiscalía giró un oficio a la SSP solicitando información detallada sobre los hechos denunciados por la señora Martínez Soto, los nombres de los elementos que intervinieron en el operativo, así como la documentación relativa a la cadena de custodia y resguardo del vehículo.
En el mismo documento, se instruyó a la dependencia a poner la unidad a disposición de la Agencia 35 Periférica de Cordemex en un plazo no mayor a cinco días hábiles, requerimiento que hasta la fecha no ha sido atendida.
Las inconsistencias en los reportes oficiales han alimentado la preocupación de la afectada. Mientras el parte policial asegura que una grúa de la SSP con número económico 935, a cargo del policía tercero Bernabé Romero Keb, trasladó el vehículo a un depósito vehicular de la Secretaría, evidencias fotográficas muestran que la camioneta fue inicialmente remolcada a un negocio llamado «NASCAR», ubicado a tan solo 200 metros del lugar donde fue intervenida, contradiciendo la versión de que la grúa «arribó al lugar de los hechos» como se afirma en el informe.
«Temo que se cometa algún delito con mi vehículo o incluso que se proceda a introducir objetos ilegales con el objetivo de perjudicar a mi persona», expresó Martínez Soto en la denuncia presentada el 6 de marzo ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), donde detalla cómo un oficial «de manera ilegal con las llaves que me arrebataron se sube a mi vehículo y se lo llevan de donde estaba, violando todo procedimiento y protocolo policiaco».
Otra discrepancia significativa radica en las versiones sobre el tiempo de la intervención. El informe policial menciona que se trató de «unos minutos de diálogo», cuando los videos de vigilancia recuperados evidencian que el incidente se prolongó por más de una hora y media. Además, según la denuncia, el agente José Porfirio Cetz Iuit de la unidad 6668 de la SSP fue quien inicialmente abordó a la conductora, mientras el informe indica que fue un oficial municipal quien realizó la primera aproximación.
La Dirección de la Policía Municipal de Conkal, a través de un oficio firmado por su titular, el comandante Edgar Solís Ávila, intentó deslindarse parcialmente del caso, argumentando que el vehículo «fue retenido por la grúa de la Secretaría de Seguridad Pública», lo que, según indicó, «imposibilita a esta Autoridad a informar respecto a la ubicación física del vehículo». En el mismo documento, fechado el 11 de marzo, se menciona que la retención se efectuó «en virtud que el mismo al cruzar por los arcos viales presentaba un reporte de C-5».
Sin embargo, de acuerdo con los protocolos establecidos, cualquier vehículo asegurado por presuntamente estar relacionado con algún ilícito debe contar con un reporte de robo, hallarse en un proceso de recuperación, estar involucrado en la comisión flagrante de un delito o formar parte de una persecución en curso. Ninguna de estas condiciones se cumplía en el caso de la señora Martínez Soto, según consta en la denuncia y en los videos de vigilancia recuperados.
¿Dónde está la camioneta?
«No existe ningún formato de cadena de custodia, es decir, no existe ningún documento en el cual se haya hecho un inventario del vehículo ni se haya resguardado cualquier indicio o evidencia que pudieran haber considerado constitutivos de delito», señala el expediente de la Fiscalía, donde también se constata la ausencia de una denuncia previa u orden judicial que justifique la retención del automóvil.
La narrativa policial incluye elementos que la afectada desmiente categóricamente. Los agentes sostienen que el traslado de la conductora y sus hijos hasta su domicilio fue «a petición de la misma», cuando la señora Martínez Soto señala que fue obligada a subir a la patrulla mientras los oficiales retenían su camioneta.
Además, la denuncia consigna amenazas directas: «No te hagas pendeja porque sabemos quién eres tú, tu esposo, sabemos dónde estudian tus hijos, pobre de ti donde pongan una denuncia porque les cargará la chingada».
La CODHEY ha iniciado un expediente de investigación, mientras la Fiscalía mantiene abierta la carpeta FGE/NORTE/UNADT-947/2025, donde se busca esclarecer no sólo las circunstancias del aseguramiento sino también determinar responsabilidades por la aparente «desaparición administrativa» del vehículo.
