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De la cúspide del poder, Roberto Borge Angulo ha sido reducido a una celda, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), esquema mediante el que sus más cercanos allegados amasaron envidiables fortunas, que continúan gozando en libertad, por ahora.
Fuentes indican que será cuestión de días que la Procuraduría General de la República solicite órdenes de aprehensión en los principales cómplices del lavado de dinero realizado por el gobierno de Roberto Borge Angulo, a través de la venta subvalorada de terrenos y facturaciones simuladas, grupo en el que se incluye, además de Samuel Jiménez Moreno, a Édgar Méndez Montoya, contratista “consentido” de la administración y beneficiado con gigantescas extensiones de terrenos en Othón P. Blanco, Cozumel y otros municipios.
De los 24 terrenos inmovilizados ante el Registro Público de la Propiedad por las autoridades federales y que fueron usados ante el juez para obtener la orden de aprehensión contra el exgobernador, 10 predios fueron para beneficiar a Samuel Jiménez Moreno, director de Expansión de Corpogas, que como este medio ha dado cuenta, participó en redes de simulación fiscal para blanquear grandes sumas de efectivo, que dispersaba en sus diversos comercios, principalmente gasolineras.
Varios de los predios que obtuvo del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) fueron rápidamente revendidos en montos muy superiores, o hipotecados por sumas que a menudo ya no se devolvían, todo protocolizado a través del notario público número 8, José Antonio Arjona Iglesias, quien es socio de varias gasolineras de Corpogas y cuyas oficinas están en el condominio Villa Pescadores de la Zona Hotelera de Cancún, propiedad de otro integrante de Corpogas, Ricardo Vega Serrador, apodado el “zar de las gasolineras”.
Además de varios terrenos en Tulum (ver nota de recuadro), Jiménez Moreno obtuvo un terreno de 50 mil metros cuadrados en el bulevar Colosio de Cancún, donde hoy se yergue el Instituto Cesare, que pese a estar valuado en 5 millones de pesos, lo obtuvo en 2.5 y que rápidamente revendió en 10 millones a Ricardo Vega Serrador, quien logró hipotecarlo en 29 millones de pesos.
Los involucrados en estas operaciones irregulares, la entonces titular del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva; la excoordinadora jurídica del instituto, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, y el propio Roberto Borge Angulo, cuentan con órdenes de aprehensión, quienes se enriquecieron a costa del patrimonio del estado, por esto también están en la mira de la PGR, aunque esto es una pequeña fracción de los ilícitos cometidos. El lavado del dinero público desviado es un expediente aparte que también prepara la autoridad federal y que al ser judicializado redituará en muchas más órdenes de aprehensión, incluida la de Samuel Jiménez Moreno y de Édgar Méndez Montoya.
CONTRATISTA CONSENTIDO
Méndez Montoya, personaje proveniente de Tabasco, logró colarse en el círculo íntimo de Borge Angulo, a través de las conexiones que le dieron sus amistades regiomontanas, donde estudió. Rápidamente se transformó en el principal benefactor de las obras públicas del Gobierno del Estado, a través de la empresa GD Rumega, creada un mes después del arranque de la pasada administración.
Rumega era conformada por Cristóbal Gaudiano y Gilberto Ramos Espinosa, prestanombres de Édgar Méndez y de Francisco Ruiz Anitúa, este último amigo del ITESM de Borge y compadre, ya que se convirtió en padrino de bautizo de Paulina, hija menor de Borge. Su hermano, Javier Ruiz Anitúa, se hizo padrino de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ahora también tras las rejas en Centroamérica.
También figura en esta empresa Jorge Alberto Eljure Abourjaily, pariente político de Eliezer Villanueva Lanz, encargado de la asignación de contratos y cobre de los “moches” que eran redireccionados a la estructura partidista del PRI.
Por último, externo a Rumega, pero parte instrumental de su operación es Andrés Maíz Arce, supuesto “asesor” de Borge Angulo, pero en realidad socio de Édgar Méndez en numerosos proyectos.
Todas estas personas y sus empresas están actualmente siendo investigadas por la PGR, que tiene una lista de 26 empresas “fantasma”, que simultáneamente también son auditadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En total, GD Rumega fue beneficiada con al menos 25 obras públicas, monopolizando las de infraestructura hidráulica, además de construir dos CIPIs (Centros Integrales de la Primera Infancia) en Cancún y Chetumal de la Fundación “Alas”, presidida por la cantante Shakira, cuya inversión fue superior a los 34 millones de pesos y la modernización y ampliación del camino Escárcega-Chetumal, por un monto de 41 millones 969 mil 252 pesos. Y en materia educativa, obtuvo las licitaciones para construir un jardín de niños, una primaria y una secundaria por un valor cercano a los 30 millones de pesos.
Para ellas, Méndez Montoya logró sacar ventaja de información privilegiada y anticipada para elaborar las propuestas ganadoras que se habrán de presentar en los concursos de las licitaciones de los diversos proyectos de obra pública en los que estuvo involucrado, siendo el más importante y polémico de todos ellos, el “Auditorio del Bienestar”, la obra más importante del mandato de Borge Angulo, cuyo costo fue de por lo menos 244.7 millones de pesos, que a la postre fue inaugurada al vapor, con un intrascendente encuentro de futbol con viajas glorias del balompié nacional. Los distintos integrantes de Rumega también fueron beneficiados de forma separada a través de empresas filiales. Los hermanos Ruíz Anitúa, por ejemplo, rentaban dos aeronaves Cessna Citation XLS a la polémica empresa Vip Saesa a un costo de 4 mil 500 dólares la hora de vuelo.
TERRENOS
Pero Édgar Méndez Montoya, además de lucrar con licitaciones “amañadas”, también se sirvió con la cuchara grande en el saqueo realizado a la reserva territorial del estado, a través del Instituto del Patrimonio Administrativo e Inmobiliario del Estado (IPAE). Son estas operaciones irregulares, de ventas hasta por el 1% del valor de los inmuebles, las que llevaron a Borge Angulo a ser arrestado y en ellas figura este empresario tabasqueño en primera fila.
Fue el 17 de julio de 2013, cuando el IPAE, a cargo de Claudia Romanillos Villanueva, quien ahora cuenta con una orden de aprehensión, le entregó a Edgar Méndez un predio de 395 hectáreas (casi cuatro millones de metros cuadrados) en la zona de Xahuayxol, entre Mahahual y Xcalak.
La compraventa por el predio costero de “San Salvador” fue por 5 millones 936 mil 392 pesos con 50 centavos, lo que equivale a un peso y medio por metro cuadrado.
Además de ello, conformó la sociedad Isla Cabañas SA de CV con Juan González y Noemí Rodríguez, la que también es investigada por la PGR por presunto lavado de dinero a través de la compra del hotel Westin Cozumel, en la Isla de las Golondrinas.
