..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
Artículos relacionados
POR JENARO VILLAMIL
(1era Parte)
En menos de un mes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encabezada por Alejandra Palacios Prieto, tomó dos decisiones que han cimbrado al mundo financiero y bursátil mexicano, pero también a la cúpula hacendaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente a los dos equipos formados por el ex titular de Hacienda, Luis Videgaray, y por su sucesor, José Antonio Meade.
La primera decisión fue el anuncio de la Cofece, el pasado 19 de abril, de una investigación sin precedentes para analizar la posible colusión entre grupos financieros, casas de bolsa, administradoras de fondos y organismos reguladores durante los últimos 10 años para beneficiarse del manejo y servicio del mercado de valores gubernamentales, calculado en 6.2 billones de pesos, en perjuicio de la Hacienda pública.
En su comunicado, el titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, calculó que el daño al erario público y a los inversionistas de esta práctica de colusión podría ser del orden de “los cien mil millones de pesos diarios”, es decir, unos 5, 500 millones de dólares diarios, al tipo de cambio actual.
Para el profesor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, “no estamos ante un asunto menor sino ante un posible daño patrimonial enorme” que “involucraría, básicamente, a los 6 grandes bancos privados que habrían actuado como un cartel para fijar tasas de interés y eso provocó que el gobierno mexicano haya tenido que pagar más”.
La segunda decisión importante de la Cofece se dio a conocer el pasado 4 de mayo y fue la sanción histórica por 1, 100 millones de pesos a cuatro grandes Afores privadas (Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI de Banorte y Principal Afore), así como a 11 personas físicas acusadas de realizar “prácticas monopólicas absolutas” que afectaron la competencia y la rentabilidad de los fondos de ahorro para el retiro de 31 millones de mexicanos.
La Cofece aclaró a Proceso que se trata de mercados diferentes y de investigaciones con ritmos y ciclos distintos, pero en las dos investigaciones se presumen “prácticas monopólicas absolutas”. De acuerdo con la propia Ley Federal de Competencia Económica, estas prácticas consisten en “aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores”.
Cofece desestimó la acusación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de que se “extralimitó” e invadió facultades en su resolución.
“La Cofece está aplicando sus facultades (artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica) y el mandato constitucional (artículo 28) para la cual fue creada. Está investigando una posible práctica monopólica absoluta en el mercado en cuestión, como lo haríamos en cualquier otro donde se tengan indicios de una probable colusión”, respondió vía electrónica la comisionada presidenta Alejandra Palacios.
Sobre el caso de la investigación del mercado de intermediación de valores de deudas emitidos por el gobierno mexicano, la presidenta de la Cofece aclaró que “se encuentra en curso” y “es muy importante aclarar que durante la indagatoria no se prejuzga. Dada la naturaleza de reserva que impone la ley a los expedientes en proceso, no hay nada más que podamos comentar”.
Entrevistado vía telefónica, el profesor Tenorio Aguilar afirmó a Proceso que esta investigación sería una “práctica espejo” de la realizada en Gran Bretaña hace poco más de dos años cuando se determinó que la autoridades financiera de Londres y las instituciones bancarias se coludieron para fijar la tasa Líbor.
Posible Quebranto Multimillonario
El pasado 19 de abril, la Autoridad Investigadora de la Cofece publicó en el Diario Oficial de la Federación que iniciaba una investigación de oficio “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”.
El propio titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, explicó el mismo día que “de existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría ser grave considerando que cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados pueden llegar a ser de aproximadamente 100 mil millones de pesos diarios”.
La investigación abarcará todos los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal, los estados y municipios, el IPAB, la banca de desarrollo y empresas estatales como Pemex y CFE.
Hasta el momento, “no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni en los sujetos, en caso de ser considerados como probables responsables al término de la investigación”, aclaró Mena Labarthe.
Extraoficialmente, se calcula que la investigación puede tardar 2 años y medio en total, contando a partir del 28 de octubre de 2016 cuando se inició formalmente. El plazo a partir del 19 de abril es de 120 días hábiles que podría ser ampliado por el mismo lapso hasta en 4 ocasiones adicionales.
Al día siguiente que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio de esta investigación, las autoridades bancarias y financieras mexicanas guardaron silencio. De manera escueta, la Secretaría de Hacienda comentó que “no es parte de la investigación”, pero que “se mantiene atenta para cooperar en ella”.
Para el profesor Tenorio Aguilar, el principal afectado con las presuntas prácticas monopólicas absolutas sería propio Banco de México porque “en cada subasta de títulos gubernamentales tiene el mandato técnico de democratizar el acceso de estos títulos en el mercado y evitar que una se concentre en una sola institución bancaria. Debe revisar que haya varios postulantes”.
“La sospecha de la Cofece es que existe colusión de ciertos agentes financieros que hayan fijado posiciones coordinada”, agregó el profesor del Campus Santa Fe de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey.
Tenorio Aguilar advirtió que, así como realizó una revisión de los correos y las comunicaciones electrónicos entre los directivos de las Afores, puede realizar lo mismo en el caso de los grandes bancos.
“La Cofece tiene atribuciones para pedir este acceso. No estaría violando la privacidad. De comprobarse que sí se pusieron de acuerdo y actuaron como cartel no se la van a acabar”, subrayó.
-¿De existir esta colusión esto explicaría también por qué el alto costo del servicio de la deuda pública?
-Aquí tiene que cuantificarse el daño patrimonial. La autoridad tiene que investigar a los 6 bancos más grandes del país y determinar si no se pusieron de acuerdo para que las tasas de interés no hayan sido más bajas.
-¿Esta investigación no es responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)?
-La CNBV tiene facultades de auditoría permanentes, pero, en honor a la verdad, la CNBV no tiene suficientes brazos para investigar a estos agentes.
-¿A qué atribuye usted que la Cofece haya decidido realizar una investigación de este tamaño? ¿Existe una disputa política entre el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y su sucesor José Antonio Meade?
-No creo que el factor sea político. Se lo atribuyo a la propia autonomía de la Cofece. Los comisionados pasaron por un proceso de selección, de autonomía, sin precedentes. El Banco de México y el INEGI, me consta, realizaron un buen trabajo de selección de estos comisionados.
“No es una confianza a ciegas, pero creo que este tipo de investigaciones pueden augurar un nivel de autonomía mayor. Recordemos que hace tres años la Cofece presentó un estudio sobre las prácticas monopólicas y dominantes de los bancos en México. El objetivo era que el Poder Legislativo lo estudiara para legislar en este terreno”.
Reportaje original publicado en revista Proceso No. 2115