Contaminación real

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Mérida, 24 de marzo de 2026.-  “Hoy recordamos que la paz no es ausencia de guerra, hoy decimos que paz es poder respirar aire limpio, tener comida sana, tomar agua limpia. Paz es permanecer con nuestra familia, paz es sentirnos orgullosos de nuestra identidad”, declaró un joven maya de Hopelchén, Campeche, en el marco de la visita oficial del Relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones Unidas, el doctor Marcos Orellana.

Las palabras del joven maya cobran particular relevancia en estos días, marcados por nuevas y prolongadas guerras, por “flagrantes violaciones del derecho internacional por parte de ciertos países con tendencias imperialistas”, como señaló el doctor Orellana en su Declaración de cierre de misión a nuestro país, el pasado 20 de marzo.

Ante la abrumadora y compleja situación de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha creado “procedimientos especiales” conformados por expertos independientes en derechos humanos que tienen como objetivo informar y asesorar sobre la situación de derechos humanos sobre un determinado tema o país. Así, desde que en 1980 se creó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y en 1985 la Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, actualmente hay en vigor 46 mandatos temáticos y 13 mandatos de país.

Entre estos procedimientos especiales se encuentra el Relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, establecido en 1995, y cuyos informes temáticos anuales han sido cruciales para el desarrollo de normas que nos permitan definir con mayor claridad el contenido del derecho a un medio ambiente libre de tóxicos.

Además de elaborar informes temáticos anuales y de formular comunicaciones dirigidas a gobiernos, una de las funciones centrales de los Relatores especiales son sus visitas oficiales a los Estados, como la que realizó el doctor Orellana a México entre el 9 y 20 de marzo de este año.

Varios Relatores especiales, como el de tortura, libertad de expresión, agua y saneamiento, pueblos indígenas, entre otros, han realizado visitas oficiales a México en el pasado. Yucatán no es uno de los estados que suele ser visitado por los Relatores, ni figurar en sus informes. En el informe que resultó de la segunda visita oficial de la Relatoría especial sobre derechos de los pueblos indígenas a México, se incluyó un caso relativo a derechos humanos en Yucatán (el del parque fotovoltaico Ticul).

Pero esta es la primera vez que un Relator especial incluye Yucatán (así como Campeche) en su visita oficial a México, lo que da cuenta de la gravedad de los impactos de las sustancias tóxicas en los derechos humanos de la región, particularmente a un medio ambiente sano, a la salud, al agua, al trabajo, a la cultura y de las infancias y los pueblos indígenas. En Yucatán, el Relator se reunió con organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de Mérida y visitó la comunidad de Santa María Chi, donde recientemente fue clausurada la megafábrica porcícola y a donde asistieron integrantes de otras comunidades afectadas por megaproyectos porcícolas, como Sitilpech, Chocholá y Kinchil.

Procesos

En su Declaración de cierre de misión, el Relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos advirtió que “en México los procesos industriales han generado pasivos ambientales, altos niveles de contaminación, y exposición de personas trabajadoras y comunidades que resienten los impactos de forma directa y desigual” y expresó su preocupación por la proliferación de “zonas de sacrificio a lo largo del país, con motivo del crecimiento industrial”.

Junto a casos graves de contaminación de ríos, como el Atoyac en Puebla y Tlaxcala, el Lerma en el Estado de México, el Tula en Hidalgo y Santiago en Jalisco, el Relator dedicó todo un apartado a Yucatán, particularmente sobre las “fábricas de animales en Yucatán, específicamente de cerdos”.

Al respecto, el Relator señaló que “el estado de Yucatán se caracteriza por su amplia biodiversidad y suelo kárstico, la existencia de mantos acuíferos que han sostenido a las comunidades, pueblos y ecosistemas circundantes durante generaciones, y la presencia considerable de Pueblos Indígenas, mayoritariamente Maya”.

El Relator observó que “durante la última década, el número de fábricas de cerdos (también conocidas algo eufemísticamente como granjas porcícolas) ha aumentado de manera descontrolada y exponencial”, señalando la existencia de “más de quinientas fábricas de cerdos en las inmediaciones de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas. La mayoría de estas operaciones industriales carecen de autorizaciones ambientales y generan tremendas cantidades de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos”.

Asimismo, de acuerdo con el Relator, “la descarga continua de desechos nocivos en cuerpos de agua de recarga de los mantos acuíferos especialmente dentro del Anillo de Cenotes -sitio protegido por el Convenio de Ramsar- afecta de manera adversa los derechos de las comunidades”.

El Relator también ubica el problema en el marco de los desarrollos recientes en el derecho internacional sobre la emergencia climática, al observar que “las fábricas de cerdos generan significativas emisiones atmósferas de metano, un contaminante climático de vida corta mucho más potente que el dióxido de carbono”.

También le resultan preocupantes “la falta de transparencia sobre el funcionamiento de estas fábricas de animales; la deforestación que generan; y la criminalización contra liderazgos comunitarios para disuadir su activismo”.

Paso positivo

Reconoce que la reciente “clausura de la fábrica de cerdos en Santa María Chi es un paso positivo”, pero que le “preocupa especialmente le hecho de que muchas otras fábricas, según se informa, continúan operando a pesar de la falta de autorizaciones ambientales y de consulta previa, libre, de buena fe, culturalmente adecuada e informada a los Pueblos y comunidades indígenas”.

Ante algunas respuestas por parte de la industria, el Relator apunta que “los biodigestores [empleados en las fábricas] generan efectos nocivos al sugerir que el problema tóxico está siendo abordado mientras las excretas de los suelos agravan el daño a los mantos acuíferos, día tras día”.

Y, frente al argumento de algunas de las empresas de que comenzaron a operar antes de la promulgación de legislación ambiental, el Relator declaró que “he escuchado el argumento que las nuevas normas ambientales como las de protección de la calidad del agua, no pueden afectar derechos adquiridos. Sin embargo, no existe un derecho adquirido a contaminar. La primacía de los derechos humanos y los derechos constitucionales requiere de la aplicación efectiva de normas a todas las actividades que puedan imponer riesgos tóxicos”.

Entre las recomendaciones, el Relator alienta al Estado “a implementar de forma coordinada e interinstitucional las medidas necesarias para que los pueblos puedan tomar una decisión con base en procesos de participación amplios y efectivos en los que cuenten con toda la información accesible acerca de los impactos a la salud de estas instalaciones. Estas comunidades han venido soportando durante años olores fétidos y ruidos día y noche, plagas de moscas, y contaminación de sus aguas de pozo y el aire”.

Igualmente, recomienda la emisión de una “declaración de emergencia sanitaria y ambiental”, con la cual se “podría destinar recursos para la aplicación de una política pública que pudiera reparar los daños y asegurar la no-repetición”.

Finalmente, exhorta a las autoridades a reforzar las “medidas de supervisión y fiscalización” sobre las fábricas de cerdos, “en consonancia con los estándares internacionales, y que se suspendan todos aquellos mecanismos que tienden a disuadir la libertad de expresión y asamblea, amenazar la labor de defensa a la naturaleza y criminalizar al pueblo maya”.

Respaldo

Así, con su visita oficial y declaración de cierre de misión, el especialista de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos respalda lo que comunidades, organizaciones de la sociedad civil y académicas y académicos hemos señalado por años con respecto a los impactos de los megaproyectos porcícolas en los derechos humanos en Yucatán, tal como señalan el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, la Fundación para el Debido Proceso y las autoridades comunitarias de Santa María Chi en un comunicado a propósito de la visita.

Me sumo al llamado del Relator a que, en estos tiempos de guerra, las autoridades de todos los niveles de gobierno y poderes se comprometan efectivamente con el sistema multilateral de derechos humanos de las Naciones Unidas, ya que “el respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es piedra angular de un futuro de paz y prosperidad para los pueblos”. —Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

(*) Investigador del Cephcis-UNAM