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Por: SemMéxico
· Permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas y de edad en el acceso a la justicia
· Celebra familia y representantes de Ernestina Ascencio Rosario determinación
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 17 de diciembre, 2025.- La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas Ernestina Ascencio Rosario y Familia.
Así lo señalan en un comunicado la familia de doña Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, quienes afirman que las violaciones a derechos humanos de los que han sido objeto tras casi 19 años fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables y proponen que el Estado mexicano “proponga una hoja de ruta” para cumplir con la sentencia.
Por ello, celebran la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que, declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
La sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural, refieren en un comunicado firmado por seis organizaciones.
Destacan que en la notificación de la sentencia, que se dio a conocer ayer, desde Costa Rica, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.
El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia y en consecuencia el Estado incurrió en violencia institucional.
Una nueva metodología
De acuerdo con la familia de Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes con la sentencia se sienta un precedente en la forma de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.
En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables.
Además de adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen.
También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el Municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz, y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas.
El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.
«Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron», dijo Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, tras conocer la sentencia.
Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del Cetntro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, «la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina:
‘Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh’ -Los hombres de verde se me echaron encima-«.
A su vez, Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de Asesoría Jurídica y Defensa de los Derechos Humanos, señaló que «el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México».
Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.
Casi dos décadas después
La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023.
La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.
El comunicado fue suscrito por las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Como representantes de las víctimas tras la notificación de la sentencia solicitaron formalmente al Estado mexicano proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 «Año de las Mujeres indígenas», cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.
SEM/sj
