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Dulce María Sauri Riancho *
Fuente: Diario de Yucatán
Revocar el mandato
El pasado lunes —1 de noviembre— se inició la recolección de firmas de ciudadanas y ciudadanos que demandarán al Instituto Nacional Electoral la aplicación del mecanismo de revocación de mandato presidencial. Morena y sus aliados políticos sostienen que se trata de refrendar la confianza en la gestión del presidente de la república; por eso conminan a sus militantes y simpatizantes a recabar el número de apoyos necesario antes del 15 de diciembre. Por su parte, los opositores al presidente pueden considerar que la revocación es oportunidad de deshacerse de un mandatario cuya gestión representa un riesgo creciente para el país.
Como gran vendedor de ilusiones, desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador insistió sobre la potestad del pueblo para poner y quitar a sus gobernantes. Impecable afirmación, piedra angular de una democracia.
El pueblo “pone” porque elige en los procesos electorales que se realizan cada tres o seis años; pero la parte de “quitar”, hasta 2019 sólo se daba por haber llegado al término del mandato o por haber solicitado licencia para separarse anticipadamente del cargo. Desde 1932, hace casi 90 años, ningún presidente de la república ha solicitado licencia para dejar el cargo.
La introducción de la figura de revocación de mandato como parte de la Constitución, se realizó en medio de una intensa polémica en las cámaras de Diputados y de Senadores que, por el requisito de la mayoría calificada, requería convencer a una parte de las y los legisladores opositores a Morena y sus aliados para ser aprobada.
En la complicada negociación parlamentaria se votó por establecer la revocación como un derecho de la ciudadanía a exigir que, por razón de pérdida de confianza, la persona electa para gobernar seis años se vaya después de la primera mitad de su mandato.
Dada la importancia de esta determinación, se definió que la fecha de la jornada de revocación sería exclusivamente para este propósito, sin mezclarla con elecciones o con otra consulta, como era el propósito del presidente López Obrador. “Entró conejo y salió caballo” se dice en la jerga legislativa para describir la transformación de una iniciativa en aras de conseguir el consenso y los votos.
Pero en lo que atañe a la revocación el asunto fue más de fondo, pues se confrontaron dos maneras distintas de plantear este relevante asunto. Por parte del presidente de la república, intentaba obtener un refrendo de su mandato, una especie de “refresco” de su legitimidad cuando hubiesen transcurrido tres años.
Por el contrario, las oposiciones remarcamos que esta figura se tendría que aplicar si existía un grupo significativo de ciudadanas y ciudadanos que hubiese perdido la confianza en la gestión presidencial y que quería anticipar su salida por los malos resultados de su gobierno.
La indispensable mayoría calificada de dos tercios permitió la aprobación del artículo 35, fracción IX de la Constitución, donde se detalla cuándo y en qué forma se organiza la revocación, cuántas firmas se requieren para ser convocada y qué porcentajes de participación y de aprobación se requieren para ser vinculatoria, es decir, para que tenga consecuencias legales.
Condiciones
Reviso algunos de los condicionamientos: 1) Al menos el tres por ciento de la lista nominal de electores (LNE) —que al 31 de octubre pasado incluía a casi 92 millones de personas (91,940,907)— tiene que respaldar el reclamo de que se vaya el presidente de la república.
Pero no sólo tendrán que recabar apoyos para echar al presidente por parte de casi 2.8 millones de ciudadan@s (en Yucatán, 49,120), sino que estos solicitantes tienen que estar distribuidos al menos en 17 entidades federativas; 2) Sólo se puede pedir en una ocasión, pasando la mitad del mandato, pues se trató de evitar que “cada jueves y domingo” se pretendiese activar este mecanismo, con las consiguientes turbulencias políticas que muy probablemente atraiga; 3) Para que el resultado de la votación —que en este sexenio se celebrará el domingo 27 de marzo próximo— sea vinculatorio, se requiere que participe al menos el 40% de la LNE, casi 37 millones de personas (36.776,363) y que la mitad más uno (mayoría absoluta, al menos 18 millones y medio) vote porque se vaya o que se quede el presidente López Obrador.
La Constitución ordena que el INE sea el responsable de organizar todo el proceso de revocación de mandato. A su cargo se encuentra la vigilancia para que no intervengan los partidos políticos en un proceso totalmente ciudadano, además de revisar que las invitaciones se realicen cumpliendo escrupulosamente con los requisitos de la Constitución y la ley.
Ya dio a conocer los formatos para recabar firmas mediante una aplicación (excepto en municipios de muy alta marginación donde no existe acceso fácil a internet, que son en total 204, sólo uno de Yucatán, Mayapán). La pregunta que aparecerá en las boletas no fue una invención del INE, sino que quedó inscrita en la Ley Federal de Revocación de Mandato, en sus artículos 19 (f. V) y 36 (f. IV), que dicen:
“ ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
Acuerdo en que se vaya o acuerdo en que se quede, pero antes habría que realizar una reflexión sobre el significado y la oportunidad de aplicar este mecanismo constitucional inédito durante el mandato del presidente López Obrador.
¿Participar o no participar?
Morena y su estructura de militantes y simpatizantes son los primeros que se han movido. Resulta irónico que quienes apoyan al presidente López Obrador sean quienes quieren activar el mecanismo para que se vaya anticipadamente, que en eso consiste la revocación de mandato.
Otras organizaciones de la sociedad, como el Frente Nacional Anti-AMLO, más conocido por sus siglas Frenna, aún no se ha manifestado si recolectará los apoyos necesarios para que el INE pueda convocar. La primera estación concluye el 15 de diciembre. Si se alcanza el 3% requerido, entonces habrá convocatoria y jornada de revocación el 27 de marzo de 2022.
La revocación, ¿es el nuevo distractor que empleará el presidente López Obrador para esquivar demandas de seguridad, empleo digno, reducción del aumento de precios, entre otros graves problemas que enfrentan las familias mexicanas? Eso parece. Pero será razón y pretexto para “placearse” por todo el país.
En próximas entregas comentaré los riesgos y las desventajas de la Revocación que, por cierto, se puede aplicar también a gobernadores de los estados.
Anticipo: si me piden mi firma para la revocación NO la voy a dar. Quiero que el presidente gobierne bien, que rinda cuentas, no que se vaya antes del término para el cual 30 millones de mexican@s lo eligieron hace más de tres años.—Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán