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Faltó a su cita con la justicia el exsecretario de Finanzas y Planeación de Roberto Borge Angulo, Juan Pablo Guillermo Molina, quien no se presentó a la audiencia pautada ayer ante el sexto juzgado de distrito, para analizar la petición de amparo que hizo en contra de las autoridades estatales, que lo requieren por presuntos daños al patrimonio de los quintanarroenses.
En la audiencia realizada a puerta cerrada el juez sexto de distrito incluyó en el expediente de la solicitud de amparo realizada por el exfuncionario, el informe presentado por las autoridades que requieren detener a Guillermo Molina; sin embargo, no se incluyó ningún oficio por la parte solicitante, pues no sólo no acudió a la cita, sino tampoco presentó algún escrito por parte de algún abogado.
De forma extraoficial, se señaló que los documentos serán analizados, según el procedimiento, para emitir una resolución este lunes, aunque sin contar con los argumentos de la parte solicitante, parece poco probable que este amparo prospere.
La llamativa forma en que este procedimiento prácticamente se dio por perdido parece indicar que el extitular de Sefiplan ya está prófugo, pues aunque la Fiscalía General del Estado se niegue a informarlo, es conocido que está en la lista de funcionarios con órdenes de aprehensión en su contra.
Juan Pablo Guillermo solicitó amparo en contra del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Quintana Roo y otros, por lo que, en su momento, se le concedió el número de expediente 897/2017, para revisar su caso.
Es de destacar que en mayo, un juez negó una solicitud de amparo ingresada por Juan Pablo Guillermo (expediente 262/2017), en contra del juicio político iniciado en el Congreso del Estado, por el desvió de mil 400 millones de pesos del fondo de promoción turística entre 2014 y 2015.
Esta causa, ingresada por la asociación “Somos Tus Ojos” de Fabiola Cortés, había sido desechada por el anterior congreso borgista, porque supuestamente tenían la dirección para notificar al titular de Sefiplan, la activista se inconformó y logró que se reiniciara el procedimiento, que va en su fase de investigación, a través de una comisión instructora.
EN LA CORRUPCIÓN
A Guillermo Molina se le acusa de enriquecimiento ilícito y el mal manejo de los recursos estatales, además de la venta ilegal de terrenos.
Ha trascendido que su nombre está incluido en varias de las denuncias penales que mantiene la Procuraduría General de la República, además de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado.
Además de los recursos desaparecidos del Impuesto Al Hospedaje, que dejaron a los organismos de promoción turística prácticamente en la bancarrota, otro quebranto donde destaca su nombre es la contraprestación de la privatización del agua en Solidaridad.
Aguakan le pagó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) más de mil millones de pesos por permitir expandir su servicio a Solidaridad y alargar su concesión en Benito Juárez e Isla Mujeres. Ese dinero fue depositado de forma anómala por Capa a la cuenta de la Sefiplan de Juan Pablo Guillermo, de donde ese dinero simplemente desapareció.
De igual forma, Capa solicitó un crédito por 556 millones de pesos, monto que fue cedido sin explicaciones a Sefiplan, donde tuvo destino desconocido. Incluso, los 198 millones de pesos que anualmente le pagaba Aguakan a la paraestatal por el uso de dos cárcamos fue igualmente entregado a Guillermo Molina.
Semanas antes de dejar su cargo, el todavía secretario fue interrogado por el entrante Congreso del Estado, donde se le cuestionó directamente por estos recursos. Su respuesta es que se habían gastado en “diversos rubros”.
Se le involucra, asimismo, en un acto de corrupción con su predecesor en el cargo, Mauricio Góngora Escalante, pues ambos habrían asignado obras públicas para introducir servicios en predios privados de su propiedad y de allegados, por un monto de 65 millones de pesos.
Por último, se debe mencionar la carpeta de investigación FED/YUC/ PROG/0000114/2016 abierta por la PGR en contra de Juan Pablo Gillermo para indagar los delitos de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, y tráfico de influencias, en la adquisición ilegal de 300 hectáreas de terrenos ejidales en Yucatán.
Por este caso ya hay un detenido: Roberto Carlos Ríos, fiscal del Ministerio Público Federal, sorprendido cuando recibía 50 mil pesos, como un adelanto de un soborno de 500 mil pesos, por parte de los abogados de Guillermo Molina, a cambio de que archivara este caso.
