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Freddy Espadas Sosa (*)
Fuente: Diario de Yucatán
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el concepto de genocidio refiere a la comisión de actos premeditados de “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”.
En el campo del derecho internacional humanitario, el Estatuto de Roma —aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional—, señala en su artículo 6 que “se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”.
Si bien el concepto de genocidio es de reciente formulación y adopción en la normativa internacional, las investigaciones sociohistóricas especializadas en este triste campo han documentado fehacientemente que su práctica ha sido recurrente en la trágica historia de la humanidad.
En mi dilatada existencia de poco más de siete décadas, me ha tocado conocer sobre actos genocidas con horrendas consecuencias para los pueblos que los han sufrido, especialmente en los países pertenecientes a África, Asia, América Latina y el Caribe, y que han sido sometidos secularmente a la hegemonía y a la expoliación inmisericorde por parte de las potencias imperiales occidentales.
En nuestra inquieta y rebelde juventud tuvimos ocasión de participar en actos de protesta contra la guerra genocida de Vietnam, horrendo capítulo del siglo XX en el que el gobierno imperialista de los Estados Unidos pretendió someter al irredento pero indómito pueblo de ese gran país, hasta que los patriotas vietnamitas expulsaron estrepitosamente al ejército yanqui tras derrotarlo estoicamente en la ciudad de Da Nang a finales de marzo de 1975.
Dando un salto de 50 años en el tiempo, la humanidad ha contemplado, atónita e insensible, cómo se han ensañado la crueldad, la decrepitud y la barbarie norteamericana-israelí contra el pueblo de Gaza, asolado enclave de la patria palestina de Yasser Arafat.
El genocidio contra el pueblo gazatí ha arrojado el desgarrador saldo de 73,000 personas muertas en los bombardeos e incursiones criminales israelíes-estadounidenses, la mayoría de las cuales fueron infantes y mujeres, amén de la terrible destrucción de escuelas, hospitales, universidades, mezquitas y de miles de viviendas, cuadro al que hay que agregar la genocida práctica de bloquear la entrada de ayuda humanitaria para los más de 2 millones de desplazados en este atribulado enclave.
Pero he aquí, caro lector, que cuando pensábamos que la perversión del gobierno imperialista norteamericano había logrado su máxima expresión en los casos de Vietnam y de Gaza, nos encontramos ahora con que los amos de la guerra supremacista han fabricado aviesamente una absurda y desvergonzada mentira: que el pueblo y el gobierno de Cuba representan una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, nada más ni nada menos que el país más poderoso del planeta.
Esta deleznable falacia ha sido la “base” sobre la cual el gobierno yanqui ha implementado una estrategia de asfixia económica, financiera, comercial, tecnológica y energética contra Cuba, a la cual se suman las constantes y repudiables amenazas de intervención militar. Estas medidas, claramente violatorias del Derecho Internacional, han generado incontables sufrimientos al pueblo cubano en su vida cotidiana, en la producción y en los servicios esenciales como el transporte, la educación y la salud.
En reciente sesión del Parlamento cubano, la diputada Leydis María Labrador ejemplificó dramáticamente las terribles secuelas del infame cerco yanqui contra Cuba: “No hay un ser humano en este planeta que no tenga la sensibilidad suficiente para sentir que se le aprieta el alma al pensar que en una terapia intensiva puede morir un niño inocente, no porque no haya suficiente capacidad de los profesionales que están ahí luchando por su vida, sino porque alguien, a miles de kilómetros de distancia, no tiene en cuenta el sufrimiento y la desesperación de una madre cuando esa máquina puede apagarse.”
Como puede colegirse, las consecuencias de este despiadado asedio se han traducido en un auténtico genocidio en cámara lenta contra el pueblo cubano, planeado minuciosamente por las mentes perversas del secretario de Estado yanqui, Marco Rubio, y de los halcones de la guerra afincados en el Pentágono, bajo el amparo invariable del desquiciado inquilino de la Casa Blanca.
Los objetivos de los genocidas estadounidenses es someter a Cuba bajo su dominio geopolítico, propiciando una revuelta popular que conduzca al cambio del sistema socioeconómico y político en la isla, para dar paso a un régimen proclive a los intereses norteamericanos.
En este agresivo escenario, reitero las tesis que sostuve recientemente en este mismo espacio: que el modelo socioeconómico y político vigente en Cuba muestra serias limitaciones, por lo que debe implementarse a corto plazo una reforma profunda para impulsar un proceso de desarrollo que genere mayor riqueza, una justa distribución de ésta entre todos los cubanos y la elevación sostenida de su depauperado nivel de vida. Igualmente, defiendo la tesis de que estas urgentes reformas tienen que provenir de las fuerzas endógenas de Cuba en sus vínculos solidarios con América Latina y otras regiones del mundo, por lo cual resulta inaceptable y condenable que el gobierno de los Estados Unidos pretenda imponerle a la hermana nación caribeña —mediante una brutal intervención en sus asuntos internos— un proyecto de desarrollo y una forma de gobierno acorde a sus voraces intereses geopolíticos y económicos. (“Derrota política y moral del imperialismo yanqui”; DY, 28 de marzo 2026). Veremos.— Mérida, Yucatán
(*) Doctor en Educación. Ex director de la UPN en el Estado; director de la Escuela Normal Superior de Yucatán.