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Antonio Salgado Borge (*)
Publicado en Diario de Yucatán
Cuenta la historia que una vez, hace poco más de 200 años, William Cobbett utilizó un arenque o sardina ahumada para evitar que unos perros de caza dieran alcance a la liebre solitaria que perseguían. El fuerte olor despedido por el enrojecido pescado ahumado fue suficiente para desviar el foco de atención de la jauría, que reemplazó inmediatamente al objeto perseguido y, consecuentemente, modificó el sentido de su ruta. Si lo anterior ocurrió tal como lo cuenta Cobbett es irrelevante. Lo cierto es que actualmente la noción “red herring” —traducida aquí para fines prácticos como “sardina roja”— es empleada en el mundo anglohablante para hacer referencia a una táctica de distracción que desvía el foco de atención del público de un punto determinado y lo conduce a conclusiones irrelevantes o falsas.
La “sardina roja” que el Congreso de Yucatán decidió mostrar esta semana lleva varias semanas ahumándose. Este proceso inició con la actual legislatura, que recibió la responsabilidad de adaptar las leyes locales para reconocer plenamente el derecho de las personas LGTBI a contraer matrimonio; es decir, el derecho al matrimonio igualitario. A diferencia de lo ocurrido en la legislatura anterior, las personas que nos representan actualmente no podían seguir postergando su decisión. La mayoría, integrada principalmente por la bancada del PAN —dirigida por Rosa Adriana Díaz Lizama— y por la del PRI —coordinada por Felipe Cervera Hernández— y por Morena —Miguel Candila Noh— se encontró entonces ante un dilema inminente.
Veamos en qué consiste este dilema. Por un lado, ya sea por ignorancia, homofobia o por presiones de grupos antiderechos afines, quienes coordinan las principales dos bancadas en el Congreso local claramente se oponen a reconocer este derecho. Para sustentar esta afirmación basta considerar que si así lo hubiesen deseado estos partidos las leyes ya estarían modificadas. El problema para ellos es que en el Yucatán contemporáneo negarse a reconocer este derecho es impresentable e implica un alto costo político. Y es que buena parte del público entiende que la negación de nuestros legisladores va contra la determinación de la SCJN, lo declarado por organismos defensores y expertos en derechos humanos —como la ONU o la CIDH— y lo que ocurre en países que son referentes en materia de derechos humanos dejan en evidencia la pobreza legal, argumentativa y legal del Congreso local.
Buscando una ruta de escape ante el dilema anterior, las personas que nos representan en el Congreso probablemente caminaron muchas veces el mismo círculo buscando una respuesta para esta pregunta: ¿cómo sería posible salir de este enredo sin permitir el pleno acceso al matrimonio igualitario y sin desprestigiarse ante la opinión pública? Hasta que a alguien se le ocurrió empezar a preparar una sardina roja.
La gran idea fue pavimentar el camino para alegar que su negativa a adaptar las leyes no es personal ni obedece a presiones de patrocinadores o aliados antiderechos, sino que en realidad representa los deseos de la sociedad yucateca. Recordemos que esta posibilidad fue barajada hace unas semanas sincrónicamente por Díaz Lizama, Cervera y Morena. Sin embargo, los coordinadores de bancada no calcularon la reacción de un público yucateco cada vez menos conservador y más informado. Tampoco midieron la fuerza de colectivos y organizaciones pujantes y con amplia credibilidad o la cobertura responsable de medios de comunicación locales. Mucho menos imaginaron que el mismo Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación les enviaría una carta para hacerles ver lo impresentable de su postura.
La sardina roja del Congreso fue un monumental fracaso. Tal fue la presión generada que el Congreso local tuvo que bajar la cortina unas semanas para reagruparse y decidir volver a intentar empujar su idea de “consultar” a la gente su “opinión” sobre el reconocimiento de un derecho humano. Esta vez probablemente pensaron quienes nos representan que el resultado sería distinto. El tiempo había calmado las aguas momentáneamente, así que era indispensable actuar rápido. Así, hace unos días Díaz Lizama propuso, apoyada explícita o implícitamente por el PRI y por Morena, volver a mostrar el otro lado de la misma sardina roja abriendo un micrositio de internet para “recabar las opiniones” de la gente. Desde luego, un mecanismo de esta naturaleza es un sinsentido y es ilegítimo por al menos tres motivos. (1) El primero y fundamental es que, tal como ha expresado la oficina del alto comisionado de la ONU: “Los derechos humanos no son sujetos de encuestas públicas de opinión. Los derechos humanos existen precisamente para proteger a los individuos cuyos derechos no pueden ser adecuadamente respetados por la mayoría”. Esto es, sin importar cuál sea el resultado de la “encuesta” del Congreso, este resultado no puede servir para nada. Para ser claro, la idea del micrositio sigue siendo una sardina roja y lo único que cabía opinar es que “los derechos no se consultan”.
(2) El segundo motivo para rechazar tajantemente la sardina roja en forma de micrositio tiene que ver con la selectividad convenenciera de nuestras legisladoras y legisladores, o, por ponerlo de otra forma, con su incongruencia. Es fácil ver por qué. Si el Congreso local tiene la cara lo suficiente dura como para pedir “opiniones” sobre derechos humanos, entonces no tiene motivo para no solicitar opiniones sobre asuntos como los salarios de quienes lo integran, la permanencia en sus cargos, la forma como “auditan” cuentas públicas o sus procesos de selección de integrantes de organismos “autónomos”. Todos estos temas son de interés público y algunos han sido ampliamente discutidos en foros de la sociedad civil. Pero el Congreso nunca ha considerado seriamente la posibilidad de hacer en estos casos lo que “la mayoría” indique.
(3) Finalmente, los absurdos de la parte técnica del mecanismo elegido revelan que la intención no es que éste cumpla lo que “promete”. Para ver por qué, consideremos que el micrositio para recibir opiniones fue abierto tan sólo durante 72 horas y no fue acompañado de una campaña informativa adecuada. Esto significa que las personas más cercanas a nuestros legisladores pudieron organizarse mejor y con más tiempo que los grupos sin acceso a esta información. Además, no hubo ningún candado que impidiese la posibilidad de más de un voto por usuario y es posible que cuentas falsas o personas que no residen en Yucatán “comenten”. Por ende, poco o nada tiene de indicativo. Finalmente, es difícil creer que el manejo de este “buzón”, estando en manos del Congreso local, será transparente. Es decir, que realmente se darán a conocer, sin filtro, todos los comentarios recibidos.
Dados los puntos anteriores, es evidente que la propuesta del micrositio es inaceptable, convenenciera y absurda; una sardina roja evidente y maloliente. La mala noticia para el Congreso es que estas características no han pasado desapercibidas y que su intento de desviar la atención de la responsabilidad de los legisladores para evitar costos políticos tan sólo ha contribuido a exhibir sus posiciones con más claridad. Por ende, no es ninguna sorpresa que los reclamos sean cada vez más y más directos. Este fenómeno ha exhibido que algunas personas que integran el congreso no saben procesar las “opiniones” que les resultan incómodas.
El ejemplo más claro de ello es Rosa Adriana Díaz Lizama. La diputada y coordinadora del PAN en el Congreso es la autora de la idea del “micrositio” y una de las más claras defensoras de la posición antiderechos. La estrategia de Díaz Lizama para lidiar con el aluvión de críticas ha sido apelar al automartirio para desviar la atención del motivo de los reclamos en su contra. Es decir, sacar de la manga otra sardina roja para solucionar el monumental fallo de la anterior. Así tras ser increpada por un activista LGBTI, mientras era entrevistada, Díaz Lizama dijo sentirse agredida e insultada. En realidad, el vídeo de este evento muestra al activista “colarse” toscamente en la entrevista visiblemente enojado, pero en ningún momento la diputada plurinominal es atacada física o verbalmente. Al calificar un reclamo horizontal, fuerte, de frente y hasta atrabancado como “una agresión” quienes nos representan exhiben su incapacidad de ver más allá de sus murallas de privilegios.
Esta estrategia de automartirio se ha repetido en redes sociales, donde Díaz Lizama dijo —sin matices— haber sido “amenazada” por un usuario que le espetó que tenía registrado su nombre y que lo iba a recordar a la hora de votar en las próximas elecciones. Para ser claro, un comentario de esta naturaleza es, desde luego, una amenaza. Pero no todas las amenazas son injustificadas, ilegales o peligrosas. Por ejemplo, si una persona asiste a un restaurante y le aparece una cucaracha en la sopa, el cliente puede, justificadamente, amenazar al establecimiento diciendo que nunca regresará o que contará a sus conocidos lo ocurrido. En este sentido, pocas cosas pueden ser más democráticas que un ciudadano amenazando a un político con retirarle su voto por lo impresentable de su trabajo.
Para Díaz Lizama, el papel que ha jugado en este proceso sumado a sus intentos de registrar su nombre en un martirologio ha sido, en términos políticos, un rotundo desastre. Actualmente, es difícil pensar en una persona integrante de la actual legislatura con una imagen más dañada. Pero sus colegas coordinadores del PRI y Morena no han salido mucho mejor parados. Sin importar el sentido de su decisión, a estas alturas es claro que las legisladoras y legisladores locales no lograron sortear su encrucijada desviando el foco de atención para evadir la responsabilidad que les corresponde. O, por ponerlo de otra forma, en lo referente al matrimonio igualitario a quienes nos representan se les ha terminado su reserva de sardinas rojas.— Edimburgo, Reino Unido.
asalgadoborge@gmail.com
Antonio Salgado Borge
@asalgadoborge
Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)