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Nuevos detalles del modo en que opera una mafia
José Manuel Arredondo Dichi es uno de los afectados por la “mafia inmobiliaria”, ya que fue estafado cuando intentó comprar una casa en Mérida, por la que entregó una importante cantidad de dinero y al final descubrió que toda la operación había sido fraudulenta, por lo cual presentó una denuncia.
En una carta enviada al Diario, dice que es estudiante universitario con residencia en esta ciudad y nunca ha estado involucrado en algún problema legal.
En la misiva hace el siguiente relato:
—La casa del fraccionanmiento Las Américas que ha sido objeto de publicaciones (de este periódico) la compré de manera legal. El dinero para adquirirla me lo dieron mis padres con la intención de formarme un patrimonio y es producto de la venta que hiciera mi padre de un inmueble de su propiedad en diciembre pasado.
(Esa casa de Las Américas, como publicamos, es propiedad del doctor Luis Ramírez Carrillo, investigador de la Uady, quien interpuso una denuncia por el intento de despojo que sufrió a manos de la “mafia inmobiliaria”).
—La casa nos fue ofertada por medio de las redes sociales por una inmobiliaria de nombre Emmax, y nos las mostró a mi padre y a mí una persona que dijo llamarse Emmanuel Vargas, mismo que se ostentó como dueño de tal empresa, siendo él quien nos hizo saber las condiciones de la venta.
—Ante nuestra intención de comprarla refirió que su empresa se apoya en los servicios de la licenciada Martha Lorena Castillo Bolio, como encargada de elaborar los contratos para la protección de sus clientes.
—El señor Emmanuel Vargas nos pidió el pago de un anticipo para, a decir de él, asegurarse de que se trataba de una propuesta seria, porque al dueño le urgía venderla y no quería perder su tiempo con gente informal, a lo cual accedimos, condicionando el pago de ese dinero a la firma de una promesa de compraventa. Nos dijo que lo hablaría con el dueño y nos citó al día siguiente en unas oficinas de la calle 64 No. 360 entre 39 y 41 del Centro.
—Ahí nos recibió a la licenciada referida y nos presentó a quien dijo ser el dueño, nos mostró el contrato, me pidió una copia de mi identificación, pagamos el anticipo y lo firmamos el que dijo ser el dueño y yo.
—Luego de eso, la licenciada Castillo me dijo que regresara en unas dos horas para entregarme mi original. Pasado ese tiempo, regresé al lugar y me entregó el contrato de promesa de compraventa con la certificación del notario número 48, licenciado Gustavo A. Monforte Luján.
—Posteriormente nos citaron el 8 de enero de este año, en la notaría número 44 del licenciado Luis Alberto López Rosado, donde estando presentes el que se dijo y se identificó por el notario como dueño, así como Emmanuel Vargas y la licenciada Castillo. Se cerró la compraventa y se firmó la escritura. Todo esto ante la presencia del notario público, quien al término nos dijo que en unos tres o cuatro meses nos entregaría nuestra escritura.
—A raíz de que la compramos estuvimos haciéndole mejoras a la casa. El día 20, estando mi padre pintando una de las habitaciones, tocó la puerta una señora que le pidió hablar con él. Con la cortesía que le caracteriza, mi padre le permitió la entrada y conversó con ella. Entre otras cosas, la señora dijo llamarse Gina Villagómez.
—Así fue como lamentablemente nos enteramos de las anomalías que ella comentó. Ante eso, mis padres acudieron al notario número 44 (López Rosado), quien comentó que él había revisado todos los documentos y había corroborado que todo estuviera en orden, diciendo que estuviésemos tranquilos, ya que ciertamente le habían pedido en la Fiscalía del Estado una copia del expediente, pero que seguramente se trataba de un pleito matrimonial, puesto que el vendedor dijo ser soltero y probablemente era casado.
—Luego de varios días, ante lo publicado en el Diario de Yucatán, al ver que no se trata, como dijo el notario, de un pleito familiar, presenté una denuncia ante la Fiscalía, dado que a todas luces he sido objeto de una estafa. Agregué a la denuncia todos los elementos de prueba que acreditan mi dicho y mi actuar de buena fe.
Fuente: Diario de Yucatán
