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- La Corte IDH ordenó al Estado la integración de este concepto; el gobierno respondió que la ley actual ya protege su labor
Montserrat Maldonado
SemMéxico/El Sol de México, 8 de mayo, 026.- El gobierno mexicano no incluirá la denominación “madre buscadora” a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como lo ordenó la CIDH pues argumenta que el marco jurídico actual ya es suficiente para reconocerlas y brindarles protección.
A las personas desaparecidas en el país las buscan sus familias y en la mayoría de casos, sus madres. Son ellas quienes dejan trabajos, hogares y rutinas para ir a rascar la tierra, pegar fichas de búsqueda y hasta instalar buzones para recibir pistas del paradero de sus familiares de manera anónima.
En diciembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que el Estado mexicano fracasó en prevenir, investigar y sancionar la violencia extrema contra Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años víctima de abuso sexual, desaparición y feminicidio en el estado de Chihuahua.
En el fallo del caso García Andrade y otros vs México, la Corte estableció que México debía integrar los conceptos de madres buscadoras, persona buscadora y madre de víctima de feminicidio en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y garantizar que dichas personas puedan beneficiarse del Mecanismo de Protección.
Cinco meses después del fallo, la coordinadora para la atención de casos en organismos internacionales de Derechos Humanos, Nancy Desiderio Noyola, afirmó en una carta enviada a Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, que con el marco legal actual de México ya se reconoce la labor de las madres buscadoras sin tener que nombrarlas.
En su respuesta al caso, a la cual El Sol de México tuvo acceso, la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dice que la Ley y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconocen las labores de búsqueda y acciones de exigencia de justicia como un ejercicio de defensa de derechos humanos, por lo que las personas que realizan estas acciones pueden ser consideradas sujetas de protección cuando se identifiquen riesgos derivados de su labor.
“Actualmente se encuentran integradas al Mecanismo 339 personas, agrupadas en 140 expedientes, cuya labor se centra en la búsqueda de personas desaparecidas. Ello demuestra que, aun cuando la Ley no menciona de manera expresa categorías específicas como madres buscadoras o madres de víctimas de feminicidio, la norma vigente permite reconocerlas como personas defensoras de derechos humanos y brindarles medidas de protección cuando enfrentan situaciones de riesgo”, sostiene la dependencia.
Dicen no a la Resolución de la Corte
La resolución de la Corte también pide al gobierno mexicano realizar una campaña de sensibilización y educación sobre el trabajo de las madres buscadoras y madres de víctimas de feminicidio; ante ello, la Coordinación contestó que “la Secretaría de las Mujeres realizará el curso -Vida sin violencia- en el cual añadirá un apartado sobre la lucha de las madres buscadoras”.
Una traición al dolor
Para Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García de 19 años, quien desapareció el 12 de julio de 2025 en el Ajusco de la Ciudad de México, esa respuesta no es suficiente.
“Que no quieran integrar la definición de madre y persona buscadora es una traición a nuestro dolor. Somos nosotras quienes hemos sufrido las ausencias, la falta de respuesta, la falta de trabajo por saber dónde están y qué les pasó y con esto parece que ya no solo no les importa buscar a los desaparecidas sino que no quieren tampoco visibilizarnos”, dijo en entrevista.
Para la madre de la joven que desapareció tras ir a hacer senderismo, es una pena que en México se prioricen los procesos burocráticos a la lucha de las madres.
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“Esta sentencia de la Corte es un poco para subsanar todo lo que hemos padecido las madres y México parece que lo minimiza; aquí nos llaman defensores de derechos humanos y como este término sí está en la ley pues ya lo quieren dejar así y evitarse la molestia de volver a cambiar cosas que para ellos nunca son importantes”, señaló.
La madre de Ameli la ha buscado en cerros y el bosque, labor que considera la ha puesto en peligro.
“Cuando nosotras hacemos la búsqueda está claro que los criminales nos identifican, saben quiénes somos y qué hacemos pero a una como madre no le importa y lo que quiere es encontrar a nuestros hijos aunque eso nos ponga en riesgo”, declaró.
En estos 10 meses de búsqueda, Vanessa tiene claro que no tendrían que existir las madres buscadoras.
“Nadie debería tener que buscar al hijo que trajo al mundo, pero parece que la desaparición se ha convertido en uno de los delitos preferidos de los delincuentes porque al no haber un cuerpo no hay un delito e ignorar que esto genera tanto dolor a todas las familias”, lamentó.
El Sol de México buscó en cuatro ocasiones al área de prensa de la Secretaría de Gobernación para tener su postura, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que en el país hay 133 mil 809 personas desaparecidas; 104 mil 372 hombres, 29 mil 38 mujeres y en 399 casos no se identificó el sexo.
Para Vanessa Gámez es “imperdonable que las autoridades inviertan y se enfoquen más en el Mundial 2026 que en la grave crisis de desaparecidos”.
“Parece que nunca terminan las fallas de las autoridades que ocupan un cargo y que juraron prestar sus servicios hacia nosotros, la ciudadanía. Esto es una traición al preferir tener una fiesta mundialista, permitir que se derrochen recursos que hacen falta para investigación y para localizar realmente a nuestros seres amados”, reclamó.
Reclama la indiferencia de las autoridades
En eso concuerda Claudia Sanromán Aguilar, madre de Reina Karina Sanromán Aguilar desaparecida en diciembre de 2012 en el Estado de México, y quien reclama que para las familias importa más saber dónde están sus seres queridos que una mención en la Ley.
“A mí no me interesa si me ponen o no en la Ley, yo lo que quiero de las autoridades estatales y federales es que hagan su trabajo, qué me digan dónde está mi hija y todos los desaparecidos”, compartió.
Por casi 14 años, Claudia ha sufrido daños a su salud física, debido a la búsqueda en aguas negras y en basureros ha padecido caídas y daños en la vista. “Cuando hacemos búsqueda de campo luego las autoridades ni tienen las palas o materiales que necesitamos, mucho menos nos van a querer reconocer en la Ley”, sostuvo.
Aunado al dolor de la ausencia de su hija, Claudia dice sentir la indiferencia de las autoridades.
“Siento que se burlan de nosotros. La presidenta prefiere reunirse con un grupo musical (BTS) a abrirnos las puertas de Palacio Nacional a las buscadoras. Que no quede duda que el Estado nos queda a deber mucho”, lamentó.
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La recomendación de CIDH no es la única sobre madres buscadoras. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) también pidió en 2025 al Estado mexicano reconocer formalmente a las buscadoras como una categoría específica de defensoras, así como adoptar políticas de prevención y protección que atiendan los riesgos diferenciados que enfrentan por razones de género.
Además, Andrea Pochak, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que el Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente a las personas y madres buscadoras para “que salir a buscar a sus seres queridos no implique poner en riesgo su propia vida”.
El lunes 11 de mayo, la Comisión presentará su informe sobre desapariciones en México, el cual documenta la magnitud y persistencia de las desapariciones en el país, identifica patrones estructurales y analiza los principales desafíos que enfrentan las autoridades en materia de búsqueda, investigación, acceso a la justicia y atención integral a las víctimas y sus familiares.
- Montserrat Maldonado: Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.