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El capitalismo ante la emergencia climática
Antonio Salgado Borge (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Los incendios que devastan partes de la Amazonia en Brasil han abierto la puerta a una serie de dolorosos recordatorios para la humanidad. Dos recordatorios principales destacan en este contexto.
(a) El primero es el ineludible impacto individual en tragedias de esta especie y, en consecuencia, la responsabilidad personal que le acompaña. En este sentido, las diversas listas de acciones individuales para minimizar la devastación ambiental han sido difundidas por medios de comunicación respetables y tendrían que ser tomadas con toda la seriedad que el caso amerita.
(b) El segundo recordatorio que el caso brasileño ha puesto sobre la mesa, aparentemente desligado del primero, es el desastroso resultado de la permisividad o complicidad ante la depredación ambiental. Este artículo estará enfocado a este último recordatorio.
Empecemos distinguiendo que, tal como se ha señalado en diversas protestas, la versión actual de capitalismo es un factor fundamental detrás de la emergencia climática y ambiental a que nos enfrentamos. En consecuencia, identificar los efectos de la lógica del capitalismo como le conocemos es, en estos momentos, un ejercicio indispensable.
Tal como se planteó en un artículo reciente en la revista “New Statesman” (26/06/2019), atajar la crisis climática significa el fin del capitalismo como lo conocemos. Es muy probable que la intervención, planeación y propiedad del Estado sean la única forma de lograr las metas que requerimos para mitigar la inminente emergencia.
En este contexto, la desidia o el desinterés de los gobiernos constituye, de suyo, una irresponsabilidad gravísima. Dejar que las cosas sigan su curso como si nada estuviera pasando es claramente impermisible.
Los problemas urgentes requieren soluciones decisivas, y es difícil argumentar que la lenta y dolorosa extinción masiva no sea uno de estos problemas. Cuando algunos gobiernos siguen adelante sin plantear cambios de fondo en su modelo de desarrollo, estos gobiernos están alimentando directamente la emergencia.
Sin embargo, es preciso distinguir entre los gobiernos que irresponsablemente rehuyen a su responsabilidad de frenar la lógica capitalista y gobiernos que buscan pisar el acelerador del capitalismo para activamente depredar los recursos disponibles antes de que éstos se agoten. Los gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump, desde luego, caen en la segunda de estas categorías.
El desinterés de Bolsonaro en la protección ambiental y en los derechos humanos es de sobra conocido. Durante su campaña, además de su discurso homofóbico, sexista y racista, el actual presidente brasileño prometió explícitamente reducir las protecciones a la selva tropical y los derechos indígenas.
La razón: poder explotar la Amazonia comercialmente. Además, Bolsonaro recientemente despidió al director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales por dar a conocer datos oficiales sobre la creciente deforestación en la selva tropical.
El poco interés del gobierno de Bolsonaro en la conservación ambiental ha propiciado que naciones europeas frenen el flujo de recursos para un mecanismo internacional de protección denominado Fondo Amazonia (“El País”, 16/08/2019).
Por su parte, bajo la dirección de Donald Trump, la nación más poderosa del mundo ha buscado finalizar el plan de energía limpia del gobierno de Barack Obama, recortar protecciones al agua y a los animales y reducir el tamaño de las reservas naturales (“The Guardian”, 08/07/2019).
En 2017, Trump firmó una orden que permitía la instalación de un gasoducto que ponía en riesgo las reservas de agua en zonas habitadas principalmente por poblaciones originarias (“Scientific American”, 24/01/2017) y recientemente firmó una orden que permite acelerar la construcción de este tipo de oleoductos o gasoductos (“The New York Times”, 10/04/2019).
El gobierno de Trump también autorizó el uso de bombas venenosas por granjeros para matar animales silvestres, técnica que tiene un impacto negativo en animales en peligro de extinción (“The Guardian”, 08/08/2019).
Detrás de los casos de Bolsonaro y Trump existen dos premisas fundamentales implícitas. La primera es la idea de que si las regulaciones ambientales o protecciones a derechos humanos se interponen en la ruta del desarrollo económico, entonces estas regulaciones o protecciones deben ser canceladas.
La segunda premisa detrás de esta promesa es la posibilidad de que al momento de abrir para la explotación comercial zonas previamente prohibidas para este uso, las personas en el poder político y sus aliados en el poder económico tendrán “mano”; es decir, que serán los principales beneficiarios directos de esta explotación.
En Yucatán, claro está, estas dos premisas han sido empleadas para empujar desarrollos comerciales o proyectos industriales que llevan años arrasando o contaminando nuestras reservas ecológicas o afectando directamente a comunidades marginadas. El proyecto del Tren Maya impulsado por el gobierno federal también tendría que ser analizado desde esta perspectiva.
Sin embargo, gobiernos como el de Bolsonaro o Trump han pisado el acelerador y, con ello, han vuelto estas premisas explícitas y se han convertido en peligros evidentes para la humanidad o la vida en el planeta.
A estas alturas, sabemos perfectamente que el capitalismo debe ser reconcebido para que el mundo sea viable. En este sentido, las personas que votan en cada país tienen la posibilidad de elegir a quienes encabezan proyectos que buscan impulsar las reformas sistémicas necesarias.
La pregunta que es preciso responder ahora es cómo debe el mundo lidiar con gobiernos como el de Trump o el de Bolsonaro. Y es que, tal como ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron en su cuenta de Twitter, los incendios en el Amazonas no afectan sólo a Bolsonaro y a Brasil: “es nuestra casa la que se está incendiando, literalmente. El Amazonas —donde están los pulmones que producen el 20% del oxígeno en nuestro planeta— se incendia”.
Pero este problema representa un dilema. Por una parte, la urgencia de una reacción global a la tragedia brasileña está fuera de dudas. Bolsonaro se ha negado a reconocer el problema del Amazonas, ha culpado a ONGs de los incendios, y ha rechazado ayuda internacional con el pretexto de que este tipo de asistencia implica una suerte de neocolonialismo.
La posición de Bolsonaro ante la emergencia es en este sentido, y por los motivos arriba expuestos, seguramente un pretexto patético e indignante.
Sin embargo, el presidente ultraderechista ha puesto el dedo sobre una llaga importante: es fácil ver cómo la actual emergencia puede ser utilizada por algunos países para intervenir y acceder a las reservas de otros.
Por ejemplo, el gobierno de Yucatán permite la contaminación del manto freático afectando una reserva hídrica de la mayor importancia: cuál sería nuestra reacción si Francia o los miembros del G7 buscan incidir en la forma en que nuestros recursos son gestionados.
Y es que, bajo esta lógica, lo mismo puede ocurrir en cualquier lugar donde se depredan o lastimen descaradamente las reservas naturales. La respuesta a este dilema está lejos de ser clara. Lo cierto es que la inminencia de nuestra ruta hacia la extinción no nos deja con mucho tiempo para pensarla.— Edimburgo, Reino Unido.
asalgadoborge@gmail.com
Antonio Salgado Borge
@asalgadoborge
Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)