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Por primera vez en la historia de la entidad, un alcalde despachará desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, luego de que el Juez de Control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al presidente municipal de Palizada, P.J.A.C. quien pidió la duplicidad de término para determinar su situación jurídica al cumplírsele una orden de aprehensión por el delito de peculado.
Por su parte, la defensa del imputado consideró que la Fiscalía General del Estado se precipitó en su actuación pues todavía la Auditoria Superior del Estado (ASE) realiza una investigación administrativa que no ha concluido y por ello la medida cautelar impuesta contra el alcalde es desproporcionada e incongruente.
El lunes alrededor de las 14:15 horas, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) le cumplieron una orden de aprehensión al alcalde en la capital del Estado.
Tras cumplírsele el mandamiento judicial, el edil fue llevado ante la Juez Cuarto de Control, Miriam Guadalupe Collí Rodríguez quien programó la audiencia inicial para las 19:00 horas en la sala Revolución dentro de la Carpeta Judicial 153/17-18.
Durante la audiencia el Ministerio Público realizó la formulación de imputación en contra del edil.
La autoridad ministerial mencionó que el alcalde destinó un millón 344 mil 827 pesos con 35 centavos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2016 para la construcción de 31 baños en comunidades rurales.
La obra estaba prevista del 11 de noviembre al 20 de diciembre del 2016 y del 14 de noviembre al 31 de diciembre de ese año solo se construyó un baño con valor de 33 mil 849 pesos con 56 centavos.
La obra fue pagada en su totalidad a la empresa sin concluir lo establecido en el contrato y por esta razón al considerarse un daño a las finanzas del municipio, el encargado de auditoría de la Auditoría Superior del Estado levantó la denuncia ante el Ministerio Público en contra del alcalde por el supuesto desvío de un millón 310 mil 977 pesos con 80 centavos.
Una vez que se realizó la formulación de la imputación el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso en contra del imputado cuya defensa solicitó la duplicidad de término y por ello la audiencia continuará el próximo 20 de enero a las 10:00 horas en la sala Revolución.
Posteriormente el Ministerio Público solicitó a la Juez de Control la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que dure el proceso.
La autoridad ministerial argumentó que existía el riesgo para que el imputado se sustrajera de la acción de la justicia al tener un pasaporte vigente y al haber viajado al extranjero en varias ocasiones.
De igual manera la autoridad mencionó que el alcalde no cuenta con un domicilio fijo en donde se le pudiera encontrar, además de existir el riesgo para que pudiera destruir documentos relacionados con la investigación y en su caso tomar represarías en contra de los trabajadores que atestiguaron en su contra.
Por su parte la defensa consideró que la medida cautelar era excesiva pues al ser aplicada a otros ex servidores públicos que han sido procesados se ha desechado a través de un amparo.
De igual manera la defensa consideró que al continuar con el cargo de alcalde, el imputado tendría acceso a los documentos relacionados con la investigación, así como poder para tomar represarías en contra de los trabajadores que declararon en su contra.
La defensa pidió a la Juez otras medidas alternar para el imputado como separarlo de su cargo para que no tuviera acceso a los documentos relacionados con la investigación y no pudiera tomar represarías en contra de los trabajadores y para evitar que el edil saliera del país y se evadiera de la justicia, se entregaría su pasaporte.
Después de debatir la medida cautelar, la Juez de Control justificó la medida cautelar de prisión preventiva y desechó los alegatos de la defensa.
Por otra parte, Edwin Trejo uno de los cuatro defensores del alcalde manifestó que la Fiscalía se precipitó en las acusaciones en contra del edil, pues lo ideal era separarlo de su cargo e investigarlo y si se encontraba algo en su contra proceder en consecuencia.
Destacó que el Ministerio Público utiliza los mismo argumentos que en otros ex servidores públicos para la prisión preventiva que ha sido controvertida en el juicio de amparo, pues no existen los datos de prueba suficientes para decir que hay un riesgo procesal.
Argumentó que los datos de la autoridad ministerial son aislados al pretender crear una imagen fáctica de que pudiera haber una evasión y en los hechos no la hay.
Por ello habría que ver en que se basa la autoridad ministerial para denunciar, pues existe una investigación administrativa que aun no concluye ante la ASE en contra del alcalde.
“La prisión preventiva es desproporcionada, es incongruente porque caemos en un supuesto que no se ha dado, que un presidente municipal en funciones este recluido con todo el impacto que trae las obligaciones constitucionales que tiene el propio municipio, tendrán que hacerse diversas obligaciones para suplir su ausencia o que en su caso siga despachando desde el Cereso”.
El abogado manifestó que en el antiguo sistema el alcalde tenía el beneficio de la libertad bajo caución y en el de ahora que se garantiza la presunción de la inocencia no se le da derecho a estar en libertad al poder utilizarse otras medidas cautelares.
Y destacó que el alcalde puede continuar ejerciendo hasta que el cabildo no busque una solución al problema o en su caso sea separado del cargo al quitársele la medida cautelar de la prisión preventiva.
