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Publicado en Diario de Yucatán
Investigación Megamedia Central 9
Por lo menos tres empresas proveedoras del gobierno anterior, dos de ellas del campo, fueron disueltas y liquidadas después de recibir millonarios pagos.— Conexión con Jalisco
Dos de las cinco empresas a las que el gobierno del Estado pagó 95 millones de pesos en el cierre de 2016 y los inicios de 2017 por supuestos insumos del programa agropecuario Peso a Peso fueron ya disueltas y liquidadas, después de cumplir su función de cobrar por jugosos contratos, según datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
Una empresa más, del ramo de la consultoría pero con contratos para estudios en el sector salud y trabajos de mantenimiento en la Fiscalía General del Estado (FGE), fue también disuelta el año pasado.
Las tres compañías forman parte de la red creada durante el gobierno anterior para retirar dinero del erario. Coincidentemente, los protocolos notariales de su liquidación se levantaron en Jalisco.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio y la Secretaría de Economía, Interpelar Proyectos, S.A. de C.V., y Royal Nova, S.A. de C.V., que presuntamente fueron proveedoras de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), ya no existen oficialmente.
La primera fue la más beneficiada. El 3 de enero de 2017 la Seder le transfirió 40 millones de pesos justificados en 18 facturas. Esa cantidad es casi la misma destinada a otros cuatro negocios que “vendieron” insumos para Peso a Peso.
Hasta aeropuertos
Interpelar Proyectos fue inscrita en el Registro Público de Comercio de Yucatán el 24 de diciembre —horas antes de la Nochebuena— de 2014 con un giro que abarcaba “todo lo relacionado con la elaboración de proyectos” y otros rubros como construcción o diseño de obras de drenaje, avenidas, puentes, carreteras y aeropuertos.
Sus accionistas fueron Silvia del Carmen Pinto Espadas y Luis Emanuel Tec Sánchez, vecinos de Motul que al momento de la protocolización del acta constitutiva, ante la fe del notario Luis Silveira Cuevas, estaban “de paso” en Mérida.
El pago de $40 millones por el programa Peso a Peso el 3 de enero de 2017 está rodeado de la opacidad. La empresa recibió ese dinero cuando una semana antes —el 26 de diciembre de 2016— había formalizado su disolución y liquidación, pero no en Mérida sino en Guadalajara, Jalisco, ante el notario Salvador Oropeza Casillas.
Oficialmente esa disolución fue inscrita en el Registro Público de Comercio el 3 de marzo de 2017. Se designó liquidadora de la sociedad a María Guadalupe Bogarín Sánchez, vecina de Guadalajara.
En el acta del 26 de diciembre de 2016 se anotó que “ya no existen cantidades a pagar ni cobrar por parte de la sociedad”. Ocho días después, como ya señalamos, el gobierno del Estado le transfirió a su cuenta los $40 millones.
Otra disolución
Royal Nova, también considerada en el padrón de proveedores de la Seder, recibió el 29 de diciembre de 2016 cinco transferencias bancarias por un total de $8 millones. Al día siguiente, a unas horas de que terminara el año, se le hicieron tres depósitos de $7 millones en conjunto. Es decir, en dos días recibió 15 millones de pesos.
Con esta empresa asoman más indicios de la red de desvíos. Su constitución fue protocolizada en Guadalajara por el mismo notario que dio fe de la disolución y liquidación de Interpelar Proyectos, Salvador Oropeza Casillas. Su giro principal fue “la prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, capacitación y ejecución de diversos trabajos”, así como “la prestación de toda clase de servicios de investigación, estudio, organización, desarrollo, asesoría y consultoría en sistemas de administración de recursos laborales”. Nada relacionado con el campo.
Se registró como sus accionistas a Rosalía Rendo Becerril y José Saúl Herrera Escoto. Su única relación con Yucatán, al menos en documentos, fueron su apoderado general, Fredy Francisco Pereira Cauich, y la participación en contratos del gobierno.
Actas consultadas por Central 9 revelan que la inscripción de esta compañía en el Registro Público de Comercio se concretó el 6 de octubre de 2016. De manera no clara pasó a formar parte de la lista de proveedoras de Peso a Peso en forma inmediata y en diciembre recibió los pagos ya descritos, con menos de tres meses de operación mercantil.
Y el 20 de agosto de 2018, mes y medio después de la elección que derivó en la derrota del PRI en la contienda por la gubernatura, esta compañía protocolizó su disolución y liquidación también en Jalisco, ante el corredor público Eduardo de Alba Góngora. De nuevo asoma el nombre de María Guadalupe Bogarín como liquidadora de la sociedad.
La tercera empresa de la red que fue disuelta es T y W Consultores. Se trata de uno de los negocios que el 31 de diciembre de 2015 recibieron $7 millones por supuestos servicios de mantenimiento y conservación a la Fiscalía General del Estado.
Su constitución fue protocolizada también en Guadalajara, con el notario Javier Lozano Casillas, aunque su domicilio fiscal estaba en Puebla. Su objeto social principal fue “la prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, capacitación y ejecución de diversos trabajos”. Como en los casos anteriores, ningún vínculo con el campo.
Sus accionistas fueron Mónica Guillermina Gutiérrez Silva y María de la Paz Oyuqui Martínez Valenzuela, ambas con domicilio en Jalisco. El acta mercantil tiene el 11 de abril de 2014 como fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de Guadalajara.
El 9 de marzo de 2017 el notario Salvador Oropeza, con intervención en los otros dos casos señalados, dio fe de la disolución y la liquidación de la sociedad. Estos movimientos fueron inscritos el 29 de marzo.— ÁNGEL NOH ESTRADA angel.noh@megamedia.com.mx
Bajo la sospecha
El gobierno del Estado pagó altas sumas de Peso a Peso a fines de 2016 e inicios de 2017.
40 millones se transfirieron a Interpelar, que ya estaba en fase de disolución.
15 millones correspondieron a Royal Nova, empresa también liquidada.
40 millones más se depositaron en cuentas de otras tres compañías.
7 millones cobró T y W Consultores, también disuelta, a la Fiscalía General.
