Cuando Juan Pablo Guillermo Molina fue relacionado con la compra ilegal de 191 hectáreas en un Ejido de Yucatán, siendo titular de la Secretaría de Finanzas, pago a la PGR cerca de 500 mil pesos para que la investigación en su contra no continuará, señala el Reforma.
Pues aparentemente, el mismo medio, señala que el expediente de investigación fue archivado, esto después de que el pasado 25 de agosto, la Visitaduría General de la PGR detuviera a Roberto Carlos Ríos, agente del Ministerio Público Federal, en el momento en que cobraba 50 mil pesos de “adelanto” a los abogados de Guillermo Molina, en la Ciudad de México.
Y es que se presume por otros funcionarios federales, que Carlos Ríos no era el único que vendía el no ejercicio de la acción penal, sino que hay más implicados, por ello él ahora está vinculado a proceso, así como sus cómplices están adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia (UEIDCSPCAJ).