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El origen de una “mafia”, el tráfico de terreno ejidal
Aunque ahora es obra de bandas organizadas de delincuentes, el fraude inmobiliario que se practica en Yucatán no siempre ha sido así, dice el investigador de la Uady Luis Ramírez Carrillo.
La apropiación ilegal de predios en el estado ocurre desde hace casi 30 años, pero sus características y el grado de participación de los fedatarios públicos han evolucionado, hasta los graves niveles que vemos hoy, explica el investigador.
En entrevista con Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, Ramírez Carrillo, doctor en Sociología y quien desde hace algunos meses investiga este tema —luego de que él mismo fue víctima de esa “mafia inmobiliaria”, como él la llama—, afirma que “hasta los años ochenta este delito afectaba a un reducido número de personas y se trataba por lo general de la apropiación de predios o terrenos individuales, propiciado por intestados, herencias en disputa o fraudes simples”.
En aquellos años, explica, el delito era cometido por el notario y por unas pocas personas, pero no por bandas organizadas, como vemos ahora.
Según el investigador de la Uady, el fraude inmobiliario se eleva a otros niveles cuando empieza el tráfico de terrenos ejidales.
“La privatización de la reforma agraria en los años noventa propició toda clase de fraudes y conflictos agrarios sobre los terrenos circundantes a la ciudad de Mérida, en especial en sus comisarías como Cholul o Chablekal o en los municipios colindantes de Kanasín, Progreso y Caucel”.
Ramírez Carrillo dice que en todos estos fraudes siempre aparecía un acta o protocolo notarial que daba fe de esas oscuras transacciones, legalizaba a vendedores inexistentes o daba fe de asambleas ejidales que nunca se llevaban al cabo.
“Muchos de estos despojos eran agrarios, pero ya empezaban a verse despojos de tierras urbanas y la operación de redes de complicidad de funcionarios del gobierno estatal y federal”.
Aunque hay que decirlo, afirma, “en esta segunda etapa tampoco es fácil identificar la presencia de crimen organizado”.
De acuerdo con el investigador, el crecimiento de la ciudad y de la intensidad de la oferta y la demanda valorizó con rapidez las casas de los cascos urbanos de las comisarías circundantes, por lo que prestamistas o simples timadores empezaron a ubicar casas de gente mayor, incapacitada o analfabeta para apoderarse de sus viviendas, falsificando documentos de propiedad y firmas y legalizándolas con protocolos notariales.
Esto se volvió común en especial desde principios del siglo XXI, denuncia Ramírez Carrillo. “La mayor parte de estos despojos eran sobre predios urbanos, más que agrarios, y de nuevo encontramos aquí la complicidad de funcionarios públicos, abogados litigantes, jueces y policías que por dinero ordenaban desalojos con inusitada celeridad.
“Sin embargo, no era muy común encontrar en esta época a gente de fuera del estado. Se trataba de redes criminales locales más que crimen organizado”.
El fraude en serie sobre casas habitación desocupadas empieza en 2010 y con especial virulencia desde 2015. Como ya informamos, en este período se inicia la compraventa de ese tipo de casas, con identidades falsas de supuestos vendedores a supuestos compradores, que se realiza ante notarios, mismos que legalizan con extrema rapidez las operaciones y en las que participan también notarios de otras partes del país y funcionarios estatales y municipales, del Poder Judicial, directivos de bancos, abogados y falsos empresarios inmobiliarios.
El investigador advierte que en el fraude inmobiliario, además de los notarios participan los escribanos público, “personajes oscuros”, precisa Ramírez Carrillo, que trabajan con muy poco cuidado jurídico y legalizan operaciones de compraventa menores a $200,000 en municipios del interior del estado, “aunque muchas veces el valor real de esos predios es cinco o diez veces mayor a su valor catastral”.
Según el investigador, esto no sólo ha ocasionado que el valor catastral de 105 municipios de Yucatán permanezca subvaluado —sólo Mérida ha actualizado su valor catastral—, sino que las casas y terrenos en esos lugares se vuelvan también “un botín apetecible para el fraude, la compraventa con identidades falsificadas e incluso el lavado de dinero a través de propiedades y operaciones que con poco cuidado y mucho dolo suelen realizan algunos escribanos”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA
Fuente: Diario de Yucatán
