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•La doctora Patricia Olamendi Torres, una de las promoventes de la iniciativa, comentó que ese registro tiene que incluir a todos los deudores alimentarios del Estado. Además, la ciudadanía tiene que estar vigilante para que los partidos políticos cumplan con la ley 3 de 3 contra la violencia de género
Mérida, Yucatán, a 18 de enero de 2022.– Con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la constitucionalidad de la ley 3 de 3 contra la violencia de género, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán tiene que trabajar en la creación del padrón de deudores alimentarios para que las familias cobren esas pensiones, comentó la doctora Patricia Olamendi Torres, una de las promoventes de la iniciativa.
A la presidenta del Tribunal, magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés, que se ponga «inmediatamente a trabajar en el padrón de deudores alimentarios para que todos los casos del Estado estén ahí y los deudores queden señalados e impedidos de un cargo público», exhortó la doctora en derecho.
La activista por erradicar al poder público de violentadores, agresores sexuales y deudores sexuales envió un mensaje a estos últimos. «Si están en el padrón, no pueden ocupar un cargo público», señaló.
A los deudores alimentarios, que tienen un trabajo en el gobierno, los exhortó a pagar inmediatamente sus pensiones, «porque van a estar en el padrón».
La entrevistada recordó que el año pasado un afectado por la creación del padrón de deudores alimentarios metió un amparo ante la Sala Regional de Xalapa de la SCJN para que se elimine el requisito de no ser deudor alimentario para acceder a un cargo público por designación o elección popular. El magistrado de dicha sala falló en favor de quien presentó la acción de inconstitucional.
Pero el pasado martes, el pleno de la Máxima Tribuna del país dictó una resolución para validar que dicho requisito sea constitucional, así como la creación del padrón de deudores alimentarios.
La doctora Olamendi Torres consideró que la aplicación de la norma es responsabilidad de la sociedad, que debe estar vigilante, y de los partidos políticos, cuyos diputados votaron por unanimidad la reforma a la Constitución del Estado y las modificaciones a las leyes secundarias.
La sociedad tiene que ser vigilante que los partidos políticos respeten los criterios de idoneidad al momento de asignar las candidaturas. «Desgraciadamente, tenemos una clase política poco respetuosa y, creo, conviene la vigilancia de que está ley se aplique», comentó.
Y a los partidos políticos les advirtió: «Nosotros esperamos que los consensos obtenidos en la reforma se mantengan en el periodo de aplicación y que los partidos sean los primeros en decirles a sus militantes que si tienen algún supuesto de denuncia, algún adeudo de pensión alimenticia que lo resuelvan, pues de otra manera no podrán tener ningún cargo».
Finalmente, destacó el trabajo realizado por la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY), que coordina María Eugenia Núñez Zapata, por el trabajo de socializar la iniciativa y entregarla al Poder Legislativo de Yucatán.
