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Matrimonio igualitario: rechazo indefendible
Antonio Salgado Borge (*)
Publicado en Diario de Yucatán
El Congreso de Yucatán tendrá que deliberar pronto si el matrimonio igualitario será una realidad en el estado. Esta discusión está pendiente desde al menos 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en México es inconstitucional. La implicación de esta determinación es que los congresos estatales, aunque no pueden ser materialmente obligados por la corte a hacerlo, tienen la responsabilidad de adaptar las legislaciones locales para garantizar el acceso a este derecho.
Este artículo estará dedicado a revisar el estado de cosas que puede haber llevado al Congreso de Yucatán a posponer esta discusión y a minimizar la importancia de los derechos de parte de la población del estado. Esta responsabilidad es compartida por dos legislaturas o grupos de representantes distintos: el que ocupó curules de 2015 a 2018 y el que nos representa a partir de 2018. Sin embargo, la hipótesis inicial es que los motivos de la inacción en ambos casos son muy parecidos.
Empecemos describiendo el contexto. Como ya ha sido mencionado, la SCJN ha sido contundente en su reconocimiento al matrimonio igualitario como un derecho humano. Las palabras del ministro Arturo Zaldívar explican contundentemente esta decisión: “En todos los casos hemos concluido que las citadas restricciones son violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a no ser discriminados, protegidos por el artículo 1o. de la Constitución general, pues están basadas en concepciones excluyentes de la familia, contrarias al artículo 4o. de la Constitución, en prejuicios sobre la incapacidad de las parejas homosexuales de establecer relaciones estables al igual que las parejas heterosexuales o de criar hijos en un ambiente sano” (https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4536/14.pdf).
A ello tenemos que sumar que en 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expidió una recomendación a los poderes ejecutivos y órganos legislativos de todos los estados —incluido Yucatán— para que modifiquen sus ordenamientos con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación (CNDH, 2018). Además, en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que la Convención Americana de Derechos Humanos determina que los Estados que la conforman reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo (“El Universal”, 05/10/2018). Finalmente, las medidas a favor del matrimonio igualitario en México han sido celebradas por la oficina del alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU.
Los distintos pronunciamientos de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo se dan en un contexto global donde el matrimonio igualitario es reconocido en países como Noruega, Dinamarca, Suiza, Inglaterra, Escocia, Francia, Canadá, Holanda, Bélgica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Islandia, España o Portugal. En los países que más respetan y protegen los derechos humanos, la idea de no reconocer el matrimonio igualitario y los derechos de las personas LGBTI es aberrante o inconcebible.
Dado lo anterior uno esperaría que las personas que nos representan en el Congreso del Estado no dudarían en reconocer de inmediato los derechos de las personas que representan. Pero este no ha sido el caso. ¿Qué puede estar deteniendo a nuestras legisladoras y legisladores? Una posibilidad es, desde luego, que sus acciones sean producto de la ignorancia. En este escenario, las personas que nos representan en el Congreso consideran que entienden más de derechos humanos que las organizaciones mencionadas, o que los países que van a la vanguardia en materia de derechos humanos —como Dinamarca o Suiza— se han equivocado. Para ver hasta dónde puede llegar el despropósito, haríamos bien en considerar como un exponente representativo en este sentido las razones para no aprobar el matrimonio igualitario que Rosa Adriana Díaz Lizama, actual coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso, expresó a un medio local recientemente.
(1) la primera razón de Díaz Lizama es que 99% de las personas con las que la legisladora ha “hablado” se oponen a reconocer este derecho. Sin embargo, un argumento de este tipo es una instancia de una mentira en al menos dos sentidos fundamentales. El primero de estos sentidos es que su comentario implica que el reconocimiento de un derecho humano se deriva de su popularidad o de su índice aprobación. Pero ello revela un conocimiento prácticamente nulo de la naturaleza de los derechos humanos; los derechos humanos son, por definición, derechos que corresponden inalienablemente a cualquier persona y que se derivan del hecho mismo de la condición humana. Es decir, para que algo sea un derecho humano no es un requisito la popularidad.
(2) El segundo sentido en que un argumento como el expresado por Rosa Adriana exhibe ignorancia es porque no considera o no reconoce la forma en que el reconocimiento de los derechos humanos ha evolucionado a través del tiempo. Para ilustrar: si lo implicado por la señora Díaz Lizama fuera cierto, los matrimonios interraciales probablemente nunca se hubieran permitido y las mujeres seguirían sin sus derechos políticos reconocidos. Si algo nos muestra la historia de las luchas proderechos es que la defensa de los derechos humanos suele implicar remar contracorriente en escenarios donde el reconocimiento antecede a la aprobación y no viceversa.
(3) Finalmente, posiciones como la de Rosa Adriana también revelan ignorancia al postular que un obstáculo para reconocer al matrimonio igualitario como un derecho humano es que éste puede dañar los derechos de terceros. Por ejemplo, probablemente algunos hombres a mediados del siglo XX consideraban que sus derechos eran dañados por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Lo mismo puede decirse de algunos individuos blancos en el sur de Estados Unidos, para quienes compartir con ciudadanos afroamericanos los mismos restaurantes o autobuses podría parecer una violación a su derecho a “no ser molestado”.
Pero declaraciones de esta naturaleza también implican una mentira —sea intencionalmente construida o no—. Por ejemplo, afirmar, como lo hizo Rosa Adriana Díaz, que del supuesto de que 99% de la gente con la que ha interactuado en Yucatán se opone al matrimonio igualitario se puede derivar que un 99% de la población en el estado se opone al matrimonio igualitario es una falacia catedralicia. En realidad, 56% de los habitantes de México se oponen al matrimonio igualitario y 61% de los menores de 30 años apoya este derecho —según una encuesta del prestigiado Alejandro Moreno para “El Financiero”—. Lo más probable es el rechazo al matrimonio igualitario en Yucatán ronde también el 50%. Subrayo nuevamente: lo importante aquí NO es que un porcentaje de aprobación legitime o no un derecho humano, sino lo que el uso de un argumento falaz o mañoso puede revelar de una legisladora o legislador.
Lo importante aquí es que ahora tenemos que elegir entre dos opciones: (a) La primera es que en su ignorancia la legisladora o legislador en cuestión sea sincera o sincero: es decir, que genuinamente crea lo que dice. (b) La segunda opción es que la persona que desde el congreso esgrime argumentos de este tipo esté buscando engañar intencionalmente a las personas a las que supuestamente representa. El dilema es que en cualquiera de estos casos la legisladora o legislador está claramente incapacitada o incapacitado para llevar al cabo sus funciones. En caso de que tomemos el segundo cuerno de este dilema —la posibilidad de una búsqueda intencional de engaño— la pregunta pendiente es, desde luego, qué puede llevar a las personas que nos representan a buscar mentir o confundir con el fin de bloquear el reconocimiento de un derecho cuya discusión es un tema agotado.
¿Por qué, voluntariamente o no, quienes nos representan podrían engañarnos? Esta pregunta admite al menos dos lecturas que de ninguna forma son excluyentes. La primera es que la legisladora o legislador genuinamente discriminen a las personas LGTBI y que, por ende, opten por mentir o hacer lo que sea necesario con tal de ver reconocidos sus derechos. La segunda es que las legisladoras o legisladores estén cooptados, patrocinados o respaldados políticamente por grupos antiderechos, a quienes deberían su lealtad. En cualquier caso, de nuevo nos topamos con que ambas opciones son inaceptables para cualquier persona que aspire a representarnos.
En este artículo hemos visto que los argumentos como el “índice de aprobación” o el “choque de derechos” ignoran la naturaleza de los derechos humanos y el sentido de su evolución a través del tiempo. También hemos revisado la posición de organizaciones expertas y de países que son referente en materia de derechos humanos. La conclusión es que la totalidad de las diputadas y los diputados que integran el Congreso de Yucatán no tiene forma presentable de defender su rechazo al matrimonio igualitario o la posibilidad de postergar su aprobación en el estado.
Dado que el recambio generacional garantiza que el reconocimiento del matrimonio igualitario en Yucatán es cuestión de tiempo, la duda no es si este derecho será reconocido, sino cuándo. En este sentido, las personas que integran actualmente el Congreso de Yucatán decidirán próximamente de qué lado de la historia se colocarán. Y es que el resultado de negar este derecho es uno y el mismo: perpetuar la discriminación y, por ende, asumir la responsabilidad moral, política y legal que de ella se deriva. Vale la pena seguir el sentido de su voto.— Edimburgo, Reino Unido
asalgadoborge@gmail.com
Antonio Salgado Borge
@asalgadoborge
Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)
Publicado en Diario de Yucatán