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•“Esto se trata de derechos, no de partidos, no de colores. Se trata del derecho de la mujer sobre su cuerpo”, aseguró la doctora Ligia Vera
Mérida, Yucatán, a 28 de septiembre de 2024.– La activista y académica Ligia Vera Gamboa opinó que Yucatán vive un momento coyuntural para la despenalización del aborto en la entidad, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que el Congreso del Estado realice modificaciones al Código Penal para que se deje de criminalizar a las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir el embarazo.
Entrevistada en el marco del Día de la Acción Global por el Aborto Seguro, la doctora mencionó que los diputados y las diputadas están obligados a cumplir con ese ordenamiento, pues de no hacerlo caerían en desacato, por lo que, advirtió, recurrirán a los recursos legales correspondientes para que sea una realidad.
“Esto se trata de derechos, no de partidos, no de colores. Se trata del derecho de la mujer sobre su cuerpo, pero que además el Estado es el que tiene que garantizar los accesos a servicios de salud de calidad, para que las mujeres no sigan perdiendo la vida por causa de la interrupción del embarazo”, afirmó.
A los asambleístas que dicen defender la vida, Ligia Vera señaló: “Lamento decirle a las y a los legisladores que no están de acuerdo o que dicen que defienden la vida, que no se van a ir sin legislar por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.
El aborto tiene que mirarse como un derecho humano y que nadie puede juzgar a quienes interrumpen su embarazo a partir de sus propios esquemas de privilegios, consideró.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de sus programas de planificación familiar está evitar los embarazos forzados, los embarazos no planeados, y cuando una mujer viva esta circunstancia y quiera interrumpirlo, no lo haga en condiciones precarias, que arriesguen su vida para no elevar las tasas de mortalidad materna, explicó.
En el Estado existe un subregistro de abortos, pues muchas mujeres que buscan interrumpir su embarazo son expuestas, porque son estigmatizadas, criminalizadas y revictimizadas en los servicios de salud. Incluso, mienten para tener acceso a un aborto, sin que vivan sea vulneradas en sus derechos, comentó.
A nivel nacional, aseveró, existe un programa de aborto seguro que deben aplicar las 32 entidades federativas, pero desafortunadamente, en la práctica no se lleva al cabo.
“Esto evitaría que las mujeres estén muriendo. Porque desafortunadamente, mujeres de cierto nivel socioeconómico viajan al extranjero y ahí lo realizan. Pero aquella que desafortunadamente no tiene recurso económico, está sola, la dejó la pareja con un número de hijos y tiene un embarazo más, entonces ella es la que tiene que recurrir a estrategias que pueden poner en riesgo su vida”, expuso.
“Por eso es la importancia de este programa. Y ya no queremos que las mujeres indígenas, las mujeres del interior del estado se les siga criminalizando, solo porque presentaron un aborto, sin darles el derecho a explicar cómo se dio, sin que se les haga justicia sexual y reproductiva, sin que haya intérpretes mayahablantes, y las priven de la libertad”, señaló.
