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Angélica de la Peña
Fuente: El Sol de México
No es buena idea presentar una iniciativa de ley en materia penal desde las buenas intenciones. Tampoco inscribir temas que no tienen nada que ver con el objeto de una ley que pretende castigar a quienes asesinan a las mujeres por serlo.
Incluir conceptos subjetivos como la identidad de género, la expresión de género o establecer que se entenderá por mujer a toda persona que se identifique como mujer solo lleva a una discusión que no tiene nada que ver con el feminicidio. Quien asesora a la Presidenta mete una discusión que replicará lo que ya sucede en otros países. Lo mismo acontece con señalar la prostitución como trabajo sexual, cuando en realidad es trata con fines de explotación sexual.
Estas características se presentan en la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, enviada al Senado por la presidenta Sheinbaum.
La iniciativa deja su implementación a una comisión especial cuyo objetivo es “verificar y promover que en las entidades federativas existan los elementos institucionales, normativos y estructurales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida”, y que formaría parte del sistema en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sistema que no funciona como se debe. Es decir, toda la operación de esta iniciativa la inscriben en una Secretaría que no se rige por una ley específica y que todavía no tiene secretaria al frente.
Esta Secretaría de las Mujeres debe dedicarse a diseñar y aplicar la política de prevención, atención y erradicación del feminicidio y dejar a las fiscalías, que son autónomas, hacer lo suyo.
Sería más acertado convocar, en conferencia, a los 32 congresos locales y al Congreso de la Unión para acordar la homologación de un solo tipo penal de feminicidio, así como los mismos fundamentos de la investigación judicial, el diseño de protocolos, los criterios de protección a las víctimas sobrevivientes, las sanciones, etcétera. Sobre todo porque este delito se perpetra abrumadoramente como delito del fuero común. Corresponde a los estados perseguirlo y sancionarlo.
La iniciativa está inscrita en el populismo punitivo, cuyo objetivo es hacer campaña electoral, porque, en realidad, elevar de 50 a 70 años la sanción penal y una mitad más cuando se trata de mujeres menores de edad o adultas mayores, discapacitadas, indígenas, afrodescendientes, migrantes, periodistas o defensoras de derechos humanos; cuando estén presentes sus hijas e hijos; el perpetrador sea funcionario; o se evidencie que la víctima fue mutilada o se usaron ácidos, y todo lo planteado en el artículo 17 de la iniciativa, prácticamente equivale a proponer prisión vitalicia.
La clave contra el feminicidio es la prevención, atención y erradicación de todas las modalidades y tipos de violencia contra las mujeres y niñas, porque las queremos vivas.
Muchos años nos ha llevado impulsar acciones para prevenir el feminicidio, crimen que se perpetra en contra de ellas precisamente por ser mujeres. Su condición de discriminación se inscribe en usos y costumbres androcéntricas y misóginas: es estructural y sistémica. El feminicidio conlleva una omisión desde el Estado que ha permitido y fomentado esa inferioridad, vulnerabilidad y discriminación.
Se convoca a un solo día de discusión pública; ojalá no sea pura simulación y, en verdad, se escuche a las ONG de mujeres con sus pertinentes observaciones.