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Responden a las acusaciones por caso inmobiliario
El empresario Carlos García Ponce no es el verdadero propietario del tablaje catastral 1014 del Puerto de Abrigo de Yucalpetén, como él se ha encargado de decir, porque el documento que exhibe para probarlo no tiene validez legal, asegura Hernán Conde Narváez, abogado de Manuel Enrique Aguilar Herrera, quien se ostenta como el dueño del terreno.
Ese documento no es válido, aunque una notaría suplente de Yucatán intervino para afirmar lo contrario, añade.
Pero independientemente de eso, un Tribunal Colegiado “falló a mi favor y este asunto ya es cosa juzgada”, explica Conde Narváez. No hay nada más que hacer, incluso el 18 de mayo pasado este mismo tribunal exhortó a las autoridades judiciales “para que me dieran posesión del predio”.
Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, entrevistó al abogado Conde Narváez a petición suya porque, dijo, “tengo derecho a responder a las acusaciones que García Ponce y sus abogados han hecho en mi contra”.
El Diario publicó que Conde Narváez, el notario Luis Silveira Cuevas, el propio Aguilar Herrera y otras personas han sido señalados como presuntos miembros de lo que se ha llamado la “mafia inmobiliaria”, responsable de apoderarse de terrenos y casas mediante la falsificación o alteración de documentos oficiales.
Entre estos terrenos, según lo publicado, estaría el predio de Yucalpetén valuado, según García Ponce, en 60 millones de pesos.
“No es posible que los medios le den una falsa imagen a la sociedad, tanto del licenciado Silveria como mía y que nos tengan como miembros de una mafia inmobiliaria”, responde Conde Narváez. “Tenemos familia, amigos y vivimos en un Estado de derecho, no se vale.
“Yo tengo 43 años como abogado y nunca he asesorado a mafias, ni soy miembro de una cuadrilla de personas que se adjudican predios o roban a la comunidad. Tanto yo como el licenciado Silveira ocupamos un lugar en la sociedad y somos respetuosos de la misma”.
Acusación
“Pero aún, sacan en el periódico que estoy manejando un grupo de abogados de la mafia, lo que evidentemente es falso y también mencionan al notario Silveira, cuando él sólo ha cumplido lo que marca la ley. Si yo le llevo documentos para que certifique, tiene la obligación de hacerlo, para eso está, pero ahora lo acusan de falsificación de documentos, de que es un mentecato y que tiene veinte mil denuncias. ¿Dónde están las denuncias? Yo me metí a averiguar y no hay nada, pero, no obstante, lo señalan como abogado de la mafia. Ahora, que si él tiene otros problemas, no lo sé”.
García Ponce y sus abogados, añade, se han encargado de engañar a las autoridades, a los medios de comunicación y a la opinión pública, “y ya sé que luego de esta aclaración muchos dirán que el periódico y sus periodistas recibieron mucho dinero de mi parte” para que se publique.
En la entrevista, Conde Narváez sustenta su declaración de que García Ponce no es dueño del terreno de Yucalpetén, con los siguientes elementos:
En primer lugar, dice, García Ponce nunca ha sido propietario del tablaje 1014. Ese terreno pertenecía originalmente a la empresa Embarcaciones Zena, S. A. de C. V., de donde el empresario era socio de Carlos Sauma Sauma.
La empresa contrajo un crédito con el Banco Nacional Pesquero y Portuario (Banpesca), que ya desapareció, dando el terreno de Yucalpetén como garantía hipotecaria, pero la compañía no pagó la totalidad del préstamo.
A principios de los ochenta ese banco entró en liquidación, por lo que García Ponce, dice el abogado Conde, ofreció pagar el saldo del crédito al banco, a través de su empresa Promotora Incomba, S. A. de C. V., “aunque no hay una sola prueba de que lo haya hecho”, dice. A cambio, el banco le otorgó una cesión de derechos al empresario, de la que emana un procedimiento mercantil de embargo, a través de Incomba, que ésta inició en 1993 en el Juzgado Vigésimo de lo Civil, de Ciudad de México.
Como hemos publicado, el 9 de mayo de 2013, veinte años después, ese juzgado falló a favor de Incomba y le adjudicó en remate el predio de Yucalpetén. El juzgado pidió al notario 54 de Ciudad de México, Homero Díaz Rodríguez, preparar un proyecto de acta de adjudicación. Éste redactó la escritura número 145,370, con fecha del 18 de marzo de 2014.
Amparo
Sin embargo, el 25 de noviembre de 2015, como también ya publicamos, Aguilar Herrera, representado por Conde Narváez promovió el amparo 1385/2015 ante el Juzgado V de Distrito, alegando que esa adjudicación era ilegal, porque él había comprado ese predio 33 años antes, en 1982, mediante un contrato privado de compraventa, de cuyas firmas dio fe un notario y que luego protocolizó el notario Silveira Cuevas en 2016.
Ante esto, el juez Vigésimo de lo Civil suspendió el proceso de adjudicación, hasta conocer el resultado de la demanda de amparo.
Aunque el Juez V de Distrito falló contra Conde Narváez y su cliente, éste se inconformó y el asunto se agendó en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa. El 24 de agosto de 2017, “los magistrados de ese tribunal, por unanimidad le dan la razón a Aguilar Herrera y en su resolución”, explica Conde Narváez, “se reconoce la total propiedad a favor de Aguilar y la insubsistencia total al juicio mercantil que había promovido Incomba en 1993. Asimismo, ordena al juez, que ya había aprobado la adjudicación del terreno a favor de esa empresa, que suspenda el procedimiento y ordena al Insejupy la cancelación del embargo sobre ese predio.
“Luego de esta sentencia se vino abajo todo el caso de García Ponce, pero este no se resignó”, afirma el licenciado Conde.
Sus abogados acudieron a la licenciada María José Bolio Andrade, notario público suplente de la notaría pública 94, por licencia concedida a su titular Jorge Luis Esquivel Millet, para que valide el proyecto de acta que había redactado el notario Díaz Rodríguez, pero que nunca se firmó, por el amparo a favor de Aguilar Herrera.
Cotejo
En un acta la licenciada Bolio Andrade atribuye la propiedad del terreno de Yucalpetén a Incomba, luego de que supuestamente cotejó el acta de adjudicación original, resguardada en el Juzgado Vigésimo de Ciudad de México, explica Conde Narváez, no obstante que esa escritura original carece de la firma del notario Díaz Rodríguez, porque era sólo un proyecto.
Para tratar de confundir a las autoridades, indica el abogado, la notaria suplente puso en su acta, inmediatamente abajo de donde debe ir la firma del notario capitalino, un sello de su notaría donde hace constar que cotejó la escritura 145,370, de fecha 13 de marzo de 2014, “que encontré idéntica”, con su original y que lo anotó en el libro primero del Registro de Cotejos y Certificaciones, aunque no pone el número, ni su firma. Lo fecha el 17 de diciembre de 2017.
Enseguida, después de ese sello, pone otro, que dice lo mismo, pero ahora sí le asigna número, el 430 del mismo libro y esta vez sí lo firma con fecha del 12 de enero de 2018.
Según Hernán Conde Narváez, para tratar de engañar a las autoridades, la licenciada Bolio Andrade “le pone un montón de sellos al documento, todos de su notaría”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA
Fuente: Diario de Yucatán
